En la tarde del pasado lunes, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, se lanzó en TVE a apoyar el anuncio de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de intervenir en el mercado eléctrico europeo y reivindicó -con fundamento- que el Gobierno español fue pionero al reclamarlo desde hace un año. Pero también se vino arriba y pronosticó que Von de Leyen necesitará «una medida probablemente parecida a esa excepción ibérica que venimos aplicando desde el mes de junio en España y Portugal para que el precio del gas no distorsione de forma tan terrible el de la electricidad».
Tres días después, reunida a puerta cerrada con los portavoces de los grupos parlamentarios, Ribera admitió, según testigos consultados, que el tope ibérico no era replicable en la UE. ¿Qué ha pasado en tan pocos días? Un demoledor informe de los técnicos de la Comisión Europea, al que ha tenido acceso EL MUNDO y que en su anexo 1 presenta la medida de España y Portugal como costosa, contraproducente e incluso arriesgada y no la ven válida para la UE. «No recomendamos esta opción», afirman. «Aunque ha conseguido una cierta rebaja para los consumidores ibéricos y podría lograrla también a nivel europeo (...) usa recursos públicos y conduce a un incremento muy significativo del consumo de gas para generar electricidad». Calcula que, si la UE la secunda, elevaría el consumo de gas en, al menos, el 10%, y «el uso del gas para la generación de electricidad aumentaría más del doble». Lo contrario del ahorro que se necesita.
A su juicio, como el tope fomenta el consumo haría falta incluso más suministro de gas que el que recibe la UE actualmente. «Y si esto no es posible dada la limitada capacidad de gas podría poner en riesgo la seguridad del suministro (...) y tener que tomar difíciles decisiones», apunta el documento.
Además, los técnicos recuerdan que los jefes de Estado y de Gobierno piden que cualquier intervención «evite costes presupuestarios desproporcionados». Y ahí el tope ibérico suspende también el examen, en su opinión. «En la primera semana, el coste del mecanismo ibérico fue de 150 millones» y, aunque el Gobierno lo ha diseñado para que lo paguen los consumidores limitando muy mucho la rebaja que reciben, el Estado es el garante último de que el sistema cubra agujeros que se genere, por lo que la Comisión ve alto coste. Además, los 6.200 millones que estimó Bruselas en total que costaría la medida están quedando desfasados por el incremento del precio del gas y por tanto la compensación que se paga a las gasistas por el tope ibérico. Expertos del sector creen que puede ser del doble.
Según el informe comunitario, extender el tope ibérico a la UE «costaría más de 200.000 millones de euros», la más cara de todas las opciones sobre la mesa. Y si tan criticable es el tope ibérico, por qué lo autorizó Bruselas a Pedro Sánchez y António Costa. «Ellos consiguieron primero un acuerdo político en el Consejo Europeo y la Comisión se limitó a ejecutar e intentar que la excepción ibérica alterara lo menos posible el mercado europeo. Aunque fomenta el consumo de gas en la Península, en su caso es menos malo que si se implanta en toda la UE», explican fuentes consultadas en Bruselas.
Y hay otro reproche a extender el tope ibérico, el documento subraya que las exportaciones a países de fuera de la UE subirían un 35%, porque se beneficiarían de la energía subvencionada. En particular Reino Unido -inaceptable tras el Brexit- y la próspera Suiza.
Por cierto, aunque en declaraciones a EL MUNDO el pasado lunes, Ribera tacha de «enfoque partidista y demagógico» criticar el tope ibérico porque exporta energía subvencionada a Francia, los técnicos de Bruselas someten a todas las medidas al examen de «riesgo de exportación de electricidad subsidiada» y piden a los gobiernos de la UE que lo tengan en cuenta a la hora de decidir medidas. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fustigará a Sánchez en el debate del martes en el Senado porque se acerca a ¡500 millones de euros! el gas subvencionado a Francia en sólo tres meses.
¿Qué aconseja el informe? Apunta que lo mejor es -como anuncia Alemania- limitar el precio de los generadores que puedan estar beneficiándose del gas sin usarlo, como las hidroeléctricas y nucleares, y trasladar ese ahorro al consumidor. También aconseja premiar a los clientes que evidencien ahorro energético. Rechazan, eso sí, una intervención total del sistema como piden partidos como Podemos, porque «llevaría al mercado al colapso» y pondría en peligro el suministro.
En cambio, no ven mal orientar el precio del gas que compra la UE, pero eso puede alterar el mercado a grandes compradores de gas licuado como España. El debate en la UE es muy complejo y no ha hecho más que empezar. España ha sido conejillo de Indias de la energía europea, una vez más y su experimento ibérico no es validado en Bruselas.
La efeméride
Se cumplen dos años del acto España Puede en el que Pedro Sánchez se dio un baño de multitudes con los principales empresarios del país, desde Ana Botín e Ignacio Galán a José María Alvarez Pallete o Florentino Pérez que irritó al entonces líder del PP, Pablo Casado. «Qué ciegos están. Ya vendrán cuándo caiga más la acción», llegaron a decir en Génova a este diario sobre los del Ibex. Sánchez posaba entonces con las élites, incluidas las energéticas, y repitió con ellos el inicio del curso político en 2021 bajo el lema Por una Recuperación Justa. Pero ahora reniega de «los poderosos» y dice que «la derecha va de la mano de los grandes grupos energéticos». Por su parte, si no con la mano con el dedo ha impuesto en dos energéticas del Ibex -de presunta mayoría privada- a amigos como los exministros Beatriz Corredor, José Blanco o José Montilla.
El personaje
Absolutamente condenable el intento de asesinato de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, pero la lógica conmoción no deber evitar que la Justicia siga su curso con los graves delitos que se imputan a la mandataria. El fiscal Diego Luciani pide doce años de cárcel e inhabilitación perpetua por haber montado entre 2003 y 2015 «una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se haya desarrollado en el país». Considera acreditadas al menos 50 adjudicaciones a una empresa amiga del matrimonio Kirchner e investiga también más lazos con una saga empresarial argentina vieja conocida de Repsol, los Eskenazi. Éstos, por su parte, siguen investigados en Nueva York por su participación en la expropiación de YPF a Repsol en la que, según la investigación estadounidense, CFK «no sólo buscó una argentinización de YPF, sino una kirchnerización».
Para seguir
El canciller alemán, Olaf Scholz, anunció este domingo un gigantesco tercer plan para mitigar los efectos de la inflación valorado en 65.000 millones de euros. Además de prorrogar las bonificaciones en el transporte y otras medidas, el Gobierno de coalición alemán introduce una primera intervención en el mercado energético limitando los beneficios de las empresas energéticas que no usan gas para aliviar así la factura de los consumidores. El ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, señala que no es lo que recomendó Pedro Sánchez al socialdemócrata Scholz el lunes en el Palacio de Meseberg: «No hay impuesto sobre los beneficios excesivos, sino una intervención en las reglas del mercado, porque en la actualidad conducen a beneficios paradójicos (la eólica no debe pagarse como si fuera gas). No hay nada de fiscalidad en la medida».
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