El sector progresista del CGPJ maniobra con la Moncloa para forzar al PP a renovar

La parte más cercana al Gobierno del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha puesto en marcha la estrategia final para lograr arrancar al PP una renovación del órgano que se ha retrasado durante demasiado tiempo. El vocal Álvaro Cuesta, exdiputado del PSOE, empujó a lo largo de este jueves a sus compañeros a valorar una dimisión en bloque después de plantear durante la Comisión Permanente su disposición personal a seguir a la vocal Concepción Sáez, cuya intención de dimitir se conoció hace escasas 24 horas. No solo esto. Cuesta y el presidente suplente, Rafael Mozo —otro de los más cercanos al Ejecutivo—, han promovido una reunión de todo su grupo en busca de una posición conjunta que paralice la actividad del Consejo. El primero tiene intención de elevar al pleno del día 30 su iniciativa para implicar a todos los miembros del CGPJ, también los conservadores.

Distintas fuentes consultadas aseguran que el movimiento responde al deseo de la Moncloa, que ha visto en la iniciativa personal de Sáez una opción de empujar a los populares a un acuerdo que se ha ido resistiendo en las distintas intentonas a lo largo de cuatro años. La última de ellas fracasó el pasado octubre, ya con Núñez Feijóo al frente, y parecía condenar al órgano a la interinidad durante lo que queda de legislatura. Sin embargo, no todos los vocales progresistas están de acuerdo con la iniciativa. El encuentro de grupo se planteó en inicio para este mismo viernes, pero ha quedado aplazado en busca de una mayor cohesión. Hay quien discrepa de la iniciativa. "Lo veo complicado", aseguraba anoche uno de los vocales a El Confidencial.

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La baza con la que juegan en esta parte del sector progresista se encuentra en la Ley Orgánica del Poder Judicial. El pleno del Consejo solo puede constituirse si lo integran, al menos, 10 vocales y su presidente. Ahora mismo, en el Consejo hay 17 miembros y siete de ellos son cercanos a la izquierda. Si todos se marcharan a la vez, la parálisis está garantizada. Muchos esperaban que la salida de Carlos Lesmes el pasado octubre provocara algo así, pero el inicio de las conversaciones del PSOE y el PP detuvo entonces el efecto contagio y nuevas renuncias. Después vino la pelea por la renovación del Tribunal Constitucional, que requería de la presencia de los progresistas para garantizar que se produjera. Desde entonces, ya no hay excusas. "Creo que hemos cumplido", describió el propio Cuesta en un mensaje, aseguran las fuentes consultadas.

Lo cierto es que la dimisión de Sáez ha servido de revulsivo, al menos parcialmente. La Moncloa ve en su salida y en el posible contagio a otros vocales un elemento de presión añadido del Gobierno sobre Génova. Fuentes del Ejecutivo retratan al Poder Judicial en un estado de "descomposición" y "descrédito". Esperan que el daño añadido a la dimisión de Lesmes con otra vocal saltando del barco surta "efecto" en el PP y provoque que Génova vuelva a la mesa de negociación. No se muestran, sin embargo, optimistas y estas mismas fuentes critican con resignación que "la irresponsabilidad del PP es infinita".

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Los primeros movimientos en el seno del CGPJ, con la dimisión individual de la vocal progresista, parecían haber dejado impasibles tanto a la Moncloa como a Génova, que permanecen encastilladas en unas posiciones que hacen, en principio, inviable cualquier posibilidad de remedio. Sin contactos desde la ruptura de las negociaciones para la renovación, socialistas y populares optaron por mantenerse al margen de la denuncia y dejar fuera de la agenda política la crisis del órgano de poder de los jueces. Solo el ministro de Presidencia, que lideró las fallidas negociaciones por parte del Gobierno, Félix Bolaños, comentó la dimisión, al ser preguntado este jueves en directo tras saltar la noticia, pero solo para empatizar con el mensaje de la vocal progresista y limitarse a calificar su decisión de "absolutamente legítima e inatacable".

Feijóo, por su parte, ni siquiera hizo alusión a la salida de Sáez cuando fue preguntado por la cuestión durante una atención a medios desde Bruselas. Pese al revuelo interno que podría derivar en una dimisión en bloque para forzar la renovación del órgano, el líder de la oposición reiteró que no tendería la mano al Gobierno con una nueva propuesta, y limitó toda posibilidad de entendimiento a que el Ejecutivo aceptase sus condiciones respecto a la despolitización del órgano. "Nuestra propuesta es conocida y está registrada desde hace meses en las Cortes. Pero el Gobierno no está dispuesto a profesionalizar el CGPJ (...), prefieren el control a la independencia", aseveró. La misma casilla de salida.

