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Uruguay presenta vulnerabilidades en materia de lavado de activos, las cuales están ligadas a la falta de recursos dirigidos a los organismos que supervisan contra este delito. Sin embargo, también se destaca la falta de “involucramiento” de organismos especializados que, por priorizar la recaudación, no siempre han optado por denunciar penalmente casos de defraudación tributaria, ilícitos que dan origen a dinero que luego debe ser blanqueado.

Esto surge de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a la que accedió El País, la cual presenta que de los objetivos planteados en la Estrategia Nacional de 2017 para combatir estos delitos, sólo cinco de 16 fueron cumplidos.

La ENR, llevada a cabo por el asesor internacional, Alejandro Montesdeoca, contratado por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), presenta una serie de acciones recomendadas a tener en cuenta en la próxima Estrategia Nacional.

En la evaluación se encuentran vulnerabilidades en el sistema antilavado local, como publicó ayer El País, por falta de recursos humanos, presupuestales y tecnológicos en organismos supervisores como la propia Senaclaft, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) del Banco Central (BCU), la Fiscalía General de la Nación (FGN), la Policía, Auditoría Interna de la Nación (AIN) y la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), entre otros.

En esta línea, entre sus recomendaciones para mejorar la efectividad en el combate al lavado, la primera es la de fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel operativo, con las “limitaciones legales pertinentes y las correspondientes autorizaciones”. Del mismo modo, recomienda generar mecanismos de intercambio de información entre los organismos públicos y el sector privado, como también entre privados.

Foto: Archivo El País

En tanto, uno de los debes remarcados por expertos antilavado es que aún no se ha reglamentado la obligación de los organismos públicos, de la Ley Contra el Lavado de Activos, que establece que deberán contribuir a la prevención y combate al lavado y financiamiento del terrorismo “adoptando políticas y procedimientos que permitan mitigar los riesgos inherentes a las actividades que se desarrollen en cada caso”. Sobre esto, recomienda la “aplicación efectiva” y reglamentación de esa obligación.

Por otra parte, ante la “aún insuficiente” asignación de recursos a las instituciones supervisoras antes mencionadas, recomienda su fortalecimiento, dotando “de estructura administrativa formal y presupuestaria a la Senaclaft con funcionarios propios y estables”, ya que en la actualidad quienes trabajan allí se encuentran bajo pases en comisión -en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas se crean 15 puestos en la Senaclaft-. Del mismo modo, propone la asignación de recursos humanos y materiales a la UIAF.

En esta línea, otra recomendación radica en los procesos de supervisión específica antilavado por parte de la Senaclaft y la SSF, que propone la posibilidad de establecer una “unidad especializada en riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la SSF”. Como también, propone analizar la “posible unificación de la supervisión” de los sectores obligados en “un solo organismo descentralizado especializado en la materia”.

Asimismo, propone fortalecer el proceso de especialización de la Fiscalía, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad en materia de estos delitos. Además, recomienda elaborar un plan nacional de capacitación para todas las entidades públicas que componen el sistema, como también la sensibilización y capacitación del sector privado con “menor percepción de riesgo”.

Por otra parte, entre las recomendaciones está el “mejorar el involucramiento de los organismos especializados -Dirección General Impositiva (DGI) y el Banco de Previsión Social (BPS)-, analizando específicamente sus políticas y procedimientos para el tratamiento y denuncia de posibles de casos de defraudación tributaria”, ya que “no siempre estos organismos han optado por denunciar penalmente estos delitos sino que han priorizado la recaudación en la mayoría de los casos”.

A su vez, recomienda evaluaciones de riesgo de las actividades de los sujetos obligados y de los riesgos que presenta “la utilización de los medios tecnológicos”. Además, destaca como acción implementar mecanismos para combatir la informalidad esos sectores.

En tanto, impulsa realizar una evaluación de riesgos de las organizaciones sin fines de lucro y estudiar la posibilidad de excluir de los sujetos obligados a aquellas que presentan un menor riesgo. Del mismo modo, propone incluir como sujetos obligados a los comerciantes e intermediarios de autos de alta gama y a las sociedades anónimas deportivas -que ya se incluyen en el proyecto deRendición de Cuentas-.

Por otra parte, teniendo en cuenta la baja percepción de riesgo en el sector no financiero, propone realizar “comunicaciones objetivas de ciertas operaciones” para que las autoridades puedan detectar ilícitos, que no necesariamente sean objeto de reportes de operación sospechosa (ROS).
Asimismo, respecto a las zonas francas, llama a estudiar la posibilidad de exonerar actividades de las obligaciones en materia antilavado, que presenten bajo riesgo y “se trate de actividades que no son sujetos obligados cuando se desarrollan fuera de una zona franca”.