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El 'lobby' eléctrico europeo: "El Gobierno español está destrozando el mercado y si otros le siguen se agravará la crisis"

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El secretario general de Eurelectric explica a EL MUNDO su protesta ante la Comisión Europea

La comisaria europea Kadri Simson y la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera
La comisaria europea Kadri Simson y la vicepresidenta tercera, Teresa RiberaREUTERS

El Gobierno español tiene ahora como enemigo en Bruselas no ya a las eléctricas españolas, sino europeas. El más poderoso lobby del sector en la UE, Eurelectric, pide a la Comisión Europea que actúe y su secretario general, Kristian Ruby, explica a EL MUNDO por qué. «El planteamiento del Gobierno español es peligroso porque está destrozando el mercado eléctrico europeo y aumentando la demanda de gas. Si otros países hacen lo mismo, se agravará la crisis», asegura este ejecutivo danés. Se refiere al conjunto de medidas tomadas por el Ejecutivo: desde el nuevo impuesto a las intervenciones en el mercado y el llamado mecanismo ibérico.

Es él mismo quien firma la carta de protesta ante la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, «en nombre de Eurelectric» por la actuación de, entre otros, el Gobierno español. Preside la asociación el presidente del grupo alemán E.ON, Leonhard Birnbaum, y forman parte Electricité de France, la portuguesa Edp, la italiana Enel o la española Iberdrola, entre otras grandes empresas.

Según la asociación, Eurelectric representa a hasta 3.500 compañías eléctricas de toda Europa. En nombre de todas ellas, Ruby sostiene que lo que está haciendo el Gobierno español no debe ser aceptado por la Comisión Europea.

El secretario general de Eurelectric, Kristian Ruby
El secretario general de Eurelectric, Kristian RubyMUNDO

«Como asociación del sector, nuestro papel es alertar a los responsables políticos cuando hacen algo que perjudica al sector o a la sociedad en general. Ahora mismo, el Gobierno español está haciendo ambas cosas». «Intervenciones en el mercado como el mecanismo ibérico es perjudicial tanto para España como para la UE» sostiene. Tanto el Gobierno español como el portugués aseguran que está generando ahorro real en las facturas, pero en línea con Eurelectric, el ministro de Economía alemán, Robert Habeck, declaró en EL MUNDO este jueves que «ha elevado el consumo de gas en España un 70%».

EL IMPUESTO ESPAÑOL

El problema, según Eurelectric, va más allá de la situación en España y es que no está habiendo una respuesta coordinada a la crisis y algunos gobiernos como el de España, pero también el de Polonia o Bélgica, actúan por su cuenta sin respetar las reglas europeas. «El mercado interior de la electricidad ha aportado miles de millones de euros en beneficios a la sociedad europea. Ahora hay riesgo de que esa aportación se deshaga, porque los gobiernos de algunos Estados miembros están actuando por su cuenta en lugar de presentar una respuesta europea unificada a la crisis».

Un ejemplo, para Ruby es la iniciativa fiscal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre los llamados «beneficios caídos del cielo» de las empresas energéticas. «El impuesto español sobre las empresas energéticas no está bien diseñado. En esencia, está gravando doblemente a las empresas eléctricas, pues ya están sujetas a toda una serie de otras medidas fiscales. De este modo, el Gobierno español está dando una ventaja más a las empresas de combustibles fósiles. Esto es perjudicial para la transición energética y va en contra de la legislación europea», sostiene en línea con Iberdrola y Endesa y en contra de Repsol, entre otras.

Eurelectric recalca que esta inestabilidad regulatoria se produce cuando la Unión Europea quiere atraer inversiones para acelerar la transición energética y reducir la dependencia de Rusia. Según la carta remitida a Simson, si ésta no pone orden «se seguirá minando la confianza de los inversores justo en el momento en que más se necesita y podría tener consecuencias negativas para la seguridad del suministro y el consumo de gas».

Eurelectric incluye a España entre los ejemplos de países en que «las autoridades ya han ampliado, o están planeando ampliar, la interpretación de los beneficios inesperados para las tecnologías inframarginales más allá de lo establecido en el Reglamento europeo, y por lo tanto corren el riesgo de imponer un tope a supuestos ingresos que no se han realizado realmente».

La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, defiende hasta ahora las medidas tomadas en el sector y las considera acordes con la legalidad europea.

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