El Gobierno renuncia a controlar que las distribuidoras se queden con la bajada del IVA

El Gobierno renuncia a controlar que las distribuidoras se queden con la bajada del IVA a los alimentos básicos. El Ejecutivo no aplicará ninguna sanción a las empresas que aprovechen la medida para aumentar sus márgenes de negocio en lugar de abaratar el precio que paga el consumidor. El seguimiento de la rebaja fiscal recaerá en los ministerios de Industria y Agricultura, pero las fuentes consultadas reconocen que ninguno de ellos tiene capacidad punitiva. El buen funcionamiento de la medida estrella de la Moncloa para luchar contra la inflación dependerá, por tanto, de la buena voluntad de las empresas y, en última instancia, de la actuación ordinaria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

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Una vez más, las palabras del presidente quedan muy matizadas por la letra pequeña que se conoce en los días posteriores. Pedro Sánchez anunció este martes que el Gobierno garantizaría que la rebaja fiscal repercutirá "de forma directa e inmediata" al valor de los comestibles: "Vamos a establecer en este real decreto ley, evidentemente, la obligatoriedad de que se traslade esta reducción a los precios de los alimentos". Al día siguiente, el Ejecutivo lanzó una ofensiva en las radios y televisiones para asegurar que se sancionaría a las empresas que no cumpliesen la norma. Hasta cuatro ministras del área económica reiteraron ese discurso, y la titular de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, llegó a hablar de la creación de un observatorio de precios, que la mayoría de los medios escribieron con mayúscula, como si se tratase de una nueva institución.

El observatorio de precios anunciado por Maroto no implicará la creación de ningún organismo para velar por la correcta aplicación de la rebaja

Sin embargo, el control de la medida no implicará la creación de organismo alguno. Desde el departamento de Maroto aclaran que la ministra se limitó a describir "el espíritu" de la norma, pero aseguran que el Gobierno no puede sancionar a las empresas distribuidoras: "No hay capacidad ni ganas". El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado este miércoles estipula que la rebaja fiscal "beneficiará exclusivamente al consumidor", sin que las compañías se puedan quedar "total o parcialmente" con el descuento para incrementar sus márgenes. "La efectividad de esta medida se verificará mediante un sistema de seguimiento de la evolución de los precios, independientemente de las actuaciones que corresponda realizar a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en el ámbito de sus competencias", concluye.

Las diferentes fuentes del Ejecutivo consultadas coinciden en que este control recaerá en la Secretaría de Estado de Comercio, que forma parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y el Observatorio de la Cadena Alimentaria, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sin embargo, desde el departamento que dirige José Luis Planas matizan que este organismo, en el que están representados consumidores y empresas distribuidoras, ya existe desde hace años, y se limita a hacer informes sin carácter preceptivo. A diferencia de otras normas del escudo social, Hacienda no jugará ningún papel, y tampoco el Ministerio de Consumo que dirige Alberto Garzón. Unidas Podemos se queda, así, fuera del control de una medida que no satisface al ala morada del Ejecutivo.

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Tanto Industria como Agricultura confían en la buena voluntad de las empresas, y aseguran que estas son las primeras interesadas en llevar la rebaja fiscal a los consumidores, ya que, de lo contrario, se arriesgan a perder clientes. "Es un mercado de libre competencia: si una empresa no la traslada, será el propio ciudadano el que elija otra compañía", aseguran desde el ministerio de Maroto. Y fuentes de Agricultura añaden: "Por responsabilidad, no lo van a hacer".

Sin embargo, el ahorro podría pasar desapercibido. El Ejecutivo ha eliminado el IVA superreducido del 4%, que hasta ahora gravaba la leche, los huevos, el pan o la fruta, y ha disminuido del 10% al 5% el que soportaban la pasta y el aceite de oliva. En la mayoría de los casos, esto significará un abaratamiento de unos pocos céntimos que podría diluirse con las tradicionales subidas de precios que acompañan a la llegada de un nuevo año. Gestha, el sindicato de los técnicos de Hacienda, estima que una cesta de productos afectados por la medida que ahora cueste 100 euros será a partir del 1 de enero solo 3,85 euros más barata.

