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El debate de la reforma laboral arranca con alertas sobre el impacto en el desempleo

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Primera ponencia se radicaría hoy. Gerente del Emisor dice que aumentaría la informalidad.

La radicación de la ponencia para primer debate de la reforma laboral deberá esperar un día más. Aunque ayer estaba todo listo para presentarse, finalmente se aplazó para hoy debido a la molestia de algunos partidos como ‘la U’ y los liberales que aseguraron que no se les tuvo en cuenta.
El representante Víctor Salcedo dijo que tienen grandes preocupaciones. “Hay artículos que restringen derechos fundamentales y, por tanto, no pueden tramitarse por ley ordinaria. Por ejemplo, en materia sindical se elimina la democracia, permitiendo que las minorías impongan huelgas a las mayorías que no las quieran”, explicó.
Ante ello, la coordinadora ponente, María Fernanda Carrascal, aseguró que se realizaron 10 mesas de trabajo y que sí se escuchó a todo el mundo. Incluso, que se llegó al consenso en 39 de los 79 artículos del proyecto. “Hemos decidido hacer una última mesa de trabajo de ponentes para llegar a más acuerdos”, señaló.
María Fernanda Carrascal durante la radicación de la ponencia,

María Fernanda Carrascal durante la radicación de la ponencia,

Foto:Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Si bien no hay texto definitivo, puesto que se estuvo ajustando ayer hasta última hora, ya se conocen las primeras impresiones del borrador. Los gremios que se han pronunciado siguen preocupados por los sobrecostos laborales que estos cambios podrían suponer para las empresas.
Ello porque en la propuesta se mantiene el hecho de que la jornada nocturna empiece a las 6 de la tarde y no a las 9 de la noche, como es ahora, o que el recargo dominical suba del 75 al 100 por ciento de una manera gradual. Al igual, permanecen algunos cambios en la tercerización.

“La versión actual genera grandes obstáculos al emprendimiento, las pymes, desincentiva la contratación y afecta el empleo en forma grave”, aseguró Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

“La versión actual genera grandes obstáculos al emprendimiento, las pymes, desincentiva la contratación y afecta el empleo en forma grave”, aseguró Bruce Mac Master, presidente de la Andi.
Sobre el impacto que podría tener en el empleo también se refirió ayer el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, quien aseguró que si bien el proyecto tiene una serie de beneficios para los trabajadores formales, este podría aumentar los costos laborales y, por ende, afectar a la contratación.
“Hay elementos de la reforma que pueden ser positivos, pero es importante que la sociedad y el Congreso tengan conciencia de que estas decisiones no son gratuitas y de que hay un riesgo importante de que este aumento tan fuerte de los costos laborales, y en particular de algunos sectores que dependen del trabajo nocturno, afecte a la contratación y reduzca el empleo”, señaló Villar ayer en una citación en el Congreso.
Leonardo Villar, gerente del Banco de la República.

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República.

Foto:Mauricio Moreno

Estas declaraciones están en línea con el informe del Grupo de Análisis del Mercado Laboral (Gamla), del propio Banco de la República, conocido la semana pasada y que proyectaba que las empresas se verían obligadas a despedir en un escenario intermedio a unos 450.000 de sus empleados formales en un horizonte de entre 3 y 4 años.
“Es difícil decir números definitivos, pero lo cierto es que los estudios sugieren que los impactos pueden ser importantes y que, por lo tanto, tienen que ser tenidos en cuenta en la toma de decisiones. No se debe desconocer que se puede reducir la formalidad e impactar la productividad”, añadió Villar.
Desde la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (Acoset), su presidente Miguel Pérez, también manifestó su preocupación por el impacto que se tendría en el sector que él lidera. “Los altos costos que propone el proyecto desmotivan la contratación del empleo formal flexible, poniendo en riesgo los 600.000 empleos que genera este sector”, dijo.
A pesar de los cambios realizados en la contratación de los domiciliarios como Rappi, el gremio de las aplicaciones Alianza In señaló que la ponencia insiste en que tienen que ser empleados.
“El tema de las plataformas sigue en estado crítico. Aunque hay sobre la mesa una propuesta para formalizar y cubrir con seguridad social a 120.000 repartidores, el Gobierno insiste en que tienen que ser empleados. Se destruirían más de 80.000 trabajos”, alertó su director, José Daniel López.

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