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Catastro: el plan para actualizar 80 millones de hectáreas en solo tres años y medio

La actualización catastral pasaría del 9 al 70 por ciento de aquí al 2026.

La actualización catastral pasaría del 9 al 70 por ciento de aquí al 2026.

Foto:El Tiempo

El Igac necesita $ 4 billones. Se llegaría por primera vez a regiones como Guainía y Vaupés. 

Noelia Cigüenza Riaño
Hay municipios del país en los que no se actualizaba la información catastral desde hacía 30 años, como algunos de los circunvecinos a Bogotá, Medellín o Cali, que han experimentado un importante desarrollo urbano. Hay otros lejanos y no tan lejanos a los que nunca se ha llegado. No se sabe qué hay en los predios, si se desarrolla alguna actividad ni de quién son.

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La meta del gobierno de Gustavo Petro es tan ambiciosa como retadora: pasar del 9 al 70 % de la actualización catastral con enfoque multipropósito de aquí al 2026, lo que implica conocer a fondo y por primera vez qué hay en cada uno de los predios de regiones apartadas como Guainía, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Chocó.
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En total, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) calcula que hay 81 zonas rurales que nunca han tenido una actualización catastral. De ellas, 26 están en regiones apartadas y ahora se quiere identificar cada una de ellas para saber cuál es su área, si en ellas hay construcciones, se desarrolla alguna actividad o a quién pertenecen.
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Esta información no solo se utilizaría para el cobro de impuestos, sino también para que las entidades correspondientes puedan distribuir las ayudas necesarias, como entregar subsidios y beneficios económicos, aportar en protección jurídica de la propiedad y elaborar cartografía tanto para la reforma rural integral como para la planificación ambiental, entre otros.
En temas de género, la reforma rural integral es el punto más rezagado en cuanto a implementación del acuerdo de paz.

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Foto:Juan Pablo Rueda Bustamante / Archivo EL TIEMPO

Sin embargo, el reto por delante es descomunal: actualizar de manera física, jurídica y económica 80 millones de hectáreas repartidas en 660 municipios del país en los tres años y medio que le quedan ya al gobierno.
Y es que si bien la meta que se trazó en el Plan Nacional de Desarrollo es llegar al 70 por ciento, el Igac le apunta aún más alto, a actualizar el 80 por ciento del país. Así, de los 10,9 millones de hectáreas que se encuentran en estos momentos actualizados, lo que representa solo el 9,6 por ciento del área geográfica del país, se pasaría a tener 90,2 millones de aquí al 2026.

Para el 2023, la meta es actualizar 34,9 millones de hectáreas en 2023.

Gustavo Marulanda, director del Igac, confiesa que el mayor esfuerzo será entre este y el próximo año. Para el 2023, la meta es actualizar 34,9 millones de hectáreas en 2023, en el 2024 serían otros 26,1 millones de hectáreas, en 2025, cerca de 23,3 millones de hectáreas y en 2026 se llegaría a 5,9 millones de hectáreas.
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Los avances

En el 2022, la autoridad catastral finalizó 17 procesos de actualización. Entre ellos están municipios de Boyacá como Betéitiva, Socotá y Tasco, donde no entraba el Igac desde hacía décadas, o algunos de Cundinamarca como Gachancipá.
Y ya para este 2023, tiene programado intervenir 73 municipios. Sin embargo, estas actualizaciones están supeditadas a los procesos de contratación, a las consultas previas con los diferentes grupos étnicos y a que se tenga el presupuesto oportuno.
Muchos de estos territorios están en departamentos del norte del país como Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar, donde el Gobierno se quiere enfocar en comprar tierras para repartirlas a los campesinos en medio de la reforma agraria, pues es donde están algunos de los predios más productivos y subutilizados.
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Por ejemplo, este año se centrarían en actualizar municipios como San Carlos, Puerto Libertador, Tierralta y San José de Uré, en el departamento de Córdoba; El Peñón, Montecristo, El Carmen de Bolívar, San Jacinto, Zambrano, en Bolívar; o Guaranda, San Onofre y Tolú Viejo, en Sucre.
Sin embargo, también entrarían a otros territorios más apartados como algunos del Caquetá (El Doncello, El Paujil y Puerto Rico) e incluso actualizarían el Parque Nacional Natural Paramillo, ubicado entre los departamentos de Córdoba y Antioquia.
Igualmente, en el listado programado para empezar este año están otros municipios más cercanos de Boyacá como Boavita, Cerinza, Covarachía, Cuítiva, Gámeza, Monguí y Tipacoque.
Gustavo Marulanda, director del Igac.

