El coche eléctrico mira con preocupación el adelanto electoral. El persistente atasco en la tramitación de puntos de recarga se ha convertido en un escollo para la electrificación del transporte en España y ya amenaza con provocar una fuga millonaria de inversiones hacia países del entorno que presenten menos trabas burocráticas. El Gobierno y las asociaciones del sector vienen trabajando desde hace meses en ajustes que permitan solventar esta situación, un proceso en el que ha habido avances pero que, ahora, podría quedar en el aire por culpa de los comicios del 23 de julio.
A raíz del giro político, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) ha puesto sobre la mesa del Gobierno la necesidad de adelantar todas las actuaciones posibles para que el 23-J no posponga sine die cambios normativos que puedan agilizar el despliegue de la infraestructura eléctrica. Lo hizo hace unos días en una reunión a puerta cerrada con la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, quien encabeza el grupo de trabajo para la infraestructura de recarga del vehículo eléctrico.
La reunión apareció en la agenda de previsiones del Ministerio de Transición Ecológica. A raíz de la publicación de ésta, Arturo Pérez de Lucía, director general de Aedive, ha concretado en conversaciones con EL MUNDO algunas de las cuestiones que se abordaron en el encuentro: "Lo que planteamos a Sara Aagesen fue una serie de medidas de urgencia para desbloquear las barreras en infraestructura de recarga públicas, ante la posibilidad de que el proceso electoral en España retrase aún más la aplicación de soluciones". Al cierre del año pasado, el país sumaba 7.400 puntos de recarga no operativos, a la espera de permisos, según el último informe anual de Aedive.
En Aedive preocupa el efecto de un eventual retraso de esta toma de decisiones sobre los proyectos en ciernes. "Hay riesgo de que los planes de inversiones millonarias previstos para España se redirijan a otros mercados vecinos en los que la tramitación para desplegar infraestructuras de recarga públicas sea mucho más sencilla y rápida, como Francia o Portugal", matiza Pérez de Lucía. En 2022, la inversión en infraestructura para el vehículo eléctrico fue de 220 millones de euros.
Entre las propuestas que se abordaron en la reunión se incluye un ajuste en los rangos de potencia de las infraestructuras en los que el operador debe obtener la Autorización Administrativa Previa y de Construcción, así como una aclaración que reconozca que la Declaración Responsable para seguir adelante con los proyectos debe aplicarse no sólo al punto de recarga, sino también a todos los equipamientos necesarios para su operatividad. En definitiva, acciones a corto plazo con un efecto inmediato sobre el despliegue de la infraestructura eléctrica.
La apuesta de España por la electrificación es clara. El Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), que ahora está actualizando el Gobierno, fijó como objetivo para 2030 contar con una flota total (desde autobuses hasta turismos) de 5 millones de vehículos eléctricos. A finales de 2020, los registros hablaban de un parque de 670.000 eléctricos en toda España. Para impulsar el salto al coche eléctrico, la infraestructura es clave. El reto es monumental y no admite más retrasos.