Montero ignoró un informe del Gobierno de Page que alertaba de la rebaja de penas

Irene Montero sigue obcecada en que la mejor defensa es un buen ataque. Desde que hace una semana se desatase la polémica de la ley del solo sí es sí, tras conocerse la rebaja de condena a violadores, no ha hecho la más mínima autocrítica. Lejos de asumir responsabilidades, ha repartido culpas. La ministra de Igualdad no solo emprendió una cacería contra los jueces, sino que ha sido tajante al señalar que “nadie, ni el resto de ministerios implicados, ni el Consejo Fiscal, ni el Consejo de Estado, ni el CGPJ, advirtió de las posibles revisiones de las penas por los cambios introducidos”.

Estas declaraciones en una entrevista en la Cadena SER fueron puntualizadas por la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, que afirmó que había alertado personalmente a Montero de las “lagunas” de su proyecto estrella durante una reunión que mantuvieron el 2 de noviembre del año pasado. Hasta aquí, dos versiones incompatibles. ¿Pero quién dice la verdad? Según un informe al que ha tenido acceso El Confidencial, quedaría probado que desde el Gobierno de Emiliano García-Page se entregó al Ministerio de Igualdad un documento en el que se alertaba claramente de que con la nueva norma se reducirían las penas.

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El texto de siete páginas se titula Cuestiones a plantear sobre la Ley de Libertad Sexual y en el punto dos ya aborda el apartado de “reducción de las penas”. En concreto, se recoge que “la eliminación de la distinción entre abuso sexual y agresión sexual ha supuesto que gran parte de los delitos tipificados en el Código Penal relativos a la violencia sexual hayan visto disminuidas sus penas”. El dosier le fue enviado por la jefa de gabinete de la responsable de Igualdad de Castilla-La Mancha a su homóloga en el ministerio, Amanda Meyer, un día después del encuentro entre Montero y Fernández, donde abordaron estos aspectos. El intercambio se produjo vía WhatsApp el 3 de noviembre en un ambiente de colaboración.

[Consulte aquí el documento completo de la Consejería de Igualdad de Castilla-La Mancha]

El aviso, que el paso del tiempo ha demostrado que fue ignorado por Montero y su equipo, va más allá y recoge el ejemplo del artículo 179 del Código Penal que regula que “cuando la agresión sexual consista en acceso carnal, por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la prisión de cuatro a 12 años [anteriormente, la pena era de seis a 12 años]”. Con su lectura, queda claro que se alertó de que habría delincuentes que se verían favorecidos con el redactado de la Ley de Libertad Sexual.

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No solamente se puso el acento en las penas, sino que se plantearon otras dudas con el objetivo de que se pudieran subsanar antes de la aprobación definitiva. Es el caso de la financiación. El Ejecutivo de García-Page expuso que la ley no recoge quién es la Administración pública que debe financiar los servicios, ni tampoco el compromiso de aportación/financiación por parte de la Administración general del Estado, aunque descarga sobre las comunidades autónomas los servicios de asistencia integral que marca el artículo 34.

Los centros 24 horas de atención a las víctimas dependerían de las administraciones regionales, tanto en el caso de los menores como de las mujeres explotadas sexualmente, por lo que se exponen cuestiones sin resolver en el proyecto estrella de Montero. ¿Cómo se pretende poner en marcha este servicio? ¿De qué manera está prevista su financiación?, son algunas de las preguntas que se trasladan en el citado documento. Otro de los puntos que la experta de la Consejería de Igualdad de Castilla-La Mancha marcó en rojo son las “sustanciales diferencias entre las ayudas” para las víctimas recogidas en la Ley de Violencia de Género y las reguladas en la de libertad sexual, que generarían “un agravio comparativo” del que también se previno a Montero.

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Concretamente, en la página 6 del documento que se les remitió, que aclara: “La concesión de ayudas a víctimas de violencias sexuales no está supeditada a las especiales dificultades para obtener un empleo de la mujer víctima. Concediéndose las ayudas a cualquier mujer víctima de violencia sexual. Hecho que no ocurre con las ayudas para las víctimas de VG (Ley 1/2004), que deben presentar especiales dificultades para encontrar un empleo, condición acreditada por el Servicio Público de Empleo”. Además, se alerta de que “estas ayudas son compatibles con otras ayudas del Estado como la RAI y el IMV, situación que no se produce para las ayudas sociales derivadas de la Ley 1/2004, por esa condición de baja empleabilidad de las mujeres víctimas”.

La ministra de Igualdad no tomó en consideración este análisis pormenorizado de los fallos de la ley, pese a que venía de una colega de un Ejecutivo del PSOE. García-Page ha pedido que se subsanen los errores. También lo han planteado ministras como María Jesús Montero o Pilar Alegría, pero finalmente no se hará nada. Pedro Sánchez ha dado la orden de rebajar la crítica. Necesita aprobar esta semana los presupuestos con los votos de Podemos y Montero no cederá en el redactado de su proyecto de legislatura. Moncloa se encomienda a la circular de la Fiscalía General del Estado y a la doctrina que marque el Tribunal Supremo para frenar el goteo de rebajas de penas. Sánchez ha blindado a la ministra de Igualdad, pese a que hay evidencias de que no dice la verdad.