"Está en elaboración". Esa fue la escueta respuesta que, en las últimas horas, la bancada del Partido Nacional en el Senado recibió en torno a un asunto que espera hace meses: la versión del Poder Ejecutivo de un proyecto de ley queponga sobre la mesa una fórmula para reestructurar las deudas de las personas físicas. Ocupado como está en otros desafíos -como el del agua potable en el área metropolitana- en Plaza Independencia no supieron dar una fecha concreta para una definición. Y la demora genera cierto nerviosismo entre los blancos, que esperan esa iniciativa en procura de cambiar un panorama que se presenta complejo y que podría derivar, dicen, en un problema para todo el sistema político.

Cabildo Abierto presentó una una versión de su proyecto para brindar una solución a las personas sobreendeudadas. Entre los nacionalistas el articulado conocido este lunes generó sorpresa y, a partir de una lectura inicial, el convencimiento de que no logrará los acuerdos necesarios para convertirse en ley. Además de resultar "demasiado abarcativo", se señala que amplía el espectro de posibles beneficiarios y, sobre todo, no se limita solo a deudas por consumo sino que pasa a comprender todo tipo de adeudos, incluso con el Estado.

Consultada por El País la senadora Graciela Bianchi, coordinadora de la bancada nacionalista, fue concluyente: el nuevo proyecto es "el mejor ejemplo" de la voluntad anunciadapor Cabildo Abierto de diferenciarse de sus socios en el oficialismo.

Por otra parte, entre los blancos existe un doble convencimiento: ni Cabildo aceptará el proyecto que vaya a enviar el Ministerio de Economía -que se adelanta será mucho más conservador- ni el gobierno aceptará el nuevo texto de los cabildantes. También que, tal como está presentado, los pocos nacionalistas que se habían mostrado dispuestos a apoyar el proyecto original no lo harán con este.

El nuevo proyecto de Cabildo tiene dos elementos diferenciales. Uno es la incorporación del concepto de "deuda justa". Si se aprueba, la deuda a reestructurar será fijada en el capital inicial prestado transformado en unidades indexadas, con un 2% de anual por intereses, multas y recargos. A ese valor se le restará lo que haya pagado el deudor. El otro es el establecimiento de límites máximos a los intereses que se podrán cobrar en futuros préstamos: no podrán superar en cuatro veces la tasa a la que se endeuda el Estado en moneda nacional o en tres veces en moneda extranjera.

La nueva propuesta ya puso en riesgo la única alianza segura que parecía tener Cabildo Abierto en un tema de estas características. "Es invotable" le dijo a El País un senador del Frente Amplio tras un primer análisis. En un juicio que se viene extendiendo en la oposición, los frenteamplistas señalan que el nuevo texto parece haber sido diseñado "con la intención directa de no llegar a ningún tipo de acuerdo".

En diálogo con El País el senador José Carlos Mahía dijo que le llama mucho la atención que, luego de haber llegado a un principio de acuerdo con el Frente Amplio para consensuar un proyecto tomando como base el texto original, se presente ahora esta iniciativa que modifica lo que los propios cabildantes habían presentado previamente "de su puño y letra".

Haciendo referencia las recientes disputas que los liderados por Guido Manini Ríos vienen de mantener con sus socios en el oficialismo, Mahía espera saber si este nuevo proyecto representa la opinión de toda la coalición de gobierno. "Esto tiene mucho más de campaña política que de real intención de buscar una solución para la problemática de miles y miles de deudores", afirmó.

Cabildo Abierto había abierto a mediados del año pasado un "centro de atención" para los deudores. A cargo del diputado Martín Sodano, llegó a recibir a 750 personas que concurrieron a la sede partidaria a plantear sus problemas e inquietudes. Sodano tuvo incluso que concurrir a los efectos a varias localidades de Canelones para atender a gente que no se podía trasladar.

El Frente Amplio cuestionó específicamente el incremento en los montos para que una persona esté legitimada para acceder a la reestructura de su deuda. En la nueva versión del proyecto, Cabildo Abierto busca contemplar a todos los que no tengan un activo inmobiliario con un valor superior a 1,6 millones de unidades indexadadas -unos US$ 200 mil- o que no tenga un vehículo cuyo costo no supere los US$ 20 mil y que no perciba ingresos líquidos superiores a los $ 115 mil mensuales. Montos que, a juicio de la oposición, resultan excesivos y no representan a sectores de la población realmente asfixiados por deudas impagables.

Los cuestionamientos al nuevo proyecto llegan más allá del terreno político. "Me parece un poco ambicioso" le dijo a El País la exjueza Dora Szafir, que llegó a asesor a Cabildo Abierto en la redacción de su iniciativa original. "Lo mejor es enemigo de lo bueno", remarcó.

La exmagistrada entendió que, tal como está redactado, es muy poco probable que este proyecto logre las mayorías necesarias para ser aprobado. Lamentó al respecto la oportunidad perdida de haber acordado, sobre la base del texto anterior, una solución para los miles y miles de personas afectadas por el sobreendeudamiento.

Szafir cuestionó en particular la intención de Cabildo de modificar, a través de un solo artículo aislado, el monto de interés que puede ser considerado usura pero dejando intacto el resto de la ley vigente. Una situación que, advirtió, provocará que ante una misma situación existan diferentes interpretaciones.

Vía Twitter, el economista Javier De Haedo cuestionó por su parte a los proyectos que, como este, terminan por perjudicar a determinados grupos a los que pretenden "defender". Según su visión, la iniciativa tendrá el efecto contrario al que declara, hará reducir la oferta de créditos. "El tiro por la culata", afirmó.

“Esperamos respuesta de los demás partidos para llegar a un consenso que signifique una solución a miles de uruguayos”, reclamó este martes Manini en su audición por Radio Oriental. El líder de Cabildo Abierto aprovechó para cobrar viejas cuentas y recordó que el proyecto original había estado a punto de ser aprobado en el Plenario del Senado el año pasado. A instancias del Poder Ejecutivo, la bancada nacionalista frenó el proceso y e hizo devolver el proyecto a comisión.

Manini volvió a apelar a cifras oficiales: más de un millón de uruguayos con más de dos meses de endeudamiento en el Clearing de Informes y 633 mil deudores considerados "irrecuperables por el Banco Central, según datos del año pasado. El senador adjudicó el origen de esta situación en la vigente ley de tasas de interés de usura, aprobada en 2007. "Una ley de Astori, avalada por Bergara y otros de los más connotados dirigentes frentistas, que permite a financistas y prestamistas prestara intereses que en algún momento llegaron a estar en 200%", afirmó.

El senador apuntó también contra el Pit-Cnt. "Nos hemos preguntado más de una vez qué pasa con los defensores de los trabajadores que dependen de un sueldo", dijo. "La central sindical, que tiene la fuerza para paralizar el país cuando entiende que hay una violación a los derechos de los trabajadores, en todos estos años nunca tuvo la preocupación de defenderlos de estos intereses de usura", lamentó.

Al final, Manini dejó nuevamente una advertencia: de no llegar una respuesta favorable del sistema político a su proyecto, su partido recorrerá los caminos necesario para que "sea el pueblo en las urnas el que decida si realmente quiere establecer los cambios necesarios para, de una vez por todas, atender una realidad que resulta escandalosa".