ECONOMÍA
SEMESTRE EUROPEO

Bruselas señala a España por las restricciones al comercio: "La regulación es un obstáculo para la inversión empresarial"

Actualizado

La Comisión advierte en su último informe de que la "fragmentación" del mercado merma la productividad

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.EFE

Bruselas sitúa a España entre los países más restrictivos para la actividad comercial. En el último informe país del Semestre Europeo, la Comisión advierte claramente de que la fragmentación del mercado y el exceso de regulación son obstáculos que merman la productividad.

La advertencia no es baladí. Las autoridades comunitarias señalan que, durante la última década, el débil desempeño de la productividad en nuestro país ha ampliado la brecha con los socios europeos. Y esto, a su juicio, ha sido impulsado "por el bajo gasto privado en I+D y las deficiencias en el entorno empresarial, incluida la fragmentación del mercado, la regulación dependiente del tamaño y las preocupaciones sobre la calidad de la legislación".

A esto, la CE añade que, aunque las habilidades digitales están mejorando en el tejido productivo patrio, "persisten otras carencias y desajustes significativos, incluso en habilidades verdes y de innovación".

De acuerdo con los datos recogidos en el informe, la proporción de empresas que se quejan de que "la regulación empresarial es un obstáculo importante para su inversión a largo plazo" es significativamente mayor en España que en el conjunto de la UE. Concretamente, con datos de 2022, alcanza el 60,5%, frente al 29,6% de media europea.

Ante este panorama, la Comisión insta a "reforzar la integración de la economía española en el mercado único de la UE" para mejorar la competitividad, porque "España es una gran economía cuya integración comercial en el mercado único de bienes y servicios está por debajo de la media". En concreto, en el 22,1%, lejos del 45,8% promedio.

"En este nuevo escenario geopolítico, se necesita un mercado único más fuerte para garantizar una competitividad sostenible a largo plazo", recomiendan las autoridades europeas, que insisten en la necesidad de impulsar "un mejor entorno regulatorio", así como la "implementación efectiva de la unidad de mercado dentro de España" y otras medidas como la reducción de la morosidad y de las barreras a servicios comerciales o la mejora del acceso al crédito.

Y en este punto pone el foco en el comercio minorista como uno de los sectores más perjudicados por la falta de unidad de mercado: "En determinadas comunidades autónomas, las barreras regulatorias en el comercio minorista siguen obstaculizando la competencia", avisa. Y concluye: "España se encuentra entre los Estados miembros más restrictivos en lo que respecta a los marcos regulatorios, en particular para las operaciones minoristas".

No es, sin embargo, la primera vez que las autoridades comunitarias lanzan esta advertencia a nuestro país. De hecho, en el último índice de restricciones al comercio minorista, publicado en el año 2018, Bruselas ya situó a España como el segundo país de la UE con más barreras operativas y para el ejercicio de la actividad comercial. En estos momentos, la Comisión está actualizando el índice para su próxima publicación, aunque, en base a la valoración recogida en el informe del Semestre Europeo, no parece que se haya producido una mejora en este sentido.

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Ante esta realidad, desde la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) llevan tiempo demandando un entorno regulatorio más flexible y seguro para el comercio en España.

Para ello, la patronal que representa a empresas como El Corte Inglés, Carrefour o Ikea pide preservar la unidad de mercado en cuestiones fundamentales como el medio ambiente, la protección del consumidor o la libertad de empresa.

Además, demanda al Gobierno que realice "una profunda revisión" de aquellas normas vigentes o previstas que supongan un incremento adicional de los costes para las empresas; y que evite la aprobación de nuevos impuestos "que frenen la recuperación de la actividad y el empleo".

Los empresarios también consideran necesario que se les dote de "un marco de flexibilidad imprescindible" que genere "incentivos para la modernización" y que incluya, además, medidas que reduzcan los costes energéticos.

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