El Gobierno esconde que habrá que subir IRPF o IVA en tres años para sostener las pensiones

Habrá más reformas para hacer sostenible el sistema de pensiones, habrá que pensar fórmulas alternativas en el corto y medio plazo. Es el mensaje que viene trasladando en privado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que apunta a recurrir al ámbito impositivo, a subidas de IRPF e IVA dentro de tres años, como hacen otros países. Así se lo ha comentado a los Grupos Parlamentarios, según ha podido saber Vozpópuli, un escenario que confirman desde Inclusión.

Sin embargo, la declaración con la que José Luis Escrivá ha abierto la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario que ha aprobado la reforma este jueves ha sido: "Blindamos el poder adquisitivo de todas las pensiones presentes y futuras" de una reforma que quiere abarcar hasta 2050.

Y, preguntado por si contempla recurrir a los Presupuestos para financiar las pensiones, ha dicho: "Es un modelo que existe en otros países como Alemania y Francia, pero pensamos que no es necesario en este momento acudir a una medida de ingresos presupuestarios adicionales".

Dio una pista sobre este asunto Rosa Santos, directora de Relaciones Laborales de CEOE, que declaró este lunes a los medios tras la reunión de los agentes sociales con Inclusión que la patronal ha planteado que en lugar de la subida duplicada de cotizaciones sociales que se ha decidido hubiera "repercusión en otros impuestos más equitativos y redistributivos como IRPF e IVA", pero trasladó que el Gobierno les había dicho que "no daba tiempo a planteamientos" de ese tipo. Es decir, que no se descartaba esta fórmula, pero que en año electoral no ha procedido.

País Vasco y Navarra sí aportarán ahora

Aunque las cotizaciones sociales no son estrictamente un impuesto, en la subida que ha acordado el Gobierno con los sindicatos sí que lo son, ya que a diferencia del mecanismo ortodoxo de las cotizaciones sociales, en el que se obtiene a cambio derecho a pensión, este alza no redunda en una mejor pensión, se paga más por lo mismo, esto es, la cotización social deviene impuesto, y como en los impuestos, los contribuyentes no obtienen nada a cambio.

Sin embargo, una subida de cotizaciones sociales que recae un 80% sobre las empresas y un 20% sobre el trabajador y que avalan los sindicatos, además del recargo de solidaridad, resulta menos impopular que una subida del IRPF o del IVA, que afectaría por completo a asalariados y consumidores y que también pagarían los pensionistas. Eso sí, el alza de cotizaciones será sufragada por todas las empresas y trabajadores, también en País Vasco y Navarra, a diferencia de un incremento del IRPF o del IVA, que los territorios forales no pagarían pero sí se beneficiarían de las pensiones.

Esto se produce cuando el Gobierno acaba de cerrar el nuevo Cupo Vasco, en el que exime al País Vasco de pagar 2.300 millones para costear las pensiones. El Cupo se fija en el entorno de los 1.400 millones, la misma cifra que en la renovación anterior, en 2017, cuando el Estado ha asumido desde entonces 38.284 millones de gastos impropios de la Seguridad Social vía impuestos.

La subida de cotizaciones en el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) era originariamente de 0,6 puntos entre 2023 y 2032 y ahora se amplía a 1,2 puntos, que se van incorporando a razón de una décima por año desde 2024 y que se desplegarán plenamente entre 2029 y 2050. Inclusión estima que recaudará 130.000 millones de euros en 2047, de los que unos 100.000 recaerán sobra las empresas. En 2021, el IRPF recaudó 94.546 millones, y el IVA, 72.498.

Queda elaborar proyecciones

Desde Inclusión también han trasladado que en las próximas semanas se van a dedicar a elaborar nuevas proyecciones de gasto, a lo que también compromete el Plan de Recuperación, que a pesar de haber cerrado el Real Decreto-ley de la reforma todavía no están disponibles.

En privado plantean que sustentan la reforma en un escenario con una tasa de paro inferior al 10% en un futuro no muy lejano. En cuanto a lo salarios, señalan que la proyección es conservadora a PIB constante.

En lo que sí coincide lo que traslada el Gobierno en público y en privado es en que no creen que el PP vaya a realizar grandes cambios si gobierna en las líneas maestras de esta reforma, que de momento ha avalado la Comisión Europea y cuenta con apoyo parlamentario. Perdurará "muchísimos años" porque "está bien hecha", ha dicho Escrivá."No hay alternativa", han retado fuentes de Inclusión, preguntadas por las declaraciones de Juan Bravo, vicesecretario de Economía del Partido Popular, este miércoles, que planteó que cambiarán la reforma, sin más concreción y tras mucha insistencia de los medios.

Desde el Ministerio han trasladado que no sólo se trata de que para hacer modificaciones sustanciales habría que tener mayoría absoluta, sino que han intentado que medidas como las cláusulas de revisión sean atractivas para próximos gobiernos y no se sientan constreñidos, como creen que ocurría con la reforma del PP de 2013.

El control de la AIReF

El control de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la llamada cláusula de cierre, supone que publicará y enviará al Gobierno, desde marzo de 2025 y cada tres años, un informe de evaluación sobre el impacto de las medidas destinadas a fortalecer los ingresos del sistema entre 2022 y 2050.

Si, tras la evaluación de la AIReF, el impacto anual medio de las medidas de ingresos es igual al 1,7% del PIB, el gasto medio bruto en pensiones en el periodo 2022-2050 no podrá superar el 15% del PIB. Si supera ese 1,7%, el gasto no podrá superar el 15% del PIB más la diferencia entre el impacto medio anual estimado de las medidas y el 1,7%. Y si el impacto anual medio de las medidas de ingresos es inferior al 1,7% del PIB, el gasto no podrá superar el 15% del PIB menos la diferencia entre el impacto medio anual estimado de las medidas y el 1,7%.

En caso de que se produzca algún exceso, el Gobierno negociará con los agentes sociales el envío de una propuesta al Pacto de Toledo para corregirlo y enviará un proyecto de ley al Parlamento antes del 30 de septiembre, que entrará en vigor el 1 de enero del año siguiente.

Si la ley con las medidas correctoras no entra en vigor el 1 de enero del año siguiente, la cotización del MEI aumentará para compensar dos décimas partes del exceso estimado por la AIReF y otras dos décimas partes en cada uno de los años siguientes hasta que se adopten nuevas medidas.