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Educación

Universidades públicas: desfinanciadas y con un billonario faltante

La Universidad Nacional tiene nueve sedes, distribuidas en las regiones del país. Es, según varios ‘rankings’ internacionales, una de las mejores instituciones educativas de Colombia y de A. Latina.

La Universidad Nacional tiene nueve sedes, distribuidas en las regiones del país. Es, según varios ‘rankings’ internacionales, una de las mejores instituciones educativas de Colombia y de A. Latina.

Foto:Claudia Rubio / EL TIEMPO

La situación ha estado detrás de los paros de estudiantes, quienes reclaman reformar la Ley 30.

Mateo Chacón OrduzPeriodista de Educación
El anuncio de la semana pasada por parte del Ministerio de Educación de la instalación de una mesa para abordar una reforma a la Ley 30 de 1992 no es gratuito. Es un pedido de estudiantes, profesores, rectores y la comunidad académica en general por lanzar un salvavidas a unas universidades públicas que luchan fuertemente por mantenerse en pie.

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Y es que su situación económica es delicada. Basta con ver, solo por poner un ejemplo, lo que hoy ocurre con la Universidad Pedagógica, cuyas edificaciones están en un lamentable estado, con grietas en sus paredes, techos a punto de caer, entre otras deficiencias de infraestructura.
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Pero eso es solo la punta del iceberg para un sistema que, muchas veces, incluso se ve a gatas para pagar salarios y mantenerse en funcionamiento. No por nada los problemas de financiación, derivados de la Ley 30 de 1992, que establece las transferencias de la Nación a las universidades, fue la causa del gran paro estudiantil de 2018, y ha sido un tema presente en las sucesivas marchas de 2019, 2021 y en las primeras manifestaciones que se ven ya en algunas instituciones del país.

¿Qué tan grande es la crisis?

Para entender este problema, hay que conocer cómo se financian las universidades públicas. De acuerdo con la mencionada Ley 30, el presupuesto que asigna el Estado a las instituciones públicas corresponde al valor del IPC, es decir, a la inflación.
“Esto ha sido un problema, porque los costos universitarios han subido en promedio 5,2 puntos porcentuales más que el IPC”, explicó a este diario Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), la organización que agrupa a las 34 universidades públicas del país.
Esto se explica, entre otras cosas, porque ha habido un crecimiento exponencial en el número de matrículas, lo que ha su vez ha requerido aumentar el personal, la planta docente y otras serie de gastos. La situación ha causado que, de cubrir casi la totalidad de los costos universitarios, hoy los recursos que aporta la Nación, alcaldías y gobernaciones corresponden al 55,25 por ciento. El 44,75 por ciento restante corre por cuenta de las mismas instituciones.
De esta forma, según el SUE, solo del 2011 al 2021 el IPC fue, en promedio, del 3,7 por ciento, lo que significa que cada año este fue el aumento de recursos que recibieron las universidades. Sin embargo, anualmente sus gastos de funcionamiento subieron un 8,8 por ciento, y el de personal, un 9,4 por ciento, unos 5 puntos porcentuales más de lo que recibieron.

