Las detenciones empezaron en torno a las seis de la mañana del martes. Una de las casas registradas fue la de un hombre de unos 40 años, en el barrio de Los Conguitos, que trabaja como vigilante en un parque de Melilla. Él es uno de los 10 sospechosos que la Policía Nacional detuvo el martes en el marco de la operación contra la supuesta compra masiva de votos en la ciudad autónoma. Los agentes inspeccionaron su vivienda durante un par de horas y, tras ser puesto en libertad acusado de delito electoral y organización criminal, se marchó al domicilio de su madre, en el distrito de Reina Regente, uno de los más desfavorecidos de la ciudad, donde también se estaban practicando registros. Nada más bajar del coche y ver a los efectivos en la puerta del hogar de sus padres, exclamó: “En vez de coger a [Mustafa] Aberchán [líder de Coalición Por Melilla] o a [Juan José] Imbroda [presidente del PP en Melilla], ¿nos cogen a nosotros? Nosotros estamos aquí en la calle, nada más, y les aconsejamos a los vecinos por el voto. Pero los que compran, los que pagan por los votos son ellos, ¡y a ellos no los cogen!”.

La escena refleja solo una parte de la compleja estructura sobre la que pivotaba la trama de fraude en el voto por correo desmantelada por la Policía Nacional y que, según fuentes judiciales, tenía un modus operandi distinto a los delitos electorales cometidos en la ciudad en comicios anteriores. Entre los 10 detenidos no solo hay personas humildes o pequeños delincuentes, en su mayoría dedicados al trapicheo de hachís, sino también un cargo público y familiares de dirigentes políticos. Cada uno con funciones distintas en una red que tenía como objetivo la compraventa de miles de votos para las elecciones que se celebran el domingo al partido que mejor pagara por ellos, según detallan fuentes cercanas a la investigación. Las pesquisas policiales apuntan a que, de los 11.707 sufragios solicitados por correo, cerca de 10.000 estaban bajo el control de la trama, mientras que poco más de un 10% de los mismos correspondían a ciudadanos que querían ejercer su derecho.

Las pesquisas salpican de pleno a Coalición por Melilla (CpM), liderado por el que fuera presidente de la ciudad autónoma durante poco más de un año en el periodo 1999-2000, Mustafa Aberchán, tras las detenciones del número tres de la lista de su partido para el 28-M, el actual consejero Mohamed Ahmed Al Lal, y del yerno de Aberchán y el hermano de aquel. Ahmed Al Lal fue investigado en el pasado por sospechas de haber adjudicado ilícitamente una contratación para ampliar un centro de menores durante la pandemia, aunque la causa se sobreseyó. Es el único de los detenidos que pasó a disposición judicial, tras lo que la jueza ordenó su puesta en libertad provisional con la prohibición de abandonar España.

Subasta de votos

El resto de los arrestados son, en su mayoría, pequeños delincuentes que se dedicaban supuestamente a recolectar votos para luego subastarlos entre los partidos. Primero captaban, entre familias vulnerables de la ciudad, a votantes dispuestos a vender su sufragio a cambio de cantidades que oscilaban entre los 50 y los 200 euros. Según detallan fuentes policiales, estos defraudadores se situaban en uno de los escalones más bajos de la trama. Muchos de ellos son pequeños traficantes de droga que aprovechaban su conocimiento de las zonas más pobres de la urbe para ofrecer a personas con una precaria situación económica la posibilidad de vender su voto. De hecho, se identificó a uno de los sospechosos durante unas escuchas por venta de estupefacientes. Los investigadores, que lo tenían en el radar por narcotráfico, se toparon con que estaba captando votos a través de su teléfono.

Fuentes policiales apuntan que barrios enteros de Melilla fueron visitados por estos captadores y que algunos vecinos, tras salir a la luz los primeros indicios del escándalo, acudieron a denunciar el intento de compra. A aquellos que aceptaban, los integrantes de la trama les indicaban que tenían que acudir con su DNI a la oficina de Correos en Melilla y solicitar el envío postal a su domicilio de la documentación para votar.

Una vez que esta llegaba a la vivienda, debían avisar de nuevo al miembro de la trama con el que habían llegado al acuerdo para que pasara a recogerla. El envío incluía las papeletas de los nueve partidos que concurren el domingo a las elecciones a la Asamblea de la ciudad. Era en ese momento cuando se les entregaba la cantidad acordada, añaden las fuentes consultadas. En otras ocasiones, sin embargo, la red asaltaba a los carteros que llevaban la documentación electoral para robársela, lo que obligó a la Policía a ponerles escolta.

Con los votos en su poder, los dos integrantes de la trama a los que los investigadores adjudican el supuesto papel de cabecillas y a los que vinculan también con el tráfico de hachís, ofertaban estos votos al mejor postor a través de contactos que tenían en otros partidos. El último paso era introducir en los sobres la papeleta de la formación con la que la trama supuestamente había llegado al acuerdo de compraventa y acudir con ellas a la oficina de Correos a depositarlo antes de que venciera el plazo.

En este último paso ya no era necesaria la presencia de la persona que emitía el voto al no exigirse presentar el DNI. De hecho, en anteriores elecciones se había dado el caso de personas que acudían con un número elevado de votos. Esta última función la realizaban de nuevo personas del escalón más bajo de la trama a cambio de una pequeña retribución. Fue, precisamente, a través de ellos cuando el sistema de fraude comenzó a hacer agua. Según detallan fuentes policiales, la jueza que instruye la causa ordenó a los policías que custodiaban la oficina de Correos que identificaran a todos aquellos que acudieran con más de un voto para proceder, posteriormente, a su citación judicial. El hecho transcendió y los integrantes de este último eslabón dejaron de acudir.

Días después, la decisión de la junta electoral de zona de exigir el documento de identidad a todos los que acudían a emitir su voto (que la Junta Electoral Central extendió al resto de España cuando los sufragios fueran destinados a Melilla) dio la puntilla al sistema. Ambas medidas tuvieron efectos inmediatos: de las 11.707 peticiones de voto por correo, hasta el martes solo se habían entregado 1.882, el 16%, según datos del Ministerio del Interior. La trama que ofertaba 10.000 votos se había derrumbado.