Así como la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo tuvo un tono “crudo”, fue “brutalmente sincera” y no “autocondescendiente”, expertos en prevención de estos delitos profundizaron en ese mismo nivel, sobre las amenazas y debilidades que tiene el sistema antilavado uruguayo, y dieron adelantos de la Estrategia Nacional, que se está comenzando a desarrollar.

Ayer se realizó un evento de World Compliance Association (WCA) Capítulo Uruguay, en donde se conversó sobre las flaquezas locales y los aspectos más importantes a trabajar, a la luz de la nueva ENR. Entre ellos, se destacó la necesidad de asignación de recursos para el fortalecimiento institucional, el problema de percepción de este delito en el sistema político que, por desestimar la participación de organizaciones criminales, se puede generar corrupción, y la necesidad de una modificación en la ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.

Si bien los expositores destacaron las fortalezas a nivel institucional y el buen nivel normativo -Uruguay es de “los mejores de la clase” en la región-, señalaron que no se cuenta con las capacidades institucionales para cumplir con la normativa.

Los expertos en prevención de lavado que participaron del conversatorio fueron el titular y el gerente del Área de Control y Fiscalización de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Jorge Chediak y Gustavo Misa, el consultor y extitular de la secretaría, Daniel Espinosa, y el socio de Brum Costa Abogados, Leonardo Costa.

Entre los puntos en los que se mostraron de acuerdo, estuvo el “estancamiento” que se ve en las vulnerabilidades, ya detectadas por la Estrategia Nacional de 2017. Asimismo, entre las dificultades que se destacaron, estuvieron la coordinación de acciones entre los organismos supervisores y las evaluaciones sectoriales que aún son parciales -estos puntos se encuentran dentro de la ENR publicada este año-.

En tanto, frente a las amenazas que acechan a Uruguay, como el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas, la corrupción, entre otros, se enfatizó en la baja percepción de riesgo que hay tanto en el sector privado como en el público.

No obstante, gran parte de la conversación recayó en el sistema político en general, que si bien ha mostrado que el combate al lavado “es una política de Estado”, según dijo Chediak, en la que tanto gobierno como oposición han apoyado avances en este sentido, la ENR destaca vulnerabilidades que provienen del propio sistema desde hace años.

En este sentido, Costa afirmó que se requiere un “rediseño institucional”, ya que es “un tema de Inteligencia de Estado”, debido a su complejidad e incidencia multisectorial.

A su vez, Espinosa señaló que, además de contar con pocos recursos los organismos supervisores, no se gestionan “bien” -por ejemplo, quienes integran actualmente la Senaclaft se encuentran bajo pases en comisión-. En la misma línea crítica, dijo que los avances normativos, se alcanzaron porque son “gratis”. No obstante, otro de los puntos que resaltó, fue la “señal malísima” que se dio desde el sistema político, al modificar quién preside la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que antes era dirigida por el prosecretario de Presidencia, mientras que ahora debe ser designado, lo cual representa que se “baja un escalón” a la importancia del tema. Esto, según Espinosa, es un “síntoma” de que no se está “dimensionando” el riesgo de este delito.

Asimismo, los expertos señalaron que el lavado no es solamente un delito de “cuello blanco”, sino que es un delito “de sangre”, ya que para obtener los fondos ilícitos hay muertes detrás.

“El lavado no es un delito más”, dijo Chediak, ya que las organizaciones criminales “están tapadas de sumas de dinero importantísimas”, que luego tienen que ver cómo invertir, por lo que contratan especialistas, logrando estructuras que hacen difícil su investigación.

Por esto, afirmó que se debe “luchar con la idea de que este no es un delito muy grande, de que básicamente lo importante es que los capitales vengan y es importante que se asienten en el Uruguay, que tengamos inversiones, que construyamos torres, que vendamos los apartamentos y si el 100% de esos fondos no son de origen lícito, si hay un porcentaje ilícito, es una dificultad menor o por lo menos no es tan grave”.

“No tenemos el nivel de alerta suficiente para saber que esos dineros ilícitos generan corrupción”, agregó.

Por su parte, Costa sostuvo que el sistema político tiene un problema de percepción de estos delitos de crimen organizado, lo que se evidencia en que “no se modifica la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos”.

En este sentido, cuestionó que, si se habilita que el 20% del financiamiento de las campañas electorales puedan ser aportes anónimos, no se puede demandar una correcta supervisión de las organizaciones sin fines de lucro, de las cuales los partidos políticos son parte. “Es engañarnos a nosotros mismos”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que en la llegada de inversiones, es “imposible” saber si solo hay un delito tributario por parte de una organización criminal. En tanto, destacó que no hay una percepción de que el lavado es trasnacional, ya que hubo “un montón de delitos de Odebrecht y Lava Jato, que cuando llegaron a Uruguay, se archivaron”.

“Si la organización criminal sabe que le voy a combatir el delito de cuello blanco, puede saber que le voy a combatir el delito de sangre”, afirmó.

Con la ENR aprobada, la Senaclaft ya trabaja en la Estrategia Nacional antilavado. Sobre esto, Misa adelantó algunos de los puntos en los que se están avanzando.

Entre ellos, señaló que se está trabajando en materia de corrupción, en donde va a haber “un capítulo entero” sobre el relacionamiento de la secretaría con la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), como también sobre corrupción privada -delito aún no tipificado en Uruguay.

Asimismo, señaló que se trabaja sobre las organizaciones sin fines de lucro, en particular sobre los partidos políticos y su financiamiento, así como también un análisis de riesgo en los sectores dentro de Zona Franca.

En tanto, al profundizar sobre el financiamiento de los partidos políticos, señaló que la mayor cantidad de ingresos que manejan son a través de sus agrupaciones, las cuales no cuentan con personería jurídica, y son quienes reciben las donaciones.

Estas donaciones, luego son volcadas al partido político y, la organización, “no registra más que el ingreso de la agrupación tal”.

De este modo, afirmó que luego de la campaña electoral, al momento de supervisar puede que la agrupación ya no exista y, al no contar con personería jurídica, no hay un responsable a quien sancionar.

Por otra parte, sostuvo que otros puntos a trabajar en la Estrategia Nacional son la capacitación de todos los sectores, particularmente los organismos públicos, la dotación de recursos y la estabilidad institucional, la mejora en la supervisión, los reportes de operaciones sospechosas -tanto en calidad como en cantidad- y la reglamentación del artículo 8 de la Ley Integral contra el Lavado de Activos, que establece que “todos los organismos públicos deberán contribuir a la prevención y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, adoptando políticas y procedimientos que permitan mitigar los riesgos inherentes a las actividades que se desarrollen en cada caso”.