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A través de tres resoluciones reveladas, la creg anunció las primeras medidas con las que buscará reducir los precios de la energía
La semana pasada, el presidente Petro afirmó que se intervendría a la Comisión Reguladora de Energía y Gas (Creg) debido al alza en los precios de servicios públicos como el de la energía eléctrica, que subió más de 25,9% para agosto, según el Dane.
Tan solo cinco días después del anuncio del mandatario, LR conoció que la Creg emitió tres resoluciones en las cuales se anuncian medidas que caerán, principalmente, sobre los comercializadores y consumidores del servicio eléctrico.
A partir del próximo mes, según los documentos, los comercializadores (empresas prestadoras del servicio), cuyo peso en el precio del recibo de la luz es de 11%, según MinHacienda, solo podrán presentar un Porcentaje de Variación Mensual (PV) menor o igual al Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual se ubicó en 10,84% para el mes de agosto según el Dane.
Hasta septiembre, esta variación de los comercializadores solía tener un tope en el Índice de Precios al Productor (IPP), cuyo crecimiento fue de 30,02% para agosto. Esta cifra, alta en comparación con la del IPC, se debe a la inflación mundial y las distintas crisis por las que atraviesa el comercio.
“La Creg le apunta a la dirección acertada, pues este es un tema en el que se debe trabajar mancomunadamente en pro de construir y no de manera individual, dividiendo”.
“Los grandes beneficiados serán los comercializadores y los usuarios, pues además de los topes, también se abre la posibilidad de admitir plazos para el pago de sus obligaciones”.
Por otro lado, según Hemberth Suárez, experto en la regulación de energéticos y socio fundador de OGE Legal Services, los comercializadores de energía tenían como piso (mínimo) un incremento de 0,6% en el cobro de valores acumulados para reducir el impacto que causó el covid-19 en la economía.
“O dicho de otra forma, el recibo del servicio de la energía sí o sí tenía que aumentar un 0,6% como mínimo. Ahora, con las resoluciones, su valor mínimo puede ser solo 0%”, dijo.
Los cambios en su factura
Suponga que el recibo de la luz de cualquier colombiano promedio llegaba hace un año sobre los $100.000 mensuales. De estos, según el ministerio de Hacienda, $37.000 corresponderían a lo que se le debe reconocer el costo que representa la generación de la energía.
Una vez producida, el transporte de esta representa 38%. Es decir, de esos $100.000 por los que le llega su recibo de septiembre, $38.000 son para la transmisión y distribución del servicio. Este rubro, en pocas palabras, es llevar la energía desde el sitio en el que se produce hasta las cabeceras municipales y de allí a las casas de los consumidores.
El cambio que supone estas resoluciones de la Creg aparecen en el punto de la comercialización del servicio. Pues, allí las empresas encargadas de esto, con EPM, Codensa y Enel entre las más conocidas, y cuya proporción en los $100.000 representa $11.000, podrían comenzar a dejar congelada esta tarifa.
Sin estas resoluciones, para octubre de este año el precio habría aumentado, como mínimo, en $792, por lo que la factura (en su costo neto) habría llegado por $100.792. Sin embargo, con la situación que se viene dando actualmente y con aumentos de 25,9%, pues el techo era el IPP, que en agosto llegó a 30,02% anual, la factura, fácilmente, le pudo haber llegado por un máximo de $139.626.
Con las nuevas reglamentaciones, las empresas anteriormente nombradas podrán no hacer un incremento (que antes era obligatorio al menos en 0,6%) y, en caso de querer o deber hacerlo, este no podría superar la última cifra conocida del IPC, la cual se trazó en 10,84% para agosto de este año.
Por último, en cuanto a las pérdidas y las restricciones, que compensan las deficiencias presentes en la cadena de suministro, estas representan un total de $14.000 sobre dichos $100.000.
Vale la pena aclarar que todo esto es con base al promedio nacional pues, tal como lo expuso el viceministro técnico de Hacienda, Gonzalo Hernández, estas varían respecto a la zona del país.
El caso de la zona caribe
Una de las problemáticas del aumento del precio identificadas por expertos como Alejandro Lucio, director de Optima Consultores y Tomás González, exministro de Minas, son las ineficiencias operativas en la costa caribe.
En esa zona del país, en contraste con el promedio nacional, las restricciones y las pérdidas pasan de representar los $14.000 ya dichos, a cerca de $30.000.
Es por esta razón que tanto en la costa como en el resto del país se podría seguir presentando aumentos en la tarifa de la luz.
Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda y Crédito Público, dijo que es un problema con el que los costeños “no pueden solos” y es obligación de los colombianos y del Gobierno Nacional “echarse al hombro” también parte de este problema.
De acuerdo con el Gobierno, las medidas incluyen visitas a termoeléctricas, monitoreos semanales y posibles incentivos al usuario
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