Tres días y tres reuniones. Esto es lo que han tardado el PP y Vox en la Comunidad Valenciana en cerrar un acuerdo para el reparto de las áreas de poder del ejecutivo de Carlos Mazón y las políticas a desarrollar durante la próxima legislatura. Un pacto que cede a Vox la vicepresidencia primera, que gestionará el ex torero Vicente Barrera, que además será el responsable de Cultura, en una autonomía bilingüe. Además, se entregan a la formación de Santiago Abascal las consellerias de Justicia y Agricultura.
El PP tendrá el control del resto de carteras denominadas estratégicas, desde Hacienda, Sanidad o Educación, lo que supone el control de más del 92% del presupuesto valenciano, lo que supone de facto que Carlos Mazón tendrá el control ejecutivo del nuevo Consell valenciano. Una de las mayores fricciones entre ambas formaciones durante las rápidas negociaciones ha sido el área de Educación que pretendía Vox.
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Pero el acuerdo integra cincuenta puntos de acción de gobierno, de políticas activas, que confirman que Vox ha logrado imponer su relato cultural y simbólico al PP. En su contenido se aprecia que no hay referencias a la violencia de género, a la igualdad o al feminismo y sí a la “violencia intrafamiliar”. Se expone la voluntad de ambas partes de derogar todas las medidas en materia de memoria histórica: “se derogarán las normas que atacan la reconciliación en los asuntos históricos”. Además, no hay ninguna referencia al cambio climático, lo que supone ceder a las posiciones negacionistas de Vox en un contexto como el actual de emergencia climática.
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Se anuncian medidas contra la “inmigración ilegal” y la creación de una oficina contra “la ocupación” de viviendas pese a las pocas competencias de la Generalitat Valenciana en estas materias. Y se muestra la voluntad de “eliminar” las ayudas o subvenciones a las entidades o asociaciones que promuevan los “Països Catalans”, además de la creación de una Ley de Señas de Identidad cuyo objetivo es otorgar a entidades no normativas la capacidad de emitir títulos de valenciano.
Carlos Mazón había anunciado durante la campaña electoral que no aceptaría algunas de las políticas acordadas ahora por escrito ahora Vox, como las relativas a las cuestiones de género o la visión negacionista del cambio climático. Pero todo apunta a que el PP valenciano ha tenido que pagar este precio a cambio de que Abascal aceptara sacrificar a su candidato por Valencia, Carlos Flores, condenado por violencia machista; Flores fue designado ese mismo día número uno de la lista de la formación verde por Valencia para no entrar a formar parte del futuro ejecutivo valenciano.
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El pacto conocido ayer ha generado inquietud en Génova, donde desde la dirección nacional ha sorprendido el contenido de un acuerdo y la distribución de áreas de poder porque puede trasladar un mensaje negativo para el PP a pocas semanas del 23-J, según fuentes de este partido. El pasado martes, Feijóo ya tuvo que defender la necesidad de pactar con Vox para garantizar la gobernabilidad en Valencia, dado que el PP no tenía escaños suficientes para lograr la presidencia.
Pero la distribución de poder en una autonomía del peso de la Comunidad Valenciana y algunas de las políticas acordadas generan un potente mensaje al resto de España sobre cómo puede ser una futura relación de PP y Vox en el Gobierno.
Al margen del terreno cultural y simbólico, el PP sí ha logrado que en el acuerdo se contemplen sus medidas estrella como una drástica reducción de impuestos o la libertad de elección de centro escolar de los padres. Una libertad que abre la puerta a poner el pin parental.
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Sin embargo, las políticas defendidas por Mazón durante la campaña quedaron ayer sometidas al impacto que supone ver esta nueva hoja de ruta en una autonomía como la valenciana, referente, hasta no hace mucho, de los avances en políticas sociales con medidas pioneras contra la violencia de género o la lucha contra el cambio climático e incluso una ley trans propia. Habrá que ver si lo sucedido en València condiciona, para bien o para mal, las conversaciones entre el PP y Vox en los pactos para otras autonomías. De momento, Valencia está marcando ya un camino de lo que puede suceder en el futuro en La Moncloa