La mayor asociación de distribuidoras: "No podemos ejercer un control de la incidencia de la rebaja fiscal sobre los precios"

Si esto no ocurriese, la única forma de castigar a las empresas responsables sería a través de la resolución de un expediente de la CNMC. La propia vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha advertido de esta posibilidad. Sin embargo, las competencias de este organismo independiente a las que se refiere el BOE se centran en los sectores regulados, como la energía o las telecomunicaciones. El mejor ejemplo es el de la subvención a los combustibles: pese a la sospecha fundada de que las gasolineras se han quedado una parte de los 20 céntimos, la CNMC no ha podido probar que sea así, ni ha impuesto sanciones o abierto expediente alguno para investigar a las empresas.

Fuentes del regulador aseguran que vigilarán el cumplimiento de la norma dentro de su actividad ordinaria, y desarrollarán las acciones que les confiere la ley si detectan que el comportamiento de las distribuidoras atenta contra la competencia: "Tenemos una supervisión continua". De momento no se ha concretado ningún mecanismo especial, y los servicios jurídicos estudian el real decreto publicado este miércoles.

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Así las cosas, todo dependerá de la honestidad de las empresas distribuidoras, que llevaban meses reclamando la medida y ya se han comprometido en un comunicado conjunto a que tendrá "un impacto positivo y directo en el bolsillo de los consumidores". Agricultura estima que las principales asociaciones del sector gozan de capacidad para garantizar el seguimiento, pero fuentes de la Asociación Española de Codificación Comercial (Aecoc), que agrupa a 32.000 compañías de todos los tamaños y es la mayor en este ámbito, rechazan establecer mecanismos propios: "No podemos ejercer un control de la incidencia de la rebaja fiscal sobre los precios". Paradójicamente, esto atentaría contra las leyes de competencia.

De momento, los supermercados trabajan a contrarreloj para actualizar los nuevos valores en sus sistemas informáticos. Sin embargo, esas mismas fuentes descartan que los recibos vayan a indicar de forma explícita el efecto de la rebaja fiscal del Gobierno, como ocurrió con la subvención a los combustibles, ya que implicaría un complejísimo proceso burocrático ante la infinidad de productos afectados.

Los cines ya se lo quedaron

José María Mollinedo, secretario general de Gestha, reconoce que es muy difícil garantizar que las empresas no se queden con los márgenes. Pero no imposible. La Agencia Tributaria puede hacer un seguimiento a través del impuesto de actividades económicas, que refleja los rendimientos que declaran los diferentes eslabones de la cadena de distribución, desde el agricultor hasta el punto de venta. Sin embargo, este organismo no participará en la evaluación de la medida. "Es una cuestión de voluntad política", denuncia Mollinedo. Y señala un antecedente preocupante: la rebaja del IVA a los cines del 21% al 10%.

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Pese a que el ministro de Cultura de la época, José Guirao, llegó a amenazar a los exhibidores y distribuidores con revertir la medida si no abarataban las entradas, estas son hoy mucho más caras que cuando entró en vigor, en 2018. Las salas se quedaron con el 58% de aquella rebaja y subieron sus tarifas casi un 9% al abrigo de una política pública bien intencionada, pero de efectos contraproducentes. No es una excepción: este estudio de los profesores Youssef Benzarti, Dorian Carloni, Jarkko Harju y Tuomas Kosonen sobre las variaciones fiscales en los países de la Unión Europea entre 1996 y 2015 corroboró que, cuando el IVA sube, se traslada velozmente a los precios, pero no ocurre lo mismo cuando se recorta.

Ya lo advirtió en su día la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz: "Bajar el IVA en un país donde gran parte de los alimentos básicos ya tiene el IVA hiperreducido solo beneficia a una parte, las grandes distribuidoras, que no harán más que ensanchar sus márgenes empresariales". Ocurra o no, lo que está claro es que al Gobierno le cogerá con las manos atadas. "No hay ninguna arma punitiva para multar", concluyen fuentes del Ejecutivo.