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El pasado jueves 24 de agosto, Ancap publicó una circular en la que notificó a los interesados en la asociación en el negocio del pórtland y la cal, acerca de una modificación en el pliego de condiciones, a través de la cual redujo a la mitad la inversión mínima que el privado debe hacer.

Esto provocó el rechazo de los senadores del Frente Amplio, quienes ayer publicaron una declaración en la que consideraron “sumamente inconveniente” modificar “exigencias sustantivas del llamado” a menos de 20 días de la fecha fijada para la apertura de ofertas.

La modificación del pliego surge a partir del planteo de una de las empresas interesadas, que cuestionó los montos de aporte mínimos que Ancap exige para mantener el negocio más el capital de trabajo.

Los montos establecidos por Ancap para la fase uno oscilan entre US$ 9 millones y US$ 25 millones (según la opción del paquete de asociación que elija el privado), y contempla “estimaciones de capital de trabajo necesario” (compra de insumos, pago de servicios, mano de obra, etc.).

Mientras que los montos establecidos para la fase dos, oscilan entre US$ 7 millones y US$ 16 millones (según la asociación que se elija), y corresponde a “inversiones mandatorias en seguridad, ambiente y continuidad operativa que Ancap viene realizando desde años anteriores”.

Sin embargo, una de las empresas interesadas planteó la falta de acuerdo con los valores exigidos, “sin explicaciones de Ancap sobre la necesidad de los mismos”. Asimismo, el privado indicó que “la obligación de detallar estas necesidades deberá provenir de Ancap, por escrito o en reunión, que actualmente administra el negocio de cemento y cal” y que si el oferente “no reconoce la necesidad, debería poder cambiar los valores indicados y no sufrir la descalificación de su oferta”.

Ante este planteo, Ancap emitió la circular N° 13 -publicada en la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE)-, en la que señaló que debido al planteo hecho por la empresa privada sobre el aporte de capital exigido, Ancap agregó una nueva opción “a fin de que los oferentes cuenten con alternativas para la elaboración del plan de negocio”.

Por eso, para las integraciones de capital en la etapa uno, la estatal agregó la opción de poder capitalizar, en el año cero, por el 50% de los montos establecidos inicialmente, es decir redujo a la mitad el aporte de capital requerido y un compromiso de capitalización por el restante 50% “a los efectos de cubrir necesidades operativas de fondos de la sociedad que puedan surgir en los siguientes años”.

De acuerdo con la estatal, ese compromiso “debe ser respaldado con la emisión de un aval bancario o seguro de caución a favor de Ancap y permanecer vigente por un plazo de tres años”.

La modificación en el pliego causó el rechazo del sindicato de Ancap y de la bancada de senadores frenteamplistas, quienes además señalaron que también se cambian “las condiciones con relación a la obligación de la futura sociedad” en cuanto “a la adquisición de piedra, también flexibilizando las exigencias”.

Según el comunicado del Frente Amplio, “los cambios realizados en el pliego del llamado, disminuyen en forma notoria las exigencias, abriendo la posibilidad a que empresas con menos disponibilidad de recursos, y por ende con menos solvencia financiera, puedan presentar ofertas”. En esta línea, remarcaron que estos cambios hacen “aún más riesgosa una operación en la que el Estado pondrá en manos de una empresa privada un patrimonio de cientos de millones de dólares”.