La 'agenda paralela' de Bruselas enmaraña la negociación de la compra conjunta de gas

Quejas a Bruselas en el grupo de grandes energéticas que asesora a la Comisión Europea, donde participan Naturgy y Repsol, para el diseño de la plataforma de compras conjuntas de gas con que proveerse de este bien de primera necesidad desde 2023 a nivel comunitario ante el cierre del grifo de Rusia.

Varias multinacionales expresaron en la última reunión, celebrada el 16 de diciembre, su "preocupación por la credibilidad" del proyecto de compras conjuntas de gas de las grandes energéticas de la Unión Europea. Las quejas se centraron sobre todo en la "organización de reuniones paralelas de alto nivel con los CEO de algunas grandes energéticas".

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Estos reproches trataron de ser sofocados por los altos cargos de Bruselas que lideran este grupo de consulta, que quisieron dejar claro que solo existe un proceso formal, del que precisamente formaba parte esa misma reunión. Se trata de una reunión de los técnicos de las compañías en el marco de la Plataforma de Energía de la UE.

Estos participantes recelan de la posibilidad de que la Comisión Europea haya llegado ya a un acuerdo preliminar con algunos grandes grupos energéticos europeos para sacar adelante una versión reducida del proyecto de compra conjunta, en el caso de que las reuniones formales no lograran un amplio consenso entre todas las empresas implicadas. Una hipótesis, la del fracaso de la medida, alimentada por las tensiones que afloraron en las primeras reuniones del grupo de trabajo.

La Comisión Europea está poniendo toda su voluntad en sacar adelante esta plataforma para que Europa compre gas de forma conjunta, con el argumento de que el mayor volumen de las adquisiciones permitiría obtener mejores precios.

Reunión Gobierno-UE-sector en Madrid

En este contexto, la directora de Política Energética de la Comisión Europea, la española Cristina Lobillo, participó el miércoles pasado en una reunión celebrada en el Ministerio para la Transición Ecológica junto con la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, y el director general de Política Energética, Manuel García, y varias empresas del sector gasista.

Entre los participantes estuvieron algunas de las grandes utilities, como Endesa, Naturgy, BP o Axpo, además de patronales como Sedigás o ACIE. Previamente, también ese miércoles, los altos cargos del Gobierno de España y de Bruselas tuvieron un encuentro con las patronales de grandes consumidores de gas como Gas Industrial, Acogen, Aspapel, Feique, Ascer o Hyspalit, según fuentes al tanto de la convocatoria.

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En dicha reunión, se trató de que ambas partes (sector y reguladores) pusieran sus propuestas en común para lograr el mejor diseño de esta plataforma de compra conjunta. En el encuentro —que fue presencial, en la sede del ministerio, ubicada en la plaza de San Juan de la Cruz, de Madrid— se repasó la posición en que quedarían los diferentes países, ya que España está mucho menos necesitado que otros como Alemania o Austria, mucho más dependientes del gas ruso.

También se cuestionó la participación de algunos países con grandes empresas públicas en la industria del gas, como pueden ser Engie, Uniper o Enel, y el riesgo que ello implica para la competitividad de la industria. Incluso la directora general de Energía de la UE, Cristina Lobillo, reconoció que la vicepresidenta de la Comisión, Margrethe Vestager, ha expresado su preocupación. Se trata de la máxima autoridad de Competencia a nivel europeo.

Lobillo reconoció que la vicepresidenta de la Comisión, Margrethe Vestager, ha expresado su preocupación por cuestiones de competencia

La propia Lobillo señaló a las energéticas el pasado 16 de diciembre que una presentación de la Dirección General de Competencia describió las condiciones generales y el proceso para que un consorcio sea evaluado como conformes con las reglas de competencia comunitarias.

Bruselas quiere tener lista esta plataforma para abril, cuando habrá que empezar a llenar los almacenamientos de cara al invierno de 2024. Este próximo año, la dificultad será no contar con el gas ruso de Gazprom. La nueva normativa obligará a que esta plataforma llene un 15% de los depósitos subterráneos de seguridad, algo que en algunos países europeos, los más al este, venía haciendo el gigante gasista estatal controlado por Vladímir Putin.

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Otro de los puntos de conflicto son las compras a largo plazo. Las empresas quieren grandes contratos que permitan abaratar precios, pero esto choca en parte con la planificación europea del Repower EU y los objetivos de cero emisiones a 2050.

La vicepresidenta Ribera reconoce la singularidad española y su menor dependencia y necesidad que otros países, pero puso encima de la mesa la obligación de solidaridad para con otros países del Viejo Continente. Esto se expuso después de que se sacara a colación que, dependiendo de cómo se haga el reparto de costes, España podría salir perjudicada.

Las empresas destacaron que esta compra y este mercado no se parecen en nada a los de vacunas o mascarillas que articuló Bruselas durante la pandemia y ahora utiliza de argumento para esta nueva compra conjunta.