Tras el veto en Italia, España pone ChatGPT en el punto de mira: investigará a OpenAI

Fue Italia la que levantó la liebre. El pasado 31 de marzo bloqueó con efecto inmediato ChatGPT, porque consideraba que no cumplía con las normas de privacidad europeas. Aunque nadie ha llegado tan lejos como el país transalpino, la decisión provocó un efecto dominó y un debate en la esfera pública sobre la necesidad de regular estas inteligencias artificiales, algo a lo que se han mostrado dispuestos hasta países como China o EEUU. Este jueves, ha sido España la que ha puesto a Open AI en el punto de mira. La Agencia de Protección de Datos Española (AEPD) ha anunciado que investigará de oficio a la fundación de Sam Altam en colaboración con otros socios europeos.

El anuncio de este organismo llega días después de que elevase una petición al comité de protección de datos de la UE, donde solicitaba un estudio pormenorizado y en profundidad de las implicaciones que tenía este software de inteligencia artificial en lo que se refiere a la privacidad y la información personal de los usuarios. Desde la AEPD, se entiende que el procesamiento global puede tener un "impacto significativo" en esta materia y, por tanto, creen que es momento de "decisiones coordinadas a nivel europeo". El asunto se ha tratado en el plenario del comité este jueves, donde se ha decidido establecer un grupo de trabajo a nivel europeo, tal y como ha explicado la AEPD en su comunicado.

Opinión

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Carrera legislativa en todo el mundo

El de España no es, ni mucho menos, el único movimiento. El lanzamiento de ChatGPT a finales del pasado año pilló con el pie cambiado a medio mundo. La plataforma fue la más rápida de la historia en alcanzar los 100 millones de usuarios activos, algo que consiguió tan solo en dos meses. Su éxito obligó a empresas como Microsoft, que se asoció con OpenAI invirtiendo miles de millones en la fundación, Google o Baidu a posicionarse rápidamente.

La carrera tecnológica ahora ha dado pie a una carrera legislativa. Estados Unidos ha habilitado un periodo de dos meses para recoger ideas y propuestas normativas para estas nuevas plataformas. A este lado del Atlántico, Francia y Alemania ya habían abierto estudios al respecto tras la decisión de las autoridades italianas, cuyo movimiento fue la mecha que ha prendido el polvorín legislativo.

Por su parte, la Administración del Ciberespacio, el órgano que se ocupa de estos temas en China, ha presentado una batería de medidas, que incluyen que estos sistemas de inteligencia artificial generativa pasen regularmente controles de seguridad, incluso antes de ser puestos en circulación. Este regulador también pone el acento en la responsabilidad de las compañías para asegurar la legitimidad de los datos con que entrenan sus soluciones. Además, les exige un desarrollo responsable, con medidas que eviten sesgos y discriminación en los algoritmos que diseñen.

Este asunto, el de la transparencia y la información que se utiliza para perfeccionar los modelos de lenguaje que luego sostienen cosas como ChatGPT, ha sido un tema caliente desde el momento en que OpenAI presentó GPT-4 y, a diferencia de anteriores ocasiones, lo hiciese sin desvelar información de ningún tipo sobre cómo lo han preparado. Una decisión que levantó críticas desde diferentes sectores.