El Gobierno forzó una votación parlamentaria el pasado martes de una proposición de ley para establecer «gravámenes temporales» a las energéticas y la banca, pese a que sabía desde, al menos, cuatro días antes, que era papel mojado al no ajustarse a lo que marcaba Bruselas.
Según un documento al que ha tenido acceso EL MUNDO preparado "para el Consejo Extraordinario de los ministros de Energía de la UE del día 9" -incluida la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera- la Comisión Europea ya se decantaba por un tipo de impuesto muy diferente centrado en los beneficios y no en los ingresos como lograron aprobar PSOE y Podemos.
El planteado en el documento y que ya avisaba a los ministros de lo que plantearía días después la comunicación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, decía claramente que lo que apoya es «una contribución a la solidaridad» pero no sobre las ventas, sino «utilizando como base los beneficios antes de impuestos ya calculados a efectos nacionales. Las empresas y las autoridades nacionales están familiarizadas con estas normas y procedimientos».
Sin embargo, lo votado el martes fue la toma en consideración de un impuesto bajo forma de «prestación patrimonial» gravando el 1,2% a las ventas de las grandes energéticas y del 4,8% a las comisiones e intereses netos de la banca. Con estos impuestos temporales y extraordinarios en los ejercicios fiscales 2022 y 2023, el Estado espera recaudar 7.000 millones de euros.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, admitió ya este jueves, casi una semana después del documento de la Comisión, que se plegará «a lo que plantee la UE» y que, por tanto, «ajustará» la figura tributaria votada en el Parlamento. Ella misma lo calificó de «impuesto». Así lo expresó en el programa Espejo Público de Antena 3 dejando en el limbo el contenido de la proposición de ley de su partido.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo un paréntesis este jueves en sus ataques a las energéticas y la banca y, por el contrario, se mostró cálido con el presidente del BBVA, Carlos Torres, y su cúpula en la sede de la entidad financiera. Sánchez aceptó inaugurar la segunda edición del Foro para la Sostenibilidad del banco y se presentó como «aliado del sector privado» en el proceso de transición energética. «Quiero dar la enhorabuena al consejo de administración de BBVA por hacer de la sostenibilidad el centro de vuestras prioridades», llegó a decir en contraste con su retórica de estos meses calificando a la banca de «poder oscuro» que quiere hacer quebrar al Gobierno.
Torres deslizó que «la regulación y las políticas públicas deben aportar la estabilidad y la confianza que los inversores necesitan, junto a unos incentivos adecuados». Sánchez eludió mencionar los nuevos impuestos y se mostró de acuerdo: «Es importante dar estabilidad jurídica a los inversores. Creo humildemente que es lo que hemos hecho desde 2018».
Sí reivindicó que «Ursula Von der Leyen ha hecho suyos muchos de los postulados del Gobierno». Entre ellos, el concepto de aumentar la presión fiscal sobre el sector energético por sus beneficios extraordinarios. Esa victoria conceptual que ha conseguido el Gobierno en Bruselas sirvió a Montero para reprochar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que está «atrapado» y se ha visto obligado «a cambiar de posición» sobre este tributo.
La irrupción en escena de la Comisión Europea ha obligado a Gobierno y oposición a confluir sobre el nuevo gravamen. El Gobierno tiene que modificar su planteamiento de impuesto sobre las ventas de las energéticas y va a tener difícil mantener el de la banca, que no contempla la Comisión Europea y, en todo caso, nunca sobre los ingresos por comisiones bancarias como se aprobó el martes en el Parlamento.
En cuanto al PP, abraza ahora el concepto de gravar beneficios defendido desde 2020 por Podemos, pero siempre en la forma que acuerde la UE, según ha declarado Feijóo y «siempre que sirva para aliviar las facturas de los consumidores». Es decir, con carácter finalista y no para la caja del Estado.
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