La economía alemana, considerada la locomotora del crecimiento europeo, está parada. Entró en recesión tras el primer trimestre del año. Según las previsiones de crecimiento para 2023 del FMI, el PIB alemán se contraerá un 0,3%. Pero el Gobierno del canciller Olaf Scholz no quiere dar imagen de quietud.
Este miércoles, de hecho, Scholz y sus socios en el Ejecutivo escenificaban unidad en el Palacio de Meseberg, donde se reunían desde el martes para buscar salidas a la preocupante situación económica del país. Leyes para aligerar la actividad empresarial de impuestos y burocracia son, de momento, las iniciativas más llamativas que han presentado Scholz y compañía para medirse a la crisis, una situación que ha devuelto a Alemania la imagen de "enfermo de Europa". Según el FMI, Alemania, de seguir como hasta ahora, se convertiría este año en el único gran país industrializado que caería en recesión.
El tratamiento ideado en Meseberg por Scholz, su liberal ministro de Hacienda, Christian Lindner, y el responsable de Economía, el ecologista Robert Habeck, consiste, por un lado, en rebajar a partir de 2024 las recaudaciones de impuestos en 32.000 millones de euros para los próximos años. Así, se facilitarán, entre otras cosas, desgravaciones fiscales en inversiones destinadas a iniciativas destinadas a la "protección climática". Al año, las ayudas fiscales para las empresas alcanzarán unos 7.000 millones de euros, de acuerdo con las cuentas que se han hecho de la llamada "ley para las oportunidades de crecimiento" de Lindner con la que Scholz quiere reactivar la economía alemana.
Por otro lado, el Gobierno alemán también tiene idea de aligerar la burocracia como parte de su iniciativa contra la crisis. No en vano, se estima que las empresas germanas dedican uno de cada cinco días de su actividad a tareas burocráticas. Frente a esto quieren Scholz y compañía, no sólo eliminar burocracia del Estado alemán, también la que producen las reglamentaciones europeas. "Un 47% de la carga burocrática de las empresas germanas viene de implementar el derecho europeo", recordaba este miércoles en Meseberg el político liberal y ministro de Justicia Marco Buschmann. Alemania, según Buschmann, quiera ahora trabajar con Francia y las instituciones europeas para rebajar una burocracia que aquí se percibe como un freno económico.
Prescribiendo menos burocracia y menos impuestos, el Gobierno alemán quiere que el país gane lustre ante las empresas. Las firmas teutonas invierten ahora más que nunca en el extranjero que en el propio suelo alemán. En 2022, según cuentas del Instituto para la Economía Alemana (IW, por sus siglas alemanas), desde Alemania las empresas invirtieron en el extranjero 135,5 millones de euros. Sólo 10,5 millones de euros se dedicaron a inversiones en Alemania.
La incertidumbre generada por la ilegal invasión de Rusia a Ucrania y la crisis energética provocada por ese conflicto son factores que explican ese comportamiento de las firmas germanas. Las industrias de uso intensivo de energía llevan tiempo aquí haciendo sonar las alarmas por los altos costes de sus facturas energéticas. Una encuesta de la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria Alemanas (DIHK) daba cuenta a principio de este mes que una de cada cinco empresas estaba pensando en reducir la producción para abaratar costes. Desde el sector se avisa: hay decenas de miles de puestos de trabajo en peligro.
Por eso gana interés la idea que promueven especialmente políticos ecologistas como Habeck de poner en marcha un precio subvencionado de la energía para las industrias. Una solución así es algo que gusta en el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), la formación del canciller Scholz. Pero al canciller, aunque este miércoles se mostrara agradecido por el interés que despiertan los problemas energéticos del país, se le ve escéptico con esa iniciativa. Los liberales la rechazan. De ahí que ese precio subvencionado de la energía se quedara fuera de las medidas anti-crisis gestadas en el Palacio de Meseberg.