Gustavo Marulanda, director del Igac.

Foto:Sergio Acero/El Tiempo

Aunque todo este proceso recae sobre la máxima autoridad catastral, que es el Igac, también hay 45 gestores habilitados que se encargan de adelantar los procesos de formación, actualización, conservación y difusión catastral, así como los procedimientos del enfoque multipropósito.
Algunos de ellos son la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital Bogotá; los departamentos de Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca; el área metropolitana de Barranquilla o de Bucaramanga; el distrito de Cartagena o municipios como Cajicá, Tuluá y Sopó, entre otros.
Adicional a ello, está la Superintendencia de Notariado y Registro, la cual ejerce la inspección, vigilancia y control al ejercicio de la gestión catastral.

Se necesitan $ 4 billones

Elevar la actualización catastral de Colombia del 9,6 por ciento actual al 80 por ciento de aquí a que se acabe el gobierno cuesta cerca de 4 billones de pesos, dice Marulanda. El problema es de dónde va a salir tal cantidad de recursos año a año.
De momento, para este 2023 ya se cuentan con ellos. El Igac ya tiene 130.398 millones de pesos apropiados en el Presupuesto General de la Nación para la ejecución del proyecto de catastro multipropósito, financiados con recursos de la Banca Multilateral y recursos de la Nación.
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Y para poder asegurar las metas en la adición presupuestal que se aprobó en el Congreso se contemplaron otros 300.000 millones de pesos. Estos serán destinados principalmente a financiar procesos de actualización, levantamiento de insumos cartográficos, cumplimiento de los procesos de consulta previa y al fortalecimiento de la capacidad tecnológica e institucional de la entidad.

Los recursos serán destinados principalmente a financiar procesos de actualización, levantamiento de insumos cartográficos y  cumplimiento de los procesos de consulta previa.

Otros recursos disponibles en fuentes extrapresupuestales con las que se viene realizando la ejecución de procesos de actualización provienen de cooperantes internacionales, entre los cuales se destacan Usaid, el Reino Unido, la Agencia Francesa de Desarrollo y el Fondo del Biocarbono.
Según el Igac, los costos dependen del alcance y complejidad de cada territorio. Por ejemplo, se tienen en cuenta variables como la accesibilidad, la infraestructura, la disponibilidad de servicios o de insumos (cartografía, geodesia).
Igualmente, puede variar en función del área por intervenir, las dinámicas inmobiliarias, el número de predios estimados y el grado de desactualización.
En temas de género, la reforma rural integral es el punto más rezagado en cuanto a implementación del acuerdo de paz.

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Foto:Archivo EL TIEMPO

No se irá predio a predio, y se formará a actores locales

El Igac dice que llevar a su personal a los diferentes territorios apartados del país para hacer el catastro multipropósito no sería eficiente. Por ello, la entidad está formando a personas en los territorios para que ellas mismas puedan hacer la actualización guiadas, eso sí, por profesionales.
En un primer nivel, se está formando a los campesinos, indígenas y a las comunidades afro, entre otros, para que ellos mismos tengan conocimientos catastrales básicos. Y, en un segundo, se hará lo propio con técnicos y profesionales en territorio que se encarguen de coordinar a los diferentes grupos.
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Además, la idea que se está contemplando no es ir predio a predio, sino aprovechar la inteligencia artificial y la ciencia de datos para ver los cambios que van teniendo los territorios e ir de manera presencial solo a aquellos en los que sea estrictamente necesario.
Para ello, será clave avanzar en la generación de la cartografía del país con fines catastrales. En el terreno rural, Marulanda cuenta que se usarán escalas que permitan ver con imágenes satelitales qué tipo de construcciones hay y en lo urbano se requerirá de otras con un mayor nivel de detalle. Además, se ayudarán de documentos en las cámaras de comercio o en las superintendencias para ver los cambios que han tenido los barrios. Por ejemplo, si hay construcciones o comercios nuevos.
Igualmente, dice que será importante el aporte de la ciudadanía con información como cartas de compra venta o escrituras.
NOELIA CIGÜENZA RIAÑO
Subeditora de Economía y Negocios
En Twitter: @noe_cig
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Noelia Cigüenza Riaño
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