Redacción El País
La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) marcó este martes su rotundo rechazo a la supresión del Banco Hipotecario (BHU) plasmada en un proyecto de ley que propone una "solución" al viejo problema de los deudores en unidades reajustables de esa institución.

"No consideramos necesaria ni conveniente la fusión de ambos bancos", subrayó un informe del Consejo Superior Banca Oficial de AEBU,en referencia a la intención del Ministerio de Economía y Finanzas de subsumirlo en el Banco República, a través de una nueva división de Créditos Hipotecarios. "Sus roles son muy diferentes", afirma el texto.

En el informe, al que accedió El País, AEBU sostiene que la situación económica y financiera del banco es muy sólida, al tratarse del banco con "mayor participación" del mercado en su segmento de actividad. Según el gremio el crédito hipotecario aún tiene un gran espacio para crecer en el Uruguay, donde no supera el 4% del PIB, muy por debajo de otros países de la región.

"El BHU resulta clave, siendo que el acceso a la vivienda es uno de los puntos centrales para que se logren mayores niveles de desarrollo e inclusión social", sostuvo el sindicato. En su visión, "resulta difícil imaginar" que la desaparición de ese banco, desde siempre vinculado a la política de vivienda, represente el cumplimiento del derecho a la vivienda consagrado por la Constitución para todos los uruguayos.

De realizarse la fusión con el BROU, el sindicato plantea que deben definirse algunas incógnitas respecto al anunciado pasaje de los funcionarios que hoy revistan en el BHU.

A pesar de que el proyecto garantiza que los implicados seguirán manteniendo sus derechos actuales en el nuevo destino y seguirán rigiendo bajo el mismo estatuto, el sindicato repara en que la iniciativa no aclara cuando se producirá su "incorporación definitiva" al BROU. También se señalan dudas en cuanto que, tal como lo establece el proyecto, para esa incorporación se requiera la aprobación del Poder Ejecutivo previo informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

"No queda claro si la incorporación es preceptiva o si los funcionarios pueden ser redistribuidos en otros organismos", se advierte. Según cifras de AEBU aportadas a El País, el banco cuenta hoy con unos 260 funcionarios.

Si bien dice apoyar una solución al viejo problema de los deudores, AEBU subrayó que la fórmula definida en el proyecto implicará grandes inequidades entre los propios beneficiarios, que a su vez representan un tercio de la cartera del banco. AEBU considera que se trata de una fórmula "al barrer" que aborda de igual forma miles de situaciones que, se afirma, son muy distintas.

AEBU mostró su preocupación por el impacto que tendrá sobre los recursos del Estados los US$ 330 millones que, según el Ministerio de Economía, tendrá esta "solución" para los deudores.