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Uno de los problemas que más se menciona en el sistema antilavado uruguayo, es la baja percepción de riesgo de las organizaciones, principalmente las no financieras, y algunas esferas de gobierno. Sin embargo,los casinos pidieron medidas para tener un mayor control del origen de fondosy de esta forma, tener una mayor prevención y evitar ser utilizados para lavar dinero.

Según explicó a El País el titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Jorge Chediak, hay un “reclamo” del sector casinos para que se implemente una normativa que “obligue a todo el que cambia fichas a identificarse”, dado que actualmente no tienen ese registro.

Los casinos son sujetos obligados a tener medidas de prevención de lavado de activos ante la Senaclaft, para no verse utilizados por aquellos que quieran “blanquear” sus fondos a través de estas organizaciones.

Según explicó el secretario nacional antilavado, desde el sector sostienen que esta normativa “ayudaría mucho al contralor, más allá del conocimiento del cliente -el apostador- que en general ellos ya tienen muy desarrollados”, a través de sus sistemas de conocimiento.

En este sentido, destacó que este contralor no solo colaboraría en materia de lavado, sino que también les permitiría saber qué tipo de apostador es y cuál es el volumen que manejan en sus apuestas, porque “además asocian recompensas económicas o bonos, en relación a lo que cada apostador termina dejándole al casino”.

“Nos señalaban que ayudaría mucho que no se pudieran cambiar fichas sin una identificación”, afirmó Chediak.

Por otro lado, destacó que estas organizaciones comprenden el subsector que más Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) hace en el sector no financiero.

Durante la pandemia del covid-19, dentro del período que los casinos estuvieron cerrados, Chediak explicó que se generó la “famosa discusión” respecto a la disminución en la cantidad de ROS, ya que habían tenido una baja cercana al 30%. Estas organizaciones generan “un par de docenas” de reportes al año y, por su inactividad, cayeron los ROS, señaló.

Asimismo, sostuvo que este es un sector que “tiene recursos de larga data” en cuanto al “buen conocimiento de sus clientes, de sus apostadores, que tiene claro los riesgos y que reporta mucho”.

Tal y como adelantó El País, la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de lavado de activos y financiamiento del terrorismo -que aún no fue publicada pero sí aprobada-, tiene dentro de sus recomendaciones la realización de un análisis por sector para detectar los riesgos que presenta cada uno y así poder ajustar las medidas a tomar.

En este sentido, el experto y asesor internacional que trabajó la ENR, Alejandro Montesdeoca, explicó a El País que a partir de esta evaluación se realizará la estrategia nacional antilavado, en la que para su elaboración se pretende que participe el sector privado nuevamente -como sucedió con la ENR-, “lo cual es algo que no se hace habitualmente”.

Sobre este punto, Montesdeoca destacó que “es algo muy bueno y positivo por varias razones. Primero, porque se va a permitir justamente enfocarse en las situaciones particulares de los sectores”. Y además, porque “va a servir también como forma de difundir los riesgos identificados entre los propios sectores”.

Asimismo, el asesor señaló que “es importante” el propósito que tiene la estrategia nacional en cuanto a que “tenga vigencia en más de un período de gobierno”.

Para que eso sea así, “es fundamental que tenga la más amplia participación de todos los sectores involucrados”, destacó. Así como en la ENR participaron entidades públicas y privadas -alrededor de 200 personas-, “la idea es que para la estrategia nacional también se reúna un amplio consenso”, indicó.

Por otra parte, Montesdeoca manifestó que esta “va a ser una oportunidad también para trabajar con los distintos sectores en los temas específicos que atañen a cada uno, uno de ellos puede ser casinos”, agregó.

Por otra parte, el responsable de Auditoría Interna de la Dirección General de Casinos, Álvaro Gamio, explicó que actualmente cuentan con manuales de procedimiento para los casinos estatales, con el objetivo de que los funcionarios sepan cómo llevar los controles de debida diligencia. También destacó que están trabajando en la actualización de esos manuales que datan del año 2020.

Si bien señaló que la petición no proviene de los casinos estatales, dijo que al analizar sus procedimientos, están “en línea” con la Senaclaft, aunque estos puedan no estar regidos por una normativa, sino que lo realizan de forma “proactiva”.

El organismo ya cuenta con 5.241 clientes registrados por debida diligencia. Para registrar a un cliente se requiere que tengan operaciones su- periores a US$ 3.000 en el año, de acuerdo a la normativa vigente.

En tanto, Gamio explicó que para evitar que las personas ingresen fondos al sistema financiero, no se dan constancia en todos los juegos. De esta forma, se previene la utilización de los casinos del Estado para blanquear dinero.

En este sentido, señaló que los canales para “lavar” a través de los casinos, podrían ser a través de transferencias bancarias -las cuales no hacen-, los pagos con cheques que “a veces” los utilizan, o si se emitiese una constancia que el dinero fue “ganado” en un juego del casino.

En estos dos últimos instrumentos, señaló que toman “medidas muy rigurosas”, ya que al no contar con chips en las fichas, no tienen la certeza de que la persona que las cambia sea la misma que la que las compró.

No obstante, destacó que puede haber riesgos principalmente en aquellos juegos tradicionales que presentan cierta “informalidad”, o en las operaciones con clientes “grandes” en las que no se analice el origen de fondos.