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El Senado ya aprobó el Plan de Desarrollo y la Cámara lo haría hoy

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Congreso atajó varias reformas que el Gobierno quería introducir a última hora. 

Carlos Arturo García MahechaPeriodista económico
En medio del carrerón legislativo para aprobar en los tiempos establecidos por la ley el Plan Nacional de Desarrollo, el Congreso de la República atajó varias iniciativas polémicas que el gobierno Petro pretendió introducir a última hora en la discusión del proyecto.

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Anoche, el Senado terminó la aprobación del Plan, mientras que la plenaria de la Cámara de Representantes levantó sesión hacia las 10 de la noche, para retomarla hoy.
A pesar del fuerte cabildeo del Ejecutivo, tanto Cámara como Senado negaron varios artículos que habían generado polémica y que eran de autoría o avalados por la Casa de Nariño.
En las dos corporaciones se cayó, por ejemplo, el 353, que pretendía crear una agencia de seguridad digital y que, según varias alertas, podría haberle dado vía libre al Gobierno para vigilar comunicaciones electrónicas de los ciudadanos sin una orden judicial.
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También se hundió en Senado y Cámara el 364, que permitía que toda la cadena de valor del gas natural quedase en manos de unos pocos agentes; así como el 329, que pretendía crear una entidad relacionada con el sector ambiente pero entregaba todo ese proceso, sin mayores definiciones, en manos del Presidente a través de facultades especiales.
Hubo dos temas capitales en esa lista de puntos en los que el Ejecutivo no tuvo éxito. Así, en Senado el Gobierno logró que se aprobara el artículo que concentra en la Adres el pago de las entidades de la Salud a las IPS, que ya había sido aprobado el martes en Cámara.
Sin embargo, no fue un triunfo completo: en esa plenaria el Ministerio de Salud pretendió eliminar un parágrafo que establecía que esos pagos directos solo procedían para las entidades del régimen subsidiado y para las de contributivo que estuvieran en situación de crisis financiera. Al eliminar el parágrafo el pago directo habría cobijado también a las EPS que están cumpliendo su tarea, tal y como lo pretende la polémica reforma de la Salud que el Gobierno ha venido impulsando.
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Tras la intervención de varias voces, como la de la senadora Paloma Valencia, que denunciaban que se estaba colando la reforma de la salud en el PND, el Gobierno y su bancada no tuvieron otra opción que dejar el artículo original que venía de Cámara. Así, la Adres solo se encargará de los pagos de entidades que no estén en capacidad de garantizar su manejo financiero.
Al Gobierno también se le cayó en Senado un polémico artículo que entró a debate a último minuto ayer y que podría haber revivido la expropiación exprés de tierras. Esa nueva propuesta, que fue revelada por EL TIEMPO en pleno debate, pretendía derogar casi en su totalidad el Decreto Ley 902 de 2017, norma utilizada por el gobierno Santos para poner en marcha el Acuerdo en materia de Tierras que se firmó con las Farc.
Según los argumentos dados por Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura, dicho Decreto ha vuelto muy complejos y lentos los trámites “para implementar el punto 1 del Acuerdo de Paz del Teatro Colón, al someter a los sujetos de reforma agraria a procedimientos administrativos que desconocen la situación de la tierra en Colombia y, fundamentalmente, las barreras, obstáculos y limitaciones de la población campesina para el acceso a la tenencia, seguridad jurídica y apoyo para la producción de alimentos y productos para el intercambio, dificultando así su buen vivir”.
(Lea también: Gobierno retira nuevo artículo de expropiación exprés en Plan de Desarrollo).
La propuesta revivía facultades administrativas y eliminaba revisiones judiciales para la adquisición de tierras, incluso si esta se hacía de manera forzada. Apenas minutos después de haberla defendido en plenaria, ante la fuerte discusión que se armó en el Senado por los alcances de la derogatoria, Mojica retiró el artículo y aseguró que volverá a presentar más adelante. En Cámara no se ha debatido.
Otro de lo artículos que demandó buen tiempo de discusión fue el que obliga a los funcionarios públicos a afiliarse a la ARL Positiva, la aseguradora estatal. Según los autores de la iniciativa se estaría obligando a los empleados públicos a afiliarse a una aseguradora que tengan opción de elegir donde quieren estar, pero pese a la discusión, el artículo pasó en las dos corporaciones.
En el Senado, por su parte, se aprobó el 164, que habla de los nuevos proyectos férreos de los sistemas de transporte público de pasajeros cofinanciados. Falta la discusión en Cámara.
(Puede leer: Polémica por artículo del PND que acoge recomendaciones de Comisión de la Verdad).
Otro polémico artículo, que fue aprobado con algunas modificaciones en el Legislativo, fue el relacionado con la financiación de los sistemas de transporte. Al eliminar, por petición de Planeación Nacional la parte que señalaba que se pondría una “sobretasa sobre el impuesto predial unificado liquidado para la sostenibilidad de su sistema de transporte público”, los congresistas aprobaron el resto del artículo 153. No obstante, falta la discusión en Cámara.
En esa corporación se cayó el artículo 218 que planteaba la integración vertical en energía y que le daba vía libre a Ecopetrol para generar electricidad para el sistema nacional, pues actualmente está impedido para hacerlo por ser el dueño mayoritario de ISA.
Tras más de 11 horas de debate, la Cámara levantó la sesión y la convocó para hoy a las 8 de la mañana para votar los 38 artículos pendientes. Cabe destacar que, con el texto de conciliación, tanto los artículos que se cayeron como los que revivieron en solo una de las corporaciones podrían volver a discutirse. Dicha conciliación se llevaría a cabo mañana.

Razones del debate sobre la Comisión de la Verdad

En medio de las votaciones del Plan Nacional de Desarrollo se han dado duros debates, entre ellos por el artículo 8, que el Senado hundió en la sesión del martes y se salvó en la Cámara. Este se titula ‘Implementación de recomendaciones del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad’. Allí se señala que “las entidades del orden nacional sobre las cuales recaigan recomendaciones del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad las acogerán de forma progresiva según su viabilidad, competencias y capacidades. El Departamento Administrativo para la Presidencia de la República definirá los lineamientos, roles y responsabilidades de las entidades competentes”.
La crítica que hacen varios sectores es que hay riesgo de que ese apartado vuelva obligatorias dichas recomendaciones. Por ejemplo, la senadora Cabal, quien hizo la proposición que hundió el artículo, advirtió que sería un peligro que se obligue a sacar la Policía del Ministerio de Defensa.
La excomisionada Martha Ruiz dijo que “las recomendaciones no son vinculantes” y que ellas surgieron “de un proceso de diálogo con el país (...) y están orientadas a consolidar la paz”.
REDACCIÓN ECONOMÍA 

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