El Tribunal Supremo considera que la aprobación de una hipotética ley de amnistía para beneficiar al ex presidente fugado de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el resto de encausados o condenados por el procés catalán «abre un boquete irreparable en el Estado de Derecho».
El solemne acto apertura del Año Judicial que tuvo lugar este jueves en el Alto Tribunal estuvo marcado tanto por la anómala situación a la que se enfrenta el Poder Judicial -con un órgano de gobierno con el mandato caducado desde hace casi cinco años y la última instancia jurisdiccional del país «colapsada»- como por la idea de que pueda aprobarse una amnistía que deslegitime la actuación del Supremo frente al desafío independentista de 2017.
El hartazgo impregna la Carrera Judicial. El tercer poder del Estado se siente maltratado por el poder político. El bloqueo sin precedentes del Consejo General del Poder Judicial y la situación crítica en la que se encuentra el Tribunal Supremo han sumido a los jueces en una situación de desánimo generalizado.
Este sentimiento se percibía en los tradicionales corrillos que tuvieron lugar tras la ceremonia solemne que se celebró en el Salón de Plenos. En esas conversaciones distendidas uno de los temas más comentados fue precisamente la ley exigida por el prófugo Puigdemont para borrar los delitos del procés.
Distintas fuentes jurídicas y fiscales consultadas por EL MUNDO entienden que la amnistía tiene como fundamento anular «la injusticia de una condena» por lo que, de aprobarse esta ley, se estaría «legitimando el intento de secesión del 1-O». Las fuentes consultadas creen que se atentaría contra el principio de separación de poderes «ya que se estaría impidiendo a los jueces juzgar y hacer ejecutar lo juzgado» en todas aquellas causas relacionadas con el desafío independentista.
Asimismo, desde el Alto Tribunal se considera que la aprobación de una ley de amnistía diseñada ad hoc para Puigdemont y los ex miembros de su Gobierno supondría la «vulneración del principio de igualdad entre todos los españoles», recogido en el artículo 14 de la Constitución. «Las amnistías se aplican cuando hay un tránsito de un sistema dictatorial a uno democrático». «Es normalmente un borrado u olvido de los crímenes con intencionalidad política cometidos en regímenes autoritarios», puntualizan fuentes fiscales.
"Aberración"
Sin embargo, hay quien va más allá y tacha la posible amnistía de «aberración» y «ley de impunidad». Estas fuentes agregan que se trata de una «bofetada» al Tribunal Supremo que ya vio cómo se despenalizaron los hechos enjuiciados por el 1-O con la derogación del delito de sedición. «Es tanto como reconocer que la actuación del Estado fue injusta», añaden.
Por otro lado, voces autorizadas dentro del Alto Tribunal alertan de que, una vez avalada la constitucionalidad de la ley, «los siguientes en ser amnistiados serán los etarras».
No obstante, el debate jurídico en torno a la constitucionalidad de la medida está servido. Quienes defienden que una amnistía puede tener encaje en nuestra Constitución se aferran al hecho de que, mientras en la Carta Magna se prohíben de forma expresa los indultos generales, nada se dice sobre la medida concreta de la amnistía. Además, apelan a que dependerá de cómo el PSOE y Sumar articulen el texto legal. En contra, pesa el argumento de que si la Constitución prohíbe de forma expresa «lo menos», es decir, los indultos generales, también «prohíbe lo más», en este caso, la amnistía. «No existe justificación ni política ni jurídica para aplicar la amnistía a quienes agredieron al orden constitucional», insisten.
De aprobarse la ley que exige Puigdemont, y que todo apunta a que Pedro Sánchez está dispuesto a conceder, el Tribunal Supremo tendrá que ejecutarla. Si existieran dudas sobre la constitucionalidad de la medida una vez analizado el texto, se podría promover una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. En la actualidad, el juez Pablo Llarena mantiene sin activar la euroorden contra el ex presidente catalán a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre la medida cautelar que va a presentar próximamente Puigdemont contra la decisión de retirarle la inmunidad.
La última palabra la tendrá el TC, intérprete supremo de la Carta Magna. Dentro de esta institución se ha instaurado el silencio ya que los magistrados son conscientes de la «complejidad» de la hipotética medida. No en vano, hay unanimidad entre las fuentes consultadas en la Fiscalía, el TS y el TC sobre la dificultad que entraña redactar una ley de amnistía que borre el procés.