Iberdrola se sentará en el banquillo en octubre por la presunta manipulación del precio de la luz

La Audiencia Nacional ha comunicado a Iberdrola Generación España SAU, filial de Iberdrola, que el juicio por el presunto cierre intencionado de embalses para inflar artificialmente el precio de la luz comenzará el próximo 17 de octubre y está previsto que se prolongue hasta el 1 de diciembre. Se trata de la primera vista oral que se celebra en la historia de España contra una eléctrica por la supuesta adulteración de la tarifa. La Fiscalía atribuye a la multinacional que preside Ignacio Sánchez Galán un delito contra los consumidores y el mercado.

Además de Iberdrola como persona jurídica, también se sentarán en el banquillo cuatro de sus directivos: el director de Gestión de Energía, A.C.T.; el responsable de Optimización, Gestión de Recursos y Trading, G.R.C.; el jefe de Gestión de Activos, J.L.R.J., y el jefe de Gestión de Mercados a Corto Plazo y Generación Global, J.P.Z. Asimismo, junto al Ministerio Público están personadas como acusación las compañías Geoatlander SL, Axpo Iberia SL y Belegi Invest SL, y también la asociación de consumidores Facua, presente desde el inicio del caso como acusación popular.

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Los hechos se remontan a diciembre de 2013, cuando, en plena disputa con el Gobierno de Mariano Rajoy por el déficit de tarifa, Iberdrola bloqueó presuntamente de forma intencionada la producción de sus embalses para aportar al sistema menos energía hidráulica —la fuente más barata que existe— y provocar que tuvieran que conectarse, para suplir la demanda, sus plantas de ciclo combinado —una de las fuentes más caras—. Como consecuencia, la tarifa de la luz se disparó hasta un 126%. El aumento fue tan estratosférico que el Ejecutivo del PP decidió suspender la subasta para evitar que los consumidores finales tuvieran que pagar un 10,5%.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) fue la primera en actuar por las presuntas prácticas irregulares de la cotizada, imponiéndole una sanción de 25 millones de euros por manipular el sistema de fijación de precios para aumentar sus beneficios. Pero en 2017 comenzó una investigación penal, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que agravó las posibles consecuencias del fraude e incluso implicó el registro de varias sedes de la multinacional en Madrid y Bilbao.

Iberdrola siempre ha sostenido que el único motivo por el que produjo menos energía hidráulica ese mes de diciembre fue que había llovido menos de lo esperado y que las previsiones para los siguientes meses tampoco eran buenas. Asimismo, argumenta que en las semanas bajo sospecha tuvo una posición compradora de energía, no vendedora, por lo que el incremento de los precios le ocasionó un perjuicio.

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Pero peritos de la CNMC han rebatido ese argumento en un informe incorporado al sumario, asegurando que Iberdrola tuvo un saldo positivo aquel mes de al menos 569.043 Gwh. Además, como reveló este diario, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también halló pruebas en los registros de que el gigante que preside Sánchez Galán pretendía producir mucha más energía hidráulica de la que puso finalmente en el mercado y que el año anterior, con menos reservas en los embalses, aportó una producción significativamente mayor.

Los documentos intervenidos y las declaraciones de los testigos también revelaron que la compañía tomaba las decisiones para fijar el precio de su energía en reuniones informales, de formal verbal, con criterios desconocidos y sin dejar constancia en actas del contenido de las conversaciones. Uno de los testimonios más letales para Iberdrola fue el que ofreció el ministro de Industria en el momento de los hechos, José Manuel Soria, que expresó su convicción de que se produjo una manipulación del mercado.

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La fase de instrucción concluyó en julio de 2021. En noviembre de 2022, Iberdrola Generación tuvo que depositar una fianza de 192 millones de euros para asegurar el pago de las posibles responsabilidades de una hipotética condena. Las acusaciones reclaman pérdidas astronómicas de los intermediarios y también un enorme coste para los hogares.

Está previsto que el representante de la compañía y los cuatro directivos procesados declaren los días 17 y 18 de octubre. Entre el 24 de octubre y el 8 de noviembre, se producirán los interrogatorios a los testigos propuestos por las partes. Del 14 al 28 de noviembre, será el turno de los peritos y, finalmente, entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre, se emitirán las conclusiones finales, a la espera de la sentencia.