"Es pura improvisación": el Congreso se prepara para su primera sesión plurilingüe

Críticas en la oposición, defensa cerrada de la izquierda e incertidumbre en los servicios de la Cámara. El Congreso se lanza a su primera sesión plurilingüe con pocas certezas y muchas incógnitas. Con el rechazo del PP, la Mesa acordó el pasado miércoles que las lenguas cooficiales podrán utilizarse ya en el mismo pleno en que arranca la tramitación exprés de la reforma prevista, precisamente, para consolidar su uso en sede parlamentaria. El órgano de gobierno del Congreso soslayó las "dudas" de los letrados de la Cámara, que avisaron en un escrito de que aplicar correctamente el nuevo procedimiento en el corto plazo era "muy difícil", si no "imposible". Y esos recelos no han desaparecido con el paso de los días. "Es pura improvisación", sostienen fuentes jurídicas del Congreso.

La Mesa, presidida por la socialista Francina Armengol, afirmó no obstante que, pese a su carácter provisional, el sistema podrá ponerse en marcha este mismo martes con garantías. Por el momento, y para garantizar la traducción simultánea de las intervenciones de sus señorías, se utilizarán los pinganillos que adquirió la Cámara Baja para transmitir al castellano el discurso televisado del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en abril de 2022. Respecto a las contrataciones de traductores, todo apunta a que se optará por los denominados contratos menores, es decir, inferiores a 15.000 euros, pero desde la Mesa no confirman aún el tipo de convenio que regirá en la Cámara para ese servicio.

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A través de un comunicado, fuentes de la Presidencia de la Cámara se comprometieron a aportar más detalles técnicos sobre el proceso tras la Junta de Portavoces del pasado jueves, pero la promesa cayó en saco roto. Otra de las cuestiones, de la que apenas se tiene información, tiene que ver con el impacto económico de la iniciativa. Las fuentes consultadas de PSOE y Sumar evitan aclarar el coste de la medida, mientras el PP censura la falta de información a apenas 24 horas de que arranque el pleno. Denuncian que, en la práctica, supone poner en marcha un sistema pagado con dinero público sin conocer a cuánto ascenderá ese montante, y sin que ni siquiera esté aún aprobado formalmente en el Congreso.

Desde la Mesa, remarcan que la instauración del sistema tiene un carácter provisional y goza de cobertura jurídica gracias al acuerdo de la mayoría del órgano. A futuro, se consolidarán aspectos como la contratación o no de un cuerpo de traductores propio, y se llevarán a cabo posibles obras para consolidar las nuevas modificaciones tras el cambio en el reglamento. Insisten en que, por el momento, los sistemas de traducción serán "similares" a los que ya funcionan en el Senado.

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El PP, por su parte, explora ya todas las vías posibles para frenar lo que califican como una maniobra "ilegal" y un "atropello constitucional", sin descartar la vía judicial. Entienden los populares que, en esta tesitura, cabe recurso de inconstitucionalidad y citan el artículo 3 de la Carta Magna, que establece el castellano como lengua oficial del Estado, y el 23, que defiende los derechos de los diputados a participar en los asuntos públicos. Fuentes parlamentarias del PP ejemplifican que los derechos de sus señorías pueden verse vulnerados si, por ejemplo, hay un fallo técnico y hay diputados que no entiendan ciertas intervenciones. O que posibles errores por la "precipitación" de la iniciativa tengan impacto en la transcripción de los plenos.

Los populares denuncian además que, pese a las reiteradas peticiones en el órgano, la mayoría progresista de la Mesa haya denegado fundamentación jurídica del nuevo sistema que verá la luz este martes. Advierten las mismas fuentes de que la reforma requiere una revisión integral de los procedimientos de la Cámara que aún no se ha llevado a cabo, y aseguran, además, que los contratos puntuales que se ejecuten para salvaguardar los primeros plenos pueden contravenir la Ley de Contratos del Sector Público.

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El PP ha tomado nota para comenzar a preparar su armazón legal. Por lo pronto, el Grupo Popular presentó la semana pasada un escrito de reconsideración que, con toda probabilidad, será tumbado por la Mesa en una reunión previa al pleno de este martes. Se abren a presentar enmienda a la totalidad, y explorarán en los próximos días la vía de los tribunales. "Lo más grave es que ni esperen al debate, ni tan siquiera a la aprobación de la norma que lo va a regular. Esto en una democracia no es posible. ¿Para qué se reforma entonces el reglamento?", denunció Cuca Gamarra el pasado jueves.

En el plano político, desde la dirección de Génova denuncian que las "prisas" del PSOE no tienen más lectura que la de un "pago" del Gobierno en funciones a sus socios. Infieren las fuentes consultadas que la implantación de las lenguas cooficiales fue una de las exigencias que las fuerzas nacionalistas e independentistas pusieron encima de la mesa a cambio de sus votos para que fuese Francina Armengol quien presidiese la Mesa del Congreso. Y añaden, además, que con la aplicación del sistema, la izquierda busca "empañar" la sesión de investidura de Feijóo.