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Educación

Este es el texto de reforma a la educación superior que impulsa el Gobierno

Deserción en educacion superior

Deserción en educacion superior

Foto:Jaiver Nieto. EL TIEMPO

El documento de 25 capítulos establece, entre otras cosas, un nuevo modelo de financiación.

Mateo Chacón Orduz
El Ministerio de Educación dio a conocer el texto de la reforma a la Ley 30, que regula la educación superior en el país. Se trata de una de las principales apuestas legislativas del Gobierno para este semestre, cuya discusión inició como un intento de salvar financieramente a las universidades públicas, pero que avanzó hasta una reforma integral.

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Anteriormente EL TIEMPO había conocido en primicia el borrador de otro proyecto de ley que busca plantear a la educación como un derecho fundamental, siendo este un proyecto de ley estatutaria que, entre otras cosas, abre la posibilidad de la creación de grado duodécimo (12°) en los colegios.
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Ahora, con el conocimiento de la reforma a la Ley 30 ya se conoce cuál es el contenido de la apuesta del Mineducación para el sector de la educación superior tras semanas de deliberaciones, conversaciones y encuentros con diversos agentes del sector.
El documento cuenta con seis títulos y de 25 capítulos, y cuenta con ajustes a diversos puntos de la Ley 30, pasando por la concepción del sector, su financiación, el sistema de aseguramiento de calidad, el Icfes, el personal docente, entre muchos otros puntos.

Financiación de la universidad

Uno de los puntos más esperados era el de la modificación de los artículos 86 y 87 de la ley, que establecen el presupuesto que el Estado da a las universidades oficiales y los incrementos anuales de este rubro, los cuales están actualmente tasados al incremento del IPC, es decir, de la inflación.
Sin embargo, este método ha sido el responsable del déficit fiscal de las instituciones públicas, que actualmente se estima entre 15 y 18 billones de pesos, dado que los costos de las universidades se incrementan anualmente cinco puntos porcentuales por encima del IPC, de acuerdo con cifras del Sistema Universitario Estatal (SUE).
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Así las cosas, en el texto de la reforma se establece que “los aportes del Presupuesto General de la Nación y los aportes de las entidades territoriales asignados a las universidades estatales y oficiales se calcularán tomando como base el año inmediatamente anterior y ajustándose como mínimo cada año por el Índice de Costos de la Educación Superior (Ices) de3 las universidades públicas, calculado por el Dane”.
El Ices es un indicador que establece los costos reales de las universidades, por lo que anteriormente se había sugerido por parte de rectores y estudiantes este como el modelo con el que se debía hacer el cálculo.
Pero además establecen recursos adicionales para aumentar la cobertura y la permanencia, aportes de las entidades territoriales, recursos para cubrir la matrícula cero que no hacen parte de la base presupuestal, así como incrementos para las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias estatales.

Icetex

Este es uno de los puntos más polémicos de la reforma a la Ley 30. Esto se debe a que contempla lo que algunos analistas consultados por EL TIEMPO señalan como una pérdida de protagonismo de la entidad.
En primer lugar, porque pone el otorgamiento de créditos educativos y becas por parte del Icetex ya no como una obligación sino como actividades que “podrán ser girados por el Instituto”.
Así mismo, se pone textualmente que “El Icetex disminuirá gradualmente el otorgamiento de créditos educativos reembolsables y avanzará en el fortalecimiento de su portafolio de servicios para la implementación de mecanismos financieros que prioricen el acceso de las personas a estudios especializados en el exterior”.
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En otras palabras, lo que el proyecto busca es que, gradualmente, el Icetex deje de prestar dinero para carreras profesionales en el país y termine siendo una entidad destinada solo a financiar estudios de posgrados fuera del país. Esto será, sin duda, polémico, en especial en las instituciones privadas, que en gran medida dependen de este mecanismo,y cuyos estudiantes beneficiarios de estos créditos pertenecen en un 80 por ciento a los estratos 1, 2 y 3.
Se debe mencionar que en agosto se tiene prevista la presentación de la reforma de esta entidad.

Gobierno universitario

Entre otros temas, se le da mayor participación a los profesores y estudiantes en el Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu), el máximo órgano universitario del país, así como en los consejos directivos de las universidades públicas.
De esta manera, para el caso del Cesu, se incluirá entre sus integrantes al director o directora del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). También pasará de tres rectores (uno de universidad privada, otro de públicas, y otro de instituciones técnicas y tecnológicas) a siete rectores (uno por cada tipo de institución de educación superior). Por último, también aumenta la representación estudiantil y docente.
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En el caso de los consejos superiores (máximos órganos al interior de las universidades), en el caso de las instituciones públicas, los docentes y estudiantes pasan de tener una plaza a dos plazas respectivamente, siendo este uno de los pedidos del movimiento estudiantil.
No quedó incluido uno de los puntos más polémicos en la materia, que era la petición de los estudiantes de incluir el voto directo como mecanismo de elección de los rectores.
REDACCIÓN EDUCACIÓN

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