Publicado: 23/08/2023 04:45
Actualizado: 23/08/2023 12:45
Alrededor de 324.000 personas con 65 años o más estaban trabajando en el segundo trimestre del año. Es la cifra más elevada de la serie histórica del Instituto Nacional de Estadística (INE), que arranca en 2002. De hecho, el crecimiento ha sido tan intenso en los últimos años que, tras el repunte del último trimestre (2,2%), ya hay el doble de ocupados en edad de jubilarse que en el mismo trimestre de 2016, tal y como refleja la Encuesta de Población Activa (EPA).
La edad ordinaria de retiro se fijó en los 65 años en el año 1919 y no se había modificado hasta 2011, cuando la reforma de pensiones acordada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero reguló su retraso gradual durante 15 años, hasta alcanzar los 67 años en 2027. Desde 2013 se han ido aumentado los años cotizados necesarios para jubilarse a los 65, así como la edad de jubilación en caso de no cumplir con esos años.
Así, en 2013 un trabajador se jubilaba a los 65 años si había cotizado 35 años y 3 meses. Si había cotizado menos, ese momento se retrasaba un mes. En 2016, ya se necesitaban 36 años cotizados para jubilarse a los 65 o había que esperar cuatro meses más. En 2023, el periodo de cotización va por los 37 años y 9 meses y la edad de jubilación en caso de no cumplirlo, por los 66 años y 4 meses.
Más allá de la prolongación de la vida laboral por voluntad propia, este podría ser el principal motivo del incremento de los trabajadores mayores de 65 años. También podría tener incidencia la jubilación demorada, que premia (especialmente desde 2022) a los trabajadores que podrían retirarse pero lo retrasan para cobrar incentivos. Asimismo, está la jubilación activa, que permite compatibilizar el cobro de un porcentaje de la pensión con un trabajo por cuenta propia o ajena.
El sistema público de pensiones
El objetivo de todas estas medidas es hacer el sistema público de pensiones sostenible ante el importante incremento que se espera con las jubilaciones futuras de los 'baby boomers', aquellos que nacieron entre 1957 y 1977. Se prevé que se alcancen los 15 millones de pensionistas en 2047.
A día de hoy estamos en niveles récord de mayores de 65 años activos, pero también de jubilados, lo que, junto a las últimas revalorizaciones de las pensiones con el IPC, ha llevado el gasto hasta su máximo histórico. La factura mensual rompió la barrera de los 12.000 millones por primera vez en julio.
De hecho, si se tiene en cuenta a toda la población mayor de 65 años, 9,48 millones de personas en 2022 según el padrón continuo del INE, la tasa de ocupación entre aquellos en edad de jubilarse se sitúa en apenas el 3,4%. En 2016, hace siete años, esta tasa era prácticamente de la mitad, del 1,8%.
El pasado julio el Círculo de Empresarios propuso a los futuros legisladores y gobernantes el retraso voluntario de la edad de jubilación a un tramo de entre los 68 y los 72 años, acompañado de un sistema de incentivos. "Si se jubila antes, habría una leve reducción de la pensión y si se jubila después, un incentivo", explicó en rueda de prensa el presidente de la organización, Manuel Pérez-Sala.
Fundación Adecco también destacó este martes que "vivimos en un invierno demográfico en el que urge potenciar el talento sénior como palanca de competitividad". Francisco Mesonero, director general de la Fundación, apuntó que "su aporte es clave para la sostenibilidad del país y es fundamental ofrecer palancas de formación y reciclaje profesional" para estos trabajadores.
Asimismo, BBVA Research analiza en un nuevo estudio las razones y los beneficios de retrasar la edad de jubilación en España y apunta que, más allá de mejorar la sostenibilidad del estado de bienestar, prolongar la vida laboral permite a las empresas aprovechar el talento sénior, complementario al de los jóvenes, e impulsar la productividad.
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Todo depende del puesto de trabajo, porque imagínense a un camionero con esa edad transportando mercancías peligrosas, o a un albañil en lo alto de un andamio, oficios que ya estamos viendo como la juventud pasa olímpicamente de ellos por lo peligrosos que son, y los salarios que se cobran, y encima quieren aumentar la edad de jubilación, estos gobiernos están majaretas perdidos y el tiempo nos lo dirá. No es lo mismo trabajar en una oficina con tu aire acondicionado en el verano y con tu calefacción en invierno que trabajar todo el día en la carretera o en la calle con el peligro de tener un accidente. Aparte como dice Francisco Mesonero de ofrecer palancas de formación y reciclaje profesional, hay que ofrecer salarios y descansos dignos con respecto a la profesión y dejar de axfisiar tanto a los trabajadores.
Al margen de impacto que la extensión de la jubilación a los 67 años tiene en el incremento de los trabajadores en activo por encima de 65, me pregunto si los incentivos que se han creado en 2022 para el retraso de la jubilación tendrán el impacto que se dice en las cuentas públicas.
Estoy seguro que los trabajadores del sector privado, bien por las características físicas de su trabajo o por la presión que supone su ejercicio, no sacrificarán su salud y bienestar por un incentivo.
¿Quién será entonces el público que vendrá a beneficiarse de esta medida? Pues sin lugar a dudas los empleados públicos, y, en mayor medida, cuanto más cómodos estén en su trabajo: catedráticos, profesores, maestros, abogados del Estado, jueces, fiscales, inspectores, subinspectores, técnicos y resto de empleados u funcio arios públicos.
Es decir, se pretende ahorrar gasto público y su efecto será justo el contrario. Se dará mayor retribución a un colectivo súper acomodado, acostumbrado ya de por sí a trabajar lo justo y a reducir su esfuerzo con la edad, lo que , además de encarecer su ya menor servicio (hay catedráticos y demás mayores que con dis o tres horas semanales lo arreglan), aunque sea porque las enfermedades se hacen presente en esas edades, obligará a suplir ese menor servicio con nauor contratación.
Menudo desastre....