El Gobierno alcanzó un acuerdo migratorio con Estados Unidos para acoger en España a refugiados de Latinoamérica ofreciéndoles un contrato de trabajo que se adapte a sus aptitudes profesionales. El objetivo es garantizar una migración segura, ordenada y legal de ciudadanos de América Central y del Sur, intentando evitar los desplazamientos irregulares organizados, principalmente, por las mafias. El plan forma parte de uno de los asuntos que tiene previsto abordar el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con su homólogo, Joe Biden, en el encuentro que mantendrán hoy en la Casa Blanca.
El proyecto fue negociado directamente por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. El grupo mantuvo varias conversaciones durante las últimas semanas, indican fuentes conocedoras de las mismas, en las que también participó el Gobierno de Canadá, el tercer Ejecutivo implicado en el programa migratorio.
Contratar personas que necesitan protección puede suplir la escasez de mano de obra en las empresas españolas
El epicentro del acuerdo son los llamados centros regionales que establecerá Estados Unidos y que se ubicarán, de momento, en Colombia y Guatemala. La intención es seguir ampliando las localizaciones por otros países de Latinoamérica. Hasta estos centros, gestionados en colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se desplazará personal del Ministerio de Inclusión. En ellos, los refugiados hispanoamericanos de cualquier país podrán comunicar que desean migrar a España y los funcionarios nacionales podrán ofrecerles una vía laboral para cruzar el Atlántico con un contrato de trabajo cerrado.
Por su parte, las empresas, a las que se conoce como “patrocinadores”, que deseen contratar a estos refugiados podrán plantear sus vacantes y seleccionar a los refugiados. El Consejo de Ministros aprobó hace unos días una iniciativa para que compañías privadas puedan ofrecer contratos de trabajo a personas necesitadas de protección internacional con habilidades profesionales que se ajusten a la escasez de mano de obra.
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Con este itinerario laboral el Gobierno busca incrementar la solidaridad internacional, ofrecer vías legales y seguras de llegar a España y, además, promover la plena inclusión en el mercado de trabajo de las personas que se ven obligadas a abandonar su país de origen por temor a ser perseguidas por cualquier motivo. El Ministerio de Inclusión ha decidido comenzar a ensayar esta línea laboral con los refugiados latinoamericanos por la ventaja que representa compartir el mismo idioma.
El plan nacional de reasentamientos dispone de un cupo de 1.200 refugiados este año. En el 2022 fue el mismo número y se completó, con personas procedentes en su mayoría de Siria, Líbano y Turquía. Con la vía laboral para Latinoamérica esa cifra se ampliará, aunque las fuentes consultadas prefieren en este momento no fijar un número concreto. Dependerá de la acogida del proyecto. Un aspecto importante es que si el refugiado no encuentra una oferta de trabajo apta para sus cualidades profesionales entrará en juego el sistema de acogida y se le aplicará la condición de vulnerabilidad.
España tiene firmados acuerdos migratorios con la República Dominicana (2001), Ecuador (2001), Colombia (2001), Honduras (2021) y Guatemala (2023). Este mismo año, en torno a 2.000 trabajadores estacionales de Latinoamérica llegarán a España a través de estos programas. Además, el Gobierno desarrolló un proyecto para empleados de alta cualificación que permitió la migración a España de 3.700 profesionales de Colombia y países de Centroamérica durante el año pasado.