Las implicaciones que tendría una tributaria gradual que busca $12,5 billones al año

Funcionarios que ya han sido designados en sus nuevos cargos para asumir desde el 7 de agosto como José Antonio Ocampo (en Ministerio de Hacienda) y Luis Carlos Reyes (en la Dian) no han parado de dar pistas de lo que sería su gestión para el Gobierno de Gustavo Petro una vez asuma la Presidencia. Más allá de lo que se ha dicho que va o no, una de las aclaraciones que se ha hecho es que el recaudo de $50 billones se dará en los cuatro años, por lo que cada año se lograrían $12,5 billones.

Los próximos funcionarios se han enfocado en aclarar la línea por la que esta se va a guiar. La semana pasada en la entrega de su cargo como director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