La jueza María Helena Mainard dispuso el desarchivo del caso Gas Sayago, en respuesta a la solicitud del abogado representante de Ancap, Gustavo Bordes, según supo El País al acceder a la resolución.

El expediente se inició por denuncias de UTE y Ancap por supuestas irregularidades en la gestión y había sido archivado por la Justicia el pasado mes de junio.

En su solicitud de desarchivo, Bordes señaló que “la prueba por exhortos” pedida a Fiscalía General de la Nación “no se diligenció de la forma solicitada”. En ese sentido, Fiscalía “solicitará nuevas declaraciones” en el marco de la ampliación de la investigación, con el fin de “constatar la eventual injerencia de autoridades del gobierno brasileño en el uruguayo” en la contratación de la constructora brasileña OAS como encargada de la realización de parte de las obras de Gas Sayago.

La Fiscalía entiende que existen “hechos que, siendo anteriores, no eran conocidos, y que tienen relación con la cuestión que se investiga” por lo que se pidió el desarchivo de la causa.

En la solicitud, se señala que cuando la causa se archivó se hizo “sin perjuicio de eventuales remisiones ulteriores de información por parte de las autoridades de la República de Brasil”.

El 18 de noviembre de 2013, el Poder Ejecutivo otorgó a Gas Sayago -empresa que pertenecía a UTE (80%) y a Ancap (20%)- la concesión del gasoducto que conectaría la terminal de Puntas de Sayago con el Gasoducto Cruz del Sur, de Argentina. El plazo del acuerdo entre ambos países sería de 20 años después de que se concretara la obra. Debido a que Argentina perdió interés en el negocio, la iniciativa quedó inconclusa.

El 12 de diciembre de 2019, el directorio de UTE resolvió que se debían iniciar acciones para efectivizar el cierre y la liquidación de la planta regasificadora Gas Sayago. La decisión ocurrió cuatro años después de que se detuvieran las obras de uno de los proyectos más ambiciosos del entonces presidente de la República, José Mujica.

A mediados del 2021, la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, y el abogado penalista Jorge Barrera presentaron en el Juzgado Especializado de Crimen Organizado una denuncia penal para que se investigaran eventuales irregularidades en las inversiones y gastos de Gas Sayago. Poco después, el directorio de Ancap resolvió acompañar a UTE en la demanda judicial.