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Aunque desde posiciones completamente enfrentadas, una y otra parte coinciden en el diagnóstico de que la crisis del órgano no moverá a PSOE y PP en busca de un acuerdo, menos en plena carrera electoral. Desde el Gobierno, responsabilizan al PP y hablan directamente de descomposición. Es el mismo diagnóstico que hacen en Génova, aunque disparando al flanco contrario. "Es imposible que lleguemos a acuerdos con un Gobierno que nos ha engañado. Lo hemos intentado por todos los medios. Habrá renovación, pero será con este PP y con otro PSOE", asumen.

Otras voces de los populares aseguran que cualquier movimiento relativo a forzar un acercamiento por el CGPJ sería "muy difícil" a dos meses del 28-M. Tampoco creen que sea un asunto que, en el fondo, les pueda generar desgaste. "No le interesa a nadie", resumen. Al margen del alegato de Feijóo, ningún cargo público del PP abundó en el asunto en toda la jornada. Tampoco lo hicieron ministros socialistas, pese a que la situación en el seno del Consejo amenaza con agravarse tras la reunión que este viernes celebrará el sector progresista para valorar una dimisión en bloque. Un llamativo silencio en público, solo roto por Bolaños, que contrasta con la presión que desde el Ejecutivo se hacía hasta hace pocas semanas aprovechando cualquier ocasión. El Gobierno ha preferido poner el foco de la agenda en otros asuntos, principalmente en la invitación del presidente chino, Xi Jinping, a una visita oficial para subrayar el perfil internacional de Pedro Sánchez. Su "importancia en las relaciones internacionales", repitieron varios ministros siguiendo el argumentario.

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Cumplida la prioridad de volcar las mayorías del Tribunal Constitucional hacia el lado progresista, con la designación de los cuatro magistrados que corresponde al Ejecutivo, la Moncloa ha ido dando muestras de haber perdido interés en el CGPJ. Entre la resignación por la imposibilidad de retomar una negociación en plena precampaña y que se trata de un asunto sin réditos electorales. Al menos, con muchos más riesgos que beneficios. La desmovilización producida por la crisis institucional de antes de final de año con la paralización del TC de la reforma del Gobierno, que pretendía acelerar la renovación del propio órgano de garantías constitucionales, sigue pesando. Ahora, con la amenaza de dimisión en bloque, se han retomado las presiones, pero en un plano más secundario.

El mensaje del Ejecutivo viene centrándose desde hace semanas en situar a los populares fuera de la Constitución por su falta de voluntad durante esta legislatura para renovar el órgano, arrastrándolos así fuera de la moderación y los consensos, para situarlos al costado de Vox. El leitmotiv de campaña de los socialistas, el miedo a la "coalición PP-Vox", con el que sí se busca movilizar al electorado socialista y frenar el trasvase de votos hacia la derecha. Un mensaje en el que está cómodo el Ejecutivo y en el que se ha instalado, en detrimento de intentar forzar una negociación que se da por imposible esta legislatura.

El propio Pedro Sánchez, que construyó su discurso en la moción de censura con base en esta dicotomía, se refirió al bloqueo de la renovación para dibujar al PP en posiciones antisistema. "Si hay alguien que no cumple la Constitución es el Partido Popular: 1.565 días faltando a la obligación constitucional de renovar el Consejo General del Poder Judicial", reprochó. "Un bloqueo, señorías, que me gustaría trasladarles a los españoles la gravedad de la situación. Que por primera vez en la historia de nuestra democracia dura más de cuatro años", añadió en su respuesta al líder de Vox, Santiago Abascal.

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La Moncloa y Génova ya esquivaron a principios de este año las presiones de sectores de la judicatura para empujarlas a un acuerdo para la renovación del CGPJ. Diversas fuentes consultadas entonces por este diario hablaban de contactos en privado con ambas formaciones dirigidos a empujarlas a que diesen el paso tras las elecciones autonómicas. Una vez pasado el test de las urnas y coincidiendo con la presidencia de turno de España del Consejo de la UE, al entender que debería asumirse sin el bloqueo en el órgano de gobierno de los jueces, por los estándares europeos. Los cálculos partidistas, con el Gobierno cómodo en utilizar la no renovación para desvestir a Feijóo del traje de hombre de Estado y alejado de la moderación, y el líder del PP preso de presiones internas y externas por no regalar un pacto a Sánchez, acabaron por alejar una nueva intentona.

Al mismo tiempo, tras conseguir el objetivo de cambiar las mayorías en el TC, el Gobierno metió en un cajón su amenaza intermitente de reforma dura del CGPJ para forzar su renovación. Esto es, rebajando las mayorías parlamentarias en la elección de los vocales del CGPJ sin necesidad de contar con el PP.