Redacción El País
El conflicto en la construcción, que esta semana llevó a altos niveles de tensióny que tiene a las partes enfrentadas y sin acuerdo, tendrá en las próximas horas una instancia que se prevé clave.

Sin embargo, pese a este encuentro que las cámaras empresariales de la construcción y el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines (Sunca) tendrán hoy a las 10 de la mañana, el gremio resolvió anoche mantener todas las medidas tomadas hasta el próximo jueves 20 de julio, cuando sesionará su asamblea general y se evaluará el camino seguido en las negociaciones.

“Si bien podemos considerar que en algunos puntos hubo avances -dijo a El País el presidente del Sunca, Richard Ferreira- todavía son insuficientes”. De todas formas, agregó, si en el encuentro de hoy o en los que sigan hay contemplaciones a sus reivindicaciones, el ejecutivo del gremio puede analizar flexibilizar algunas de las medidas adoptadas desde abril, cuando se venció el convenio colectivo y se inició entonces este conflicto que tiene comprometidas varias obras en todo el país, pero sobre todo grandes construcciones que están en marcha en Montevideo y Maldonado.

La principal medida que más afecta a la construcción es la que se llama corte de hormigonado, como informó El País en su edición de este lunes. Es una herramienta sindical que produce dos impactos, que se diferencian por la gravedad. Por ejemplo, en el caso de que el camión con el hormigón no haya hecho su descarga, la pérdida de la empresa se limita al cemento que venía en el vehículo. Pero si la acción se aplica en la mitad del llenado de una planchada, esta deberá necesariamente ser demolida o reforzada, lo cual genera pérdidas más importantes a las constructoras.

Se trata así de una medida dura contra las empresas, ya que además implica la interrupción de una tarea crítica sin una intervención técnica. Por ejemplo, si la obra de una torre se encuentra en una etapa solo de construcción de hormigón, queda paralizada.

Uno de los lugares donde el conflicto está algo más focalizado es en Maldonado, pues aquí las empresas han advertido a los representantes del gremio que están obligadas a enviar a decenas de trabajadores al seguro de paro porque la productividad en las obras es baja, lo que les genera un problema porque deben pagar jornales de igual manera aunque las construcciones de los edificios no avancen.

Desde el gobierno, en tanto, y según indicaron a El País fuentes del Poder Ejecutivo, se sigue con atención el desarrollo del conflicto, y se tiene la confianza de que las partes comiencen a entenderse en las próximas horas y encaminarse las cosas para un acuerdo.

El también dirigente gremial Daniel Diverio declaró ayer en Subrayado que el sindicato lleva “cuatro meses sin ajuste” salarial y que la plataforma de reivindicaciones tiene tanto componentes “sociales” como económicos. “Algunas propuestas (empresariales) han sido de recibo y en algunos casos son regresivas”, resumió el dirigente.

Lo que en los hechos reclama el Sunca son mejoras salariales, el cobro de un quinto día hábil y la creación de una fiscalía que investigue los accidentes laborales, entre otras reivindicaciones. También exige el pago de viáticos y la democratización del ingreso de personal a las obras, dijo Ferreira a El País.

El Sunca también plantea la creación de un registro de trabajadores no permanentes tanto de obra pública como privada. Un sistema parecido se adoptó en las obras de UPM y Montes del Plata, entre otras compañías. Actualmente, los llamados de personal no permanente se hacen a través de sorteos. “Pretendemos trasladar el sistema de registro (de trabajadores no permanentes) a toda la industria”, había dicho Ferreira en diálogo con El País este lunes.