El endeudamiento del Estado volvió a marcar otro récord en junio, hasta alcanzar la cifra de 1,47 billones de euros, según los datos publicados esta semana por el Banco de España.

Repartida esa cantidad entre los 18,7 millones de hogares que hay en este país, según el INE, esa deuda supera los 78.600 euros por familia.

Para poner en contexto la cifra, basta con pensar que la hipoteca media en España es de 127.107 euros, así que la deuda pública que soportan los hogares españoles -sin saberlo en muchos casos- equivale a más del 60% del crédito más importante que suelen pedir los ciudadanos a lo largo de su vida: la hipoteca. 

En un entorno de incertidumbre como el actual, en el que la reducción de compras de deuda soberana por el BCE va a forzar a rebajar el apalancamiento de los Estados, son muchos los economistas que advierten que estos volúmenes de deuda se acabarán rebajando con más impuestos. Esa presión tributaria afectará a los hogares si no se opta por acometer un ajuste del gasto público.

El propio Banco de España alertó hace ya casi un año de que la mayor presión fiscal que se espera para financiar la pandemia y la herencia de la crisis anterior repercutirán en el consumo de los hogares.

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Un consumo que ya se está viendo afectado por la alta inflación. Los datos que maneja BBVA Research a partir de su estimación de renta disponible del segundo trimestre apuntan a que para tener la misma capacidad de compra que hace un año, los hogares necesitarían 78.000 millones de euros más este año.

En lo que llevamos de 2022, la inflación media alcanza el 8,9% en los siete primeros meses del año. El IPC cerró julio en el 10,8% y organismos como Funcas esperan que también en agosto, la inflación cierre por encima del 10%.

Dentro de esa subida generalizada de los precios, la inflación supera los dos dígitos en muchos de los artículos básicos de la cesta de la compra, como el pan, los huevos, la leche la carne, el aceite o las frutas.

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Este encarecimiento del coste de la vida no se ha visto compensado por los salarios, que en 2022 han subido un 2,5%, cuatro veces menos que el coste de la vida.

De 2020 a 2022

La fuerte subida de los precios arrancó en 2021. Ese año cerró con una inflación media del 3,08%, después de que en 2020 las dificultades de la economía por el shock de la pandemia hicieran que los precios cerraran en terreno negativo (-2,5%).

Desde 2019 (año anterior a la Covid-19) hasta abril de 2022 el aumento del coste anual de la vida para las familias había sido de 3.170 euros, según publicó este periódico. Pero eso fue antes de que el IPC tocara los dos dígitos.

Con estos datos, España se ha colocado como la gran economía del euro que más padece los efectos de la inflación, de acuerdo con Eurostat. 

Con la inflación de la zona euro en niveles nunca vistos en la unión monetaria, el Banco Central Europeo (BCE) ya ha lanzado el mensaje de que en septiembre podría producirse otra subida de tipos de 0,5 puntos.

Esta nueva coyuntura para los costes de financiación afectará a la partida de intereses de deuda que asume el Estado español cada año en sus Presupuestos. 

Menos deuda sobre PIB

Pese a que el dato de deuda pública de junio es un récord histórico en volumen, no lo es en términos de ratio de deuda sobre PIB, puesto que se colocó en el 116,8%.

De hecho, es la primera vez desde septiembre de 2020 que la deuda pública bajó del 117%. Es un dato positivo en términos macroeconómicos, pero a nivel particular no rebaja la factura bruta de los contribuyentes.

Además, con un objetivo de déficit del 5% para este año, seguirá siendo necesario recurrir a la deuda pública para financiar el gasto de las Administraciones y la Seguridad Social.

En el Programa de Estabilidad que el Gobierno envió a la Comisión Europea en abril se comprometió a reducir la ratio de deuda hasta el 115,2% del PIB a cierre de este año. Una promesa que el Ejecutivo está en disposición de cumplir, según explicó el pasado martes el Ministerio de Asuntos Económicos.

Sin embargo, sigue siendo una cifra muy lejana al objetivo de estabilidad del 60%. Un umbral que, a falta de un crecimiento potente del PIB, solo se podrá conseguir con más impuestos o con un recorte de gasto público que también afectaría a los españoles.