Unai Sordo (líder de CCOO) y Pepe Álvarez (de UGT) junto a Pedro Sánchez.

Unai Sordo (líder de CCOO) y Pepe Álvarez (de UGT) junto a Pedro Sánchez. Europa Press

Política REFORMA DE SEDICIÓN

El nuevo delito de "desórdenes públicos" excluirá a los piquetes tal y como piden CCOO y UGT

Tanto PSOE como Unidas Podemos han sido presionados en esa dirección y presentarán enmiendas, aunque aún negocian si de manera conjunta. 

9 diciembre, 2022 02:09
Diego Rodríguez Veiga Luis Casal

El Gobierno va a enmendar su propia reforma del Código Penal con la que planea derogar el delito de sedición y crear uno nuevo de "desórdenes públicos agravados". Lo hará después de que Pedro Sánchez haya estado recibiendo críticas en privado de los principales sindicatos, como UGT o CCOO, que le han alertado sobre los riesgos de este cambio legal.

Según trasladan fuentes de Moncloa, el PSOE presentará este viernes, antes de que acabe el plazo a las 18.00 horas, varias enmiendas en el Congreso de los Diputados para dejar fuera del nuevo tipo penal de "desórdenes públicos" a las movilizaciones sindicales, como son las huelgas y, sobre todo, los llamados piquetes informativos.

Además, fuentes parlamentarias aseguran que desde Unidas Podemos se está trabajando en una línea similar tras recibir, asimismo, un toque de atención por parte de otras entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Los morados quieren ir más lejos, con el fin de evitar que el nuevo delito sirva para sancionar los escraches.

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El pasado 11 de noviembre, PSOE y Unidas Podemos presentaron de manera conjunta una proposición de ley para derogar el delito de sedición, tal y como había pedido ERC a cambio de apoyar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, muchas plataformas y sindicatos advirtieron inmediatamente de que el cambio legal podría perjudicarles.

Estas entidades creen que sus actividades podrían ser sancionadas con el nuevo delito de "desórdenes agravados" que quedará tipificado en el artículo 577 del Código Penal, según el cual serán castigados con penas de prisión de seis meses a tres años los que "actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación sobre las personas o las cosas; u obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas, o invadiendo instalaciones o edificios".

Además de transmitir su preocupación en privado al Gobierno, CCOO llegó a publicar un manifiesto en el que asegura que la "nueva tipificación y agravamiento podría implicar restricciones en el libre ejercicio de las actividades que, con reconocimiento constitucional, se llevan a cabo por los sindicatos y otros movimientos sociales".

"Ejemplo de ello es la incorporación al tipo penal de los actos de intimidación ambiental y sobre las cosas, la mayor penalización de la ocupación simbólica de espacios, o la ambigüedad sobre las posibles interpretaciones del nuevo concepto de 'multitud' respecto a las concentraciones o manifestaciones legales, algo que les genera inquietud", añadía el sindicato en el comunicado.

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PSOE y UP negocian

Tanto el PSOE como Unidas Podemos están apurando al máximo el plazo para presentar enmiendas, que vence a las 18.00 horas de este viernes, mientras ultiman los detalles de las correcciones que presentarán. Pero los equipos jurídicos de cada partido, según trasladan, lo han estado haciendo por separado.

Sin embargo, de manera paralela, ambos partidos están negociando para ver si algunas de dichas enmiendas las pueden presentar de manera conjunta, de la misma forma que registraron la proposición de ley.

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Aunque descartan un enfrentamiento directo entre las dos formaciones, las fuentes hablan de que sus intereses no coinciden punto por punto. Y aclaran que el escenario más probable es que algunas enmiendas se presenten de manera conjunta y otras por individual.

Es a esta misma ley, que busca reformar el Código Penal, a la que ERC va a presentar otra enmienda para rebajar el delito de malversación. Fuentes del grupo confederal aseguran que ellos no están trabajando en una enmienda para reformar la malversación, pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya se ha abierto a ello, por lo que será una realidad.