"Una piedra en el camino". Así resume para EL ESPAÑOL-Invertia Javier Marquina, abogado y economista socio del despacho PradaGayoso, este obstáculo con el que se están encontrando las compañías en problemas y los bancos a la hora de poner en marcha los planes de reestructuración al amparo de la última reforma de la ley concursal.

La misma introduce un marco de reestructuración preventiva con el objetivo de que las empresas que detecten que pueden tener un problema financiero lo resuelvan cuanto antes y no se vean abocadas a terminar en un concurso de acreedores. Estos planes de reestructuración pueden incluir aplazamientos del pago de la deuda, fraccionamientos o quitas de algunas cantidades, entre otras opciones.

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A la hora de llevar a cabo uno de estos planes, la norma establece que, si estos afectan a un crédito ICO, los bancos, como acreedores, necesitarán una autorización de la Agencia Tributaria para aceptar las condiciones de la reestructuración. En concreto, la ley dice que la autorización deberá proceder del Departamento de Recaudación de este órgano.

Es condición obligatoria, porque, de no contar con esta autorización, se "determinará el perjuicio del aval en la parte que no hubiera sido ejecutada o, en otro caso, la conservación de los derechos de recuperación y cobranza por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, sin que el contenido del plan o convenio produzca efectos frente al mismo", según recoge la ley. Es decir, que, como explica Marquina, "la entidad financiera no tiene autonomía propia para decidir si ese préstamo puede quedar afectado o no" por el plan de reestructuración.

Obstáculo

Sin embargo, por el momento no está establecido el procedimiento de comunicación entre los bancos y la Agencia Tributaria. Desde este órgano confirman a EL ESPAÑOL-Invertia que aún no se ha concretado el procedimiento para autorizar estas reestructuraciones, por lo que aún será necesario esperar un tiempo.

Y esto plantea un problema, dado que hasta el momento se han realizado 1,19 millones de operaciones al amparo del programa de los créditos ICO y el 90% de las mismas están dirigidas a pymes y autónomos, según se recoge en el último informe de seguimiento de las líneas con avales estatales de la Covid-19, fechado en junio de este año.

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Es decir, que muchas empresas podrían estar en una situación problemática. Cabe recordar que la mayor parte de estos créditos ICO está avalada por el Estado (entre un 70% y un 80%, dependiendo de la tipología de la empresa) y ante el resto responden los bancos.

Esta situación plantea mucha incertidumbre tanto para los bancos como para las propias empresas en problemas. "Las entidades financieras necesitan autorización expresa de la Agencia Tributaria para aceptar esas condiciones porque, de lo contrario, quedarán fuera del plan de reestructuración, lo cual conlleva un escenario de bastante incertidumbre, porque significaría que parte de tus acreedores quedan afectos por un plan de reestructuración con las condiciones que sean y en paralelo tienes una serie de préstamos ICO que no quedan afectados por estas condiciones", explica Marquina.

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Una situación que, según el abogado, podría poner en riesgo la viabilidad de muchas compañías que tengan problemas financieros y quieran resolverlos con una reestructuración preventiva de su deuda. Si esta no se puede llevar a cabo por el problema que existe con las autorizaciones, los problemas financieros persistirán y podrían acabar en inviabilidad, como alertan desde el despacho PradaGayoso. En especial riesgo están las pymes, que tienen menos margen de actuación que las grandes empresas.

"Esa problemática es la que nos estamos encontrando ahora mismo, que no sabemos muy bien cómo se van a coordinar la Agencia Tributaria y las propias entidades financieras", añade el abogado. Y esta situación dura ya más de dos meses, pues la reforma de la ley concursal entró en vigor el pasado 26 de septiembre.

"¿Va a tener la Agencia Tributaria capacidad suficiente para analizar todas las peticiones que se puedan hacer para afectar estos créditos en los procesos de reestructuración? ¿Qué sistema se va a utilizar? ¿Cuál va a ser el órgano competente dentro de la Agencia Tributaria para tomar tales decisiones?", se pregunta el abogado.

Por el momento, la Agencia Tributaria recoge en su web un formulario para que las entidades financieras puedan solicitar esta autorización. "Pero no sabemos más. No sabemos quién lo va a tramitar en la Agencia Tributaria, si va a ser operación por operación o varias a la vez", lamenta el abogado.

Qué se puede hacer

Desde el despacho proponen que se establezca una interlocución directa entre las entidades financieras y la Agencia Tributaria o que, al menos, exista flexibilidad y no todos los planes de reestructuración de los créditos ICO tengan que pasar por este órgano.

"Quizás se podría plantear un sistema en el que, dependiendo del importe del crédito, no fuera necesaria la autorización expresa de la Agencia Tributaria, sino que valiera con el criterio propio de la entidad financiera, que ya tiene departamentos de análisis de riesgos que van a analizar de manera muy severa las condiciones del plan de reestructuración", apunta Marquina.

Para ello podría acometerse un cambio legislativo, pero se traduciría en un trámite muy largo y las empresas con problemas financieros no tienen más tiempo. Y es que, como concluye Marquina, "el problema es qué va a pasar con esas empresas por el camino hasta que se pueda dar una mayor seguridad jurídica".