Ante un pedido oficial de información realizado por el Frente Amplio, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) rechazó cualquier tipo de conflicto de intereses en torno a una serie de beneficios tributarios por casi $ 40 millones otorgados a una empresa en la que revistaba el esposo de la ministra Azucena Arbeleche. La cartera defendió la legalidad del proceso, pero bajo el argumento del riesgo de difusión de "información sensible", se negó a entregar el expediente administrativo.

Así se detalla en una respuesta al pedido de informes que la bancada de senadores del Frente Amplio presentó para que esa secretaría informara sobre una resolución emitida por el MEF en agosto del año pasado, en la que se aprobaba la financiación de un proyecto presentado ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) por parte de Lanafil SA. La Diaria daba cuenta en febrero que el gerente general de esa empresa era Juan Alzugaray y estaba casado con la ministra de Economía, según consta en la declaración jurada que Arbeleche había presentado ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

A fines de ese mes la bancada del Frente Amplio cursó el pedido de informes con cuatro preguntas concretas. La primera, si Arbeleche había firmado efectivamente una resolución que declaraba promovida la inversión de Lanafil SA. La respuesta de Economía, a la que accedió El País, confirmó esa decisión.

El informe elevado a la oposición aparece suscrito por el asesor de la Dirección General de Secretaría del Ministerio, Pablo Bazán. Allí se da cuenta de la resolución correspondiente, otorgándole el beneficio a esa firma, al amparo de la Ley de Inversiones y Promoción Industrial.

El Frente Amplio reclamó saber si Arbeleche, antes de firmar esa resolución, le había informado al presidente Luis Lacalle Pou sobre la "existencia del conflicto entre el interés público y su interés personal" en el caso, y si había solicitado por ello "excusarse de actuar" ante la situación. La respuesta del ministerio fue que no hubo ningún conflicto de este tipo, al entender que lo se otorgó fue una "consecuencia directa" de lo previsto en la ley mencionada. "Tratándose de un acto debido impuesto por la ley, correspondía el otorgamiento del beneficio, salvo que por razones de política económica hubiera existido mérito para negarlo", se informó.

Los senadores frenteamplistas consultaron si en el proceso se tomó "algún tipo de recaudo" para "evitar las implicancias" del caso al amparo de lo establecido en la ley que estableció un Código de Ética en la función pública. El artículo 31 de esa norma establece la prohibición, para cualquier funcionario público, de "ejercer su función con relación a las actividades o entidades privadas a las que se encuentren vinculados profesional, laboral o familiarmente” o a través de cualquier tipo de vínculo que “pueda derivar un conflicto entre el interés público y el privado”. Una vez más, Economía sostuvo que, dado que no existió conflicto de interés alguno, tampoco se dudó en concluir que no se darían implicancias de ese tipo.

Finalmente, los legisladores opositores solicitaron acceder al expediente administrativo por el que se declaró promovida la inversión de Lanafil SA. En este punto, el MEF optó por realizar una precisión.

"Las actuaciones del referido expediente involucran datos sensibles de la empresa", apuntó. Los mismos, señala, refieren a patrimonio, datos jurídicos, contables y administrativos que "pueden ser útiles para un competidor". También allí, indica, están incluidos datos personales que requieren consentimiento previo de los involucrados para su difusión. "Asimismo, la difusión de este tipo de datos le implica un celo especial a esta secretaría de Estado a la hora de generar antecedentes que pudieran despertar en futuros inversores la desconfianza en el sistema de promoción de inversiones", agrega.

Al trascender el caso, la representante del Frente Amplio ante la Jutep, Ana Ferraris, solicitó que el organismo analizara el tema y sus posibles implicancias. Consultada por El País este lunes, Ferraris dijo que el tema nunca fue discutido.

La solicitud que había presentado Lanafil SA estaba referida a la realización de obra civil y la adquisición de equipamiento y tres vehículos, dos de ellos eléctricos. La empresa se comprometía a generar indicadores en Descentralización, Tecnologías limpias, Investigación, Desarrollo e Innovación y Diferenciación de Productos y Procesos.

La inversión promovida fue por un total de 6.982.157 unidades indexadas. Lanafil resultó exonerada de tasas y tributos a la importación, incluyendo IVA. Se le otorgó un crédito por IVA incluido por la adquisición en plaza de materiales y servicios destinados a la obra civil y de los bienes muebles destinados al proyecto por 4.829.677 unidades indexadas. A su vez, se la exoneró del pago del Impuesto a la Renta de las Actividades Empresariales (IRAE) por 3.430.334 unidades indexadas, equivalente al 49% de la inversión elegible, aplicable por un plazo de ocho ejercicios.