La ‘doctrina Armengol’ para usar todas las lenguas en el Congreso está avalada por los letrados

La ley que reforma el Reglamento del Congreso para permitir el uso en el Parlamento de todas las lenguas cooficiales fue refrendada este jueves por una amplia mayoría de 180 diputados de la Cámara, pero si la norma no hubiera salido adelante, la nueva presidenta de las Cortes, la socialista Francina Armengol, habría concedido hablar el martes que viene en la primera sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo en castellano, catalán, gallego y euskera. Y lo habría hecho sobre la base de su decisión política —planteada primero en una resolución de la Presidencia que luego acordó la Mesa del Congreso—, porque el Reglamento de la Cámara no lo prohíbe, porque esta nueva doctrina sobre la utilización de todas esas lenguas está dentro de sus prerrogativas y porque los letrados y servicios jurídicos de la Cámara avalaron su legalidad. Feijóo, sin embargo, insistió en denunciar que esa reforma exprés y sin el consenso de su partido “no es propia de un Parlamento democrático”.

Feijóo, el líder de la oposición que el martes presentará su candidatura para ser investido presidente del Gobierno sin opciones a que prospere, mantiene que la actuación de la Presidencia de las Cortes con esta reforma urgente de los usos lingüísticos de la Cámara no ha sido legal, ni homologable con ningún país democrático, porque Armengol impulsó que se aceptase, discutiese y entrase en vigor antes de su debate, aprobación formal y de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. En ese tono de gran malestar, el candidato popular no descartó el jueves llegar a recurrir esa norma al Tribunal Constitucional si su gabinete jurídico en el Congreso observa opciones de que pueda prosperar, aunque fuentes de ese partido en la Cámara concedieron escasas posibilidades de éxito.

Feijóo argumenta que en este caso de las lenguas cooficiales, la Mesa del Congreso —el órgano de gobierno de la Cámara que regula su funcionamiento y donde el PP está con cuatro miembros en minoría frente a la mayoría progresista— ha actuado precipitadamente, antes y al margen de los legisladores. Esa no es la opinión ni de la Presidencia, ni del PSOE y Sumar, ni tampoco del letrado mayor y secretario general del Congreso, que avala las actuaciones de ese órgano para que no se comentan ilegalidades.

Armengol ya avisó el 17 de agosto, cuando salió elegida presidenta con una amplia mayoría de diputados que es la que se busca ahora para revalidar la candidatura de Pedro Sánchez, que pretendía que desde el primer momento el castellano pudiera convivir en los debates del Congreso con los otros idiomas cooficiales en varias comunidades. Esa resolución personal y en clave de gesto político hacia las formaciones nacionalistas la llevó de viva voz el 13 de septiembre a la reunión de la Mesa, que lo acordó con cinco votos a favor y los cuatro del PP en contra. Aquel día, según consta en las actas de esa sesión, Armengol ya aludió, en consonancia con el informe del letrado mayor y secretario general, a lo que se denomina en acervo parlamentario como la doctrina Marín.

El expresidente socialista de las Cortes Manuel Marín, en 2005, y tras varios enfrentamientos dialécticos y disputas con el diputado republicano catalán Joan Tardá, tomó la iniciativa de permitir la alocución de algunas frases en otros idiomas distintos del castellano. Esa concesión duró apenas un mes y el propio Marín la revocó porque la consideró un error que podía dar paso a otras reivindicaciones. Su sucesor, José Bono, se acogió a esa rectificación con firmeza, como hicieron sus posteriores relevos. Pero el Reglamento del Congreso no prohíbe esa opción, que queda al criterio y ejercicio de flexibilidad de los presidentes en la dirección de los debates, según su artículo 32. A este precepto se ha acogido ahora Armengol para dictar su propia doctrina temporalmente mientras no entran en vigor todas las reformas que contiene la nueva ley, que van más allá que las intervenciones en el hemiciclo, porque también autorizará a registrar escritos en esas lenguas y hablarlas en todas las comisiones.

Feijóo también se quejó de que para facilitar los debates de estos días, la Presidencia hubiera dividido en una batería de minicontratos la compra de 450 pinganillos o la contratación de 12 traductores. Unos procedimientos que ya se usaron en el pasado, por ejemplo, para adquirir esos aparatos para traducir la intervención del presidente ucranio, Volodímir Zelenski. Es una fórmula similar a la que se usa en el Senado cuando requiere traductores, que son trabajadores autónomos, y que en el Congreso firma y avala la Secretaría General.