La cuestión es habitual dentro del cónclave ministerial. Son varios los departamentos que en los últimos meses están reclamando a Hacienda una suerte de reformulación de la Ley de Desindexación de los contratos públicos, que permita (al menos en algunos casos) la actualización automática de la cuantía de dichos contratos ante el constante incremento de costes provocado por la inflación. 

La alarma ha sonado en los ministerios sobre todo porque, según fuentes del Gobierno, el número de licitaciones públicas que se están quedando desiertas se está disparando en los campos de sanidad, servicios sociales y obras publicas, por citar tres de los más afectados. 

[Las licitaciones desiertas en el sector de la construcción suman casi 900 millones de euros en el último año]

Concretamente, la Confederación Nacional de Construcción (CNC) advirtió hace unos meses que entre octubre de 2021 y septiembre de 2022 quedaron desiertas 1.939 licitaciones públicas por el incremento de costes. Esto impidió el inicio de obras por valor de 883 millones de euros. 

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda se niega a mover ficha, dado el incremento de costes que podría provocar la indexación. Solo ha cedido para introducir variaciones para trasladar el incremento de determinados costes de obra civil a los contratos públicos. Sin embargo, esta medida caduca en marzo. 

Con todo, hay voces en el Ejecutivo que no descartan que la ley de contratos públicos pueda reformarse antes de que lleguen las elecciones, de manera que recoja los incrementos de los costes que afrontan las empresas. Aseguran que la negociación al respecto es "intensa" en el seno del Consejo de Ministros. 

La reforma no es solo exigida por la CEOE y las empresas. También por sindicatos como UGT o Comisiones Obreras. ¿Por qué? Facilitaría la negociación de subidas salariales por convenios o incluso la correcta aplicación de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en muchas empresas que son contratistas de las Administraciones públicas. 

Subida del SMI

Precisamente, empresas y trabajadores están a la espera de que se decida la próxima subida del salario mínimo. Como contó ya EL ESPAÑOL-Invertia, esta cuestión se ha convertido en otro objeto de disputa entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz, vicepresidentas primera y segunda, respectivamente. 

Con todo, Díaz, también ministra de Trabajo, quiere acelerar la aprobación del nuevo SMI. De hecho, anunció este miércoles que convocará "con carácter inmediato" a patronal y sindicatos para abordar la subida SMI, aunque sin precisar la fecha.

Se rumorea que la cita podría celebrarse el viernes o el lunes, de manera que el nuevo SMI se pueda aprobar en el último Consejo de Ministros de enero, que tendrá lugar el próximo martes. 

La gran pregunta es: ¿Cuánto subirá el SMI? Díaz apuesta por empujarlo por encima de los 1.080 euros al mes en 14 pagas (es decir, una subida de más del 8%).

Calviño y el equipo del Ministerio de Asuntos Económicos consideran que, si el objetivo es llegar al 60% del salario medio español (que es el compromiso del Gobierno de coalición para final de legislatura) bastaría con una subida del 4%, o incluso menos.