Redacción El País
En octubre, una vez aprobada la Rendición de Cuentas, el oficialismo se abocará en el Senado a promover la votación de un informe que dará cuenta de todas las irregularidades que, a su juicio, quedaron al descubierto en la comisión investigadora que indagó sobre la actuación de la Dirección General de Secretaría del Ministerio del Interior entre 2010 y 2017.

Dicha investigadora, formada a impulso del senador nacionalista Jorge Gandini, fue conformada tras las denuncias que señalaron a su colega frenteamplista Charles Carrera por haber utilizado su cargo al frente de la cartera durante la pasada administración para otorgarle ayuda y atención médica irregular en el Hospital Policial a Víctor Hernández, un civil que a fines de 2012 quedó parapléjico tras ser herido por una bala perdida en La Paloma. El proyectil, se dijo, salió de una casa vecina en la que se desarrollaba una fiesta con policías.

Pero las irregularidades que dice haber detectado en el oficialismo exceden ese caso. Los senadores recibieron este martes un informe de la Dirección Técnica del Hospital Policial que señala que cuatro civiles, todos vinculados a la pasada gestión del ministerio, recibieron allí una atención que, por su condición, no les correspondía. Interior procura ahora por la vía civil que paguen por la atención que recibieron, que en conjunto suponen en total $ 1.083.256.

En la lista, a la que accedió El País, figura en primer lugar la diputada frenteamplista Susana Pereyra -viuda del exministro Eduardo Bonomi-, a la que la cartera le reclama el pago de $ 242.672. Fue por 22 consultas en policlínica, dos en emergencia, cuatro días de internación en cuidados moderados y doce horas en cuidados intensivos. Pereyra -que según el oficialismo contaba en ese entonces con su mutualista privada- también se realizó en el Policial 19 estudios paraclínicos, tres extrahospitalarios y 41 de laboratorio. En ese período, retiró 41 medicamentos en la farmacia del hospital.

Pereyra registra atención en el hospital entre 2010 y 2017, mientras su marido ocupaba el cargo de ministro. Su situación fue descrita en abril de este año y ante la comisión por Horacio Vignoli, que dirigió el Hospital Policial entre 2017 y 2020. “Creímos conveniente hablar con la señora Pereyra porque, en realidad, a ella no le correspondía atenderse en el hospital”, señaló ante los legisladores. “Nos pareció que, si bien el ministro se atendía, era un despropósito que la señora se atendiera en el hospital”.

También se apunta a Lidia Alonso, la secretaria personal de Bonomi. En su caso, por $ 85 mil, por 12 consultas en policlínica, una en emergencia, dos estudios paraclínicos y diez días de internación.

Y en la lista, además, está incluido Julio Fernando Gil, exdirector de la Unidad de Comunicación (Unicom) del Ministerio del Interior durante la era Bonomi, que debería pagar $ 248.072. El detalle incluye 30 consultas en policlínica, dos en emergencia y dos días de internación en cuidados moderados. También se realizó 15 exámenes paraclínicos, tres extrahospitalarios y retiró 18 medicamentos. Gil recibió allí además un procedimiento en BQ, que supuso el principal costo de su tratamiento en el hospital: $ 110 mil.

Gil se desempeña hoy como asesor, en pase en comisión, en el despacho Carrera, que también figura en la lista entregada por Interior al Parlamento con un pequeño saldo por haber recibido atención en el Policial. Se trata de $ 8.686, producto de tres consultas en policlínica y dos retiros de medicamentos.

La lista se completa con Andrea Epifanio, exesposa del actual senador frenteamplista, que debería afrontar el mayor monto entre lo que se reclama: $ 506.895. En su caso, la cuenta corresponde también a atención que recibió entre 2010 y 2017. Se destacan consultas en emergencia, internación e intervención hospitalaria. También por cirugías, banco de prótesis y estudios extrahospitalatarios. El resumen de la exesposa de Carrera incluye además estudios de laboratorio, medicación y asistencia a domicilio.

En el caso de Epifanio, se detalla que de 42 consultas registradas, solo abonó cuatro. Y de 18 muestras de laboratorio efectuadas, solo pagó dos.

En diálogo con El País, Gandini sostuvo que estos nuevos datos en poder de la comisión confirman el “uso y abuso” del Policial por intervención directa de Carrera. También que fue una práctica del Movimiento de Participación Popular (MPP) debido a que otros jerarcas de ese tiempo -como el subsecretario Jorge Vázquez- que pudieron haber utilizado irregularmente el hospital en su beneficio, jamás recurrieron a esa práctica.

El informe aclara que, en todos estos casos, se trata de personas que, siendo civiles, utilizaron o les fue otorgado un grado policial para que pudieran ser atendidas en el hospital, sin corresponderles dicho grado y sin ser funcionarios policiales. En los casos de Pereyra y Epifanio, la comisión tiene documentado que muestran que les fue dado el grado de “oficial subayudante”. Todos ellos, además, están incluidos en la denuncia penal que Interior presentó el año y pasado y que hoy analiza la Fiscalía de Delitos Complejos.

La Comisión Investigadora está integrada solo por senadores del oficialismo. El Frente Amplio rechazó integrarla desde un inicio, alegando que esa asesora fue formada en un intento de “persecución política” contra Carrera. Ni el senador ni el resto de los involucrados aceptaron comparecer a las citaciones que en su momento les efectuó la comisión.

Hasta el momento el efecto político en torno a las irregularidades detectadas en la atención en el Hospital Policial impactó únicamente a nivel del actual oficialismo. Dos jerarcas de este gobierno tuvieron que renunciar por recurrir a ese centro cuando no les correspondía: se trata del sucesor de Carrera al frente de la dirección general del ministerio, Luis Calabria, y de quien fuera el titular de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González.