A pesar de que el nivel de ocupación está en máximos históricos (21,05 millones de trabajadores) y el número de parados ha bajado hasta los 2,7 millones a cierre del segundo trimestre, ese buen comportamiento del mercado laboral no ha evitado que se produzca un incremento del número de despidos colectivos en el país y de la cantidad de trabajadores afectados.
Según la Estadística de Regulación de Empleo publicada este miércoles por el Ministerio de Trabajo, en junio fueron a la calle 2.491 personas dentro de un proceso de despido colectivo, con lo que en el conjunto de toda la primera mitad del año el número de despidos por esta causa ascendió a 18.076, un 35,4% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando perdieron su empleo por este motivo 13.349 personas.
La industria y el comercio fueron los sectores en los que se produjeron más salidas, debido a la caída de la demanda internacional en la primera -la debilidad económica de algunos socios comerciales hundió los pedidos- y por la ralentización del consumo en el segundo. En concreto, los despidos colectivos que se produjeron en la automoción provocaron 1.545 salidas en el primer semestre; el comercio al por mayor expulsó del empleo a 1.445 trabajadores; las actividades de programación y consultoría prescindieron de 984 personas mediante este tipo de mecanismo de ajuste; las actividades de oficina y auxiliares prescindieron de 855; y el comercio al por menor activó despidos colectivos que cesaron a 770 personas, entre otros.
Cataluña y la Comunidad de Madrid acumularon la mayor parte de despedidos (4.470 y 3.800, respectivamente), seguidas de la Comunidad Valenciana (con 2.566 salidas), Andalucía (1.397) y País Vasco (840).
Los trabajadores que han perdido su puesto en la primera mitad del año por despidos colectivos no son los únicos expulsados del mercado laboral, ya que también se han producido otros procesos de regulación, como suspensiones de contrato y reducciones de jornada. En total, el número de afectados por todos estos procesos asciende a 95.552 a cierre de junio, a los que se suman los que hayan abandonado su empleo por un despido individual.
Las empresas de tamaño medio -de 50 a 249 trabajadores- y grande -de 240 a 500- son las que más han activado este tipo de procedimientos, ya que en compañías más pequeñas es más habitual proceder a hacer despidos individuales, mientras que las grandes empresas han capeado la ola inflacionista con más solvencia y han podido preservar mejor su empleo.
En cuanto a las razones, la mitad de los despidos son justificados por la empresa por las pérdidas económicas en las que han incurrido o por la disminución del nivel de ingresos o ventas, aunque también se han producido -sobre todo en el sector industrial- muchas reestructuración por causas deproducción: si la compañía necesita fabricar menos porque no tiene demanda, no necesita tampoco contar con tantos trabajadores.
Cambio normativo
La regulación de los despidos colectivos ha sido modificada este verano, vía real decreto-ley el pasado 11 de julio. La nueva normativa estipula que las empresas que planeen cerrar uno o varios centros de trabajo tienen la obligación, si eso implica el despido de 50 o más trabajadores, de notificarlo a la Dirección General de Trabajo -que depende del Ministerio de Yolanda Díaz- y a los sindicatos más representativos de la empresa con seis meses de antelación.
Hasta la fecha, cuando tomaban esta decisión, las compañías se lo notifican simultáneamente a los trabajadores y a los sindicatos y, pasadas una o dos semanas, se abría un periodo de consultas que podía durar hasta 30 días. Al tener que avisar a la Dirección ahora con medio año de anticipación, los sindicatos disponen de mucho más tiempo para prepararse y se resta flexibilidad a las compañías, que deberán adelantarse muchos meses a sus posibles dificultades.
El Gobierno aprobó ese cambio de forma sutil, a pocos días de las elecciones y sin avisar previamente, algo de lo que se quejan expertos del sector. "Es una medida, si se permite decirlo, oculta, en el sentido de que a pesar de afectar a una institución central del Derecho del Trabajo, se ha hecho de manera disimulada, sin anuncios previos y dentro de una norma que, teóricamente, iba de otra cosa. Esta modificación se ha producido en una norma de rango inferior, un real decreto, que además tiene un contenido monográfico que nada tiene que ver con los despidos", señalan desde el departamento de Derecho Laboral de PwC Tax & Legal.
Apuntan también que, pudiendo haber incluido en la norma un periodo transitorio, el Gobierno ha decidido no hacerlo, con lo que todas las empresas están desde el mes pasado obligadas a cumplir con este marco. "Vamos, en realidad, hacia un nuevo modelo de despido, y la reforma del colectivo no es más que uno de los varios frentes abiertos sobre esta materia", advierten, en alusión a la 'indemnización a la carta' que podría salir adelante en función de la resolución que emita este otoño el Comité Europeo de Derechos Sociales ante la reclamación de los sindicatos.
"Es una situación compleja, con diversos niveles de debate jurídico y diferentes fuentes de regulación. Lo que parece claro es que el despido, una institución que no fue afectada por la reforma laboral de 2021, es un elemento cuya regulación dista mucho de ser aceptada generalmente y de disfrutar de una estabilidad normativa en España. Habrá que ver los cambios que se avecinan. Mientras tanto, bastante tenemos con aplicar este último, que como hemos visto va a ser de todo menos sencillo", lamentan.