El nuevo impuesto a los plásticos está dificultando, de manera muy sensible, las importaciones a las empresas españolas. La dificultad del texto y las exigencias que impone el impuesto generan muchas dudas entre las compañías extranjeras, hasta el punto de que algunas están decidiendo dejar de prestar sus servicios y buscar otros clientes.
"Hay algunos impuestos que, tal y como están configurados, son chapuzas de difícil comprensión, de mala técnica legislativa y producto del apresuramiento. Por ejemplo, el de los plásticos", denunciaba ayer Stella Raventós, presidenta de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), organismo que esta semana celebra en Toledo su Congreso Tributario anual.
"El bien parafiscal está bien, pero el impuesto está mal hecho. Los costes de cumplimiento son altísimos, y en las adquisiciones intracomunitarios y en las importaciones de productos es muy difícil cumplir con los requisitos. Y a mí me han llegado a decir clientes que sus proveedores ya nos les quieren vender porque la empresa española les dice: 'Me tenéis que informar de cuánto plástico no reciclado tiene', por ejemplo. Y la trazabilidad es muy complicada", añadía Raventós.
Consultadas por esta situación, fuentes de la Agencia Tributaria explican que en Aduanas están trabajando intensamente para tratar de solucionar las dudas y dificultades que presentan las empresas implicadas. Y en el Ministerio de Hacienda añaden que, por ahora, no se prevé ningún cambio en el texto, que es algo que las compañías importadoras también están pidiendo. Una clarificación y simplificación para no poner trabas a la actividad económica.
Los afectados por el impuesto tienen que abonar 0,45 euros por cada kilo de plástico no reciclado que utilicen en el proceso de fabricación o por cada kilo de plástico importado. El problema es que la cuantificación del plástico que reciben cuando compran mercancías a otros países es muy difícil de determinar. Es el caso, por ejemplo, del film protector de palés o del plástico de burbujas que emplean los operadores logísticos para embalar las mercancías.
UN PROBLEMA DE ESPAÑA
Ahí es donde se está dando la problemática que está provocando el rechazo de los proveedores extranjeros, que, en el ámbito europeo, sólo se enfrentan a este impuesto cuando venden a España, ya que es el único país de la UE que lo aplica. Y es algo que llevan advirtiendo todos los sectores afectados desde que el Gobierno anunció la puesta en marcha de la nueva figura impositiva.
"Es preciso certificar qué cantidad de plástico reciclado presenta el envase a partir de la información facilitada por el proveedor, un trámite muy costoso y al que las compañías no están acostumbradas", explicaban hace unas semanas a EL MUNDO fuentes de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab), una de las más afectadas por el impuesto.
El proceso se complica aún más si el proveedor procede de países que no están familiarizados con el impuesto. "Esto requiere de una carga administrativa muy alta, además de incrementar los requisitos de trazabilidad en la fabricación del envase", añadían.
Ayer mismo, el director general de Fiab, Mauricio García de Quevedo, calificó el impuesto de "injusto" y "anticompetitivo" y afirmó que supone un "riesgo fiscal muy importante".
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