Gastos Universidades 31jul by Mateo Chacon on Scribd

Esto se explica por el aumento de estudiantes, que implica mayor número de docentes, nueva y mejor infraestructura, mayor cualificación docente (los profesores con formación doctoral pasaron de ser el 6,2 por ciento en 2004 a ser el 15,5 por ciento en 2021, un aumento del 481 por ciento), lo cual implica salarios más altos.
Adicionalmente, solo en universidades públicas (sin contar otras Instituciones de Educación Superior también estatales que también sufren los estragos de la Ley 30) las matrículas se triplicaron desde 1993 (cuando había 159.216 estudiantes en pregrado) hasta 2022 (que cerró con 669.766 matriculados).
Esto ha llevado también a que desde 2003 las universidades tuvieran que aumentar su infraestructura física de 2’178.000 metros cuadrados a 4’249.234 metros cuadrados.
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Más estudiantes, más profesores y aumentar infraestructura ha requerido que las universidades cubran hoy el 44,75 por ciento de sus gastos de manera autónoma, muchas veces con grandes dificultades, y arrastrando un faltante presupuestal que, acumulado, suma 15 billones de pesos, según cálculos del SUE, siendo 3,5 billones solo para funcionamiento y unos 8,2 para infraestructura.
Para cubrir esto, las instituciones han subsistido por medio de cobro de matrícula, otros servicios e incluso préstamos bancarios, según explica Hami Gómez, vocero de la Organización Colombiana de Estudiantes (OCE).
“Se tienen que conseguir por su cuenta casi la mitad de los recursos que necesitan para cubrir solo sus gastos. Es un problema bastante complejo. En el caso, por ejemplo, de la Universidad Nacional, la mayor parte del presupuesto que entrega el Gobierno Nacional se va solamente para pagar nómina. No alcanza para más, para pagar servicios, mejorar la infraestructura, bastante deficiente, para investigación, bienestar, ni nada más. No se cubren las necesidades de la universidad”, explicó a EL TIEMPO Gómez, quien también fue Representante Estudiantil en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional.
Y agregó: “Las universidades han recurrido a los préstamos, endeudarse, para poder poder aumentar su infraestructura”.
Por su parte, Laura Alzate, presidenta de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees) y representante estudiantil de la Universidad de Caldas, expresó: “Lo que ha generado la Ley 30 para las universidades públicas es un desangre presupuestal, porque nos vienen dando los mismos recursos desde 1993, solo ajustando la inflación. Ahora con más necesidades y con más estudiantes dentro de las universidades públicas del país, esto sencillamente no basta”.
“Nada más en la Universidad de Caldas hoy hacen falta 22.000 millones de pesos para poder cerrar el año presupuestalmente. Esto, claramente, se hace mayor en universidades más grandes como la Nacional, Antioquia, Valle o la Industrial de Santander”, añadió.
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Reforma a la Ley 30, ¿una salida?

La ministra de Educación Aurora Vergara en la instalación de la mesa de reforma a la Ley 30

La ministra de Educación Aurora Vergara en la instalación de la mesa de reforma a la Ley 30

Foto:Ministerio de Educación

Por años, estos reclamos fueron atendidos de diferentes formas. Por ejemplo, tras el paro estudiantil de 2018, se acordó una inyección presupuestal por cuatro años por 4,85 billones de pesos, lo cual mantuvo estable a las universidades en ese periodo. Sin embargo, para la actual vigencia, dichos recursos terminaron.
Ante esta situación, desde el inicio del actual Gobierno, el entonces ministro de Educación Alejandro Gaviria, y su sucesora, Aurora Vergara, insistieron en la necesidad de reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30, los problemáticos en materia de presupuesto.
Sin embargo, tras nueve meses, recién se anunció la apertura de la mesa para estructurar el proyecto de reforma. De acuerdo con Torres, el presidente del SUE, el nuevo cálculo debe hacerse por medio del Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), del Dane, que sí contempla que los costos universitarios suelen sobrepasar el valor del IPC.
“De hecho ya estructuramos un borrador con el que ya están de acuerdo quienes serían los ponentes. Lo que necesitamos es voluntad política”, aseguró el rector.
No obstante, en su momento el exministro Gaviria manifestó que los cálculos propuestos podrían no ser los idóneos y que incluso no serían posibles de cumplir.
Lo que sí es claro, aseguran desde todas las orillas, es que las grandes apuestas del Gobierno en educación superior, incluyendo las contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, no serían posibles si las universidades ni siquiera garantizan su estabilidad financiera, como ocurre ahora.
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Así lo señaló Torres: “Sin reformar la Ley 30 no se pueden dar las reformas en materia de educación superior en Colombia para cumplir los objetivos que se han definido en el Plan Nacional de Desarrollo, como por ejemplo ampliación de cobertura en 500.000 nuevos cupos universitarios. Tampoco se podrá llevar universidades a las regiones, como prometió el presidente en el Catatumbo, Putumayo, el Bajo Cauca, entre otros. Pero también queda en riesgo la calidad de la educación, que no se puede mantener ni mejorar sin los recursos necesarios, que dependen de esta reforma”.
REDACCIÓN EDUCACIÓN
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Mateo Chacón OrduzPeriodista de Educación
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