El acuerdo para descartar la implantación de nuevos peajes en las carreteras gestionadas por el Estado, avanzado ayer por La Vanguardia , ha provocado malestar en dos sectores empresariales que se sienten perjudicados: la construcción y las nuevas compañías de ferrocarril de alta velocidad que compiten con Renfe en el proceso de liberalización del transporte de viajeros. En sus líneas estratégicas contaban con que la puesta en marcha de un pago por uso de algunas autopistas y autovías podría convertirse en una nueva oportunidad de negocio que no querían desaprovechar. Pero el hecho de que el Gobierno haya conseguido modificar el compromiso golpea directamente sus planes de futuro.
Las constructoras venían siguiendo muy de cerca el plan de peajes que debería haberse implantado a partir del 2024. La patronal Seopan, que agrupa a compañías como Ferrovial, ACS, FCC, OHLA, Sacyr o Acciona, entre otras, defiende que el pago por uso es una “materia obligatoria” para el próximo Gobierno para intentar paliar el “déficit inversor” que, en su opinión, sufren las carreteras españolas. En este momento, y así seguirá siendo, la conservación de la amplia mayoría de las vías rápidas corre a cargo de los presupuestos generales, de forma que el sector veía los peajes como una solución para aumentar las licitaciones públicas de mantenimiento de vías.
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Las constructoras cifran el déficit de mantenimiento de carreteras acumulado en al menos 7.500 millones a finales del 2022. Fuentes empresariales lamentan la decisión de que el Gobierno no aborde de una forma ambiciosa el problema y remarcan que en la última década “las partidas de conservación y seguridad vial se han contraído un 76%”, lo que supone “un problema de seguridad, de ecología (una adecuada inversión permitiría minimizar el impacto de las emisiones contaminantes) y de movilidad (para crear nuevos carriles bus VAO o reservados)”. Reclaman al Gobierno que ahora, una vez retirado el plan de peajes, estudie fórmulas para incrementar las licitaciones para disponer de “una red de autopistas sostenible y propia del siglo XXI”.
Durante la última década
Los constructores cifran en 7.500 millones el déficit de mantenimiento de las carreteras
El segundo sector empresarial que se siente perjudicado por el acuerdo que permite al Gobierno no implantar peajes es el de las empresas especializadas en el transporte ferroviario de viajeros a través de la alta velocidad. Compañías como Ouigo e Iryo, de capital francés e italiano respectivamente, que compiten con Renfe, contemplaban en sus planes de negocio que el pago por uso de las autovías y autopistas podría desincentivar el transporte de personas por carretera y aumentar la afluencia al tren. Veían, por tanto, también una oportunidad de negocio que ahora no podrán desarrollar. En una situación similar se encuentra la británica Trainline, el comparador de billetes de tren.
Fuentes cercanas a estas empresas apuntan que no se esperaban la decisión de eliminar el plan de peajes. Ayer mismo elevaron su malestar al Ministerio de Transportes por lo que consideran una “penalización hacia la alta velocidad”, denuncian. Ouigo, incluso, llegó a calificar la gratuidad de las carreteras como una “ayuda encubierta” al transporte por parte de todos los españoles a través de los impuestos, según dijo la semana pasada su directora general, Hélène Valenzuela. Fuentes oficiales de Iryo, por su parte, afirman que "la compañía se disocia oficialmente de cualquier protesta conjunta en el sector" y aseguran estar analizando la situación, manteniendo su "disposición al dialogo constructivo con el Ministerio de Transportes".
Desde el Gobierno minimizan que los operadores privados de alta velocidad vayan a verse damnificados y les remiten a la segunda fase de la liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril. Recuerdan, además, que la iniciativa del Ministerio de Transportes para facilitar descuentos a jóvenes para sus desplazamiento ha beneficiado a estas compañías.
Quejas de las operadoras ferroviarias
Ouigo calificó la gratuidad de las carreteras como una “ayuda encubierta” con impuestos
Renfe tiene una visión diferente al de sus competidores privados. El plan estratégico de la operadora pública hasta 2028 no contempla ningún impacto en su negocio por la eliminación del plan de peajes de los compromisos pactados con Bruselas. La compañía presidida por Raül Blanco no prevé, por tanto, un escenario diferente al actual.
La Comisión Europea confirma oficialmente "avances" en la negociación
La Comisión Europea confirmó ayer oficialmente avances positivos en las negociaciones con España para cerrar la Adenda del Plan de Recuperación y suprimir en el documento final cualquier mención a la implantación de un modelo de peajes. La portavoz de Economía, Veerle Nuyts, la misma que el pasado mes de julio afirmó que el compromiso adquirido entre ambas partes contemplaba “un mecanismo de pago por el uso de las carreteras que comenzará en el 2024 en línea con el compromiso de quien contamina, paga”, afirmó este jueves que “se han logrado avances satisfactorios y que se están llevando a cabo conversaciones constructivas con las autoridades españolas con miras a finalizar nuestra evaluación lo antes posible”. “Y como hacemos con todos los Estados miembros, comunicaremos la conclusión de nuestra evaluación del plan revisado tan pronto como lleguemos a esa etapa”, añadió. El trabajo en Bruselas y el Gobierno en funciones, dijo Nuyts, sigue “en marcha”, y en esas conversaciones se incluye “la modificación” del compromiso que ha requerido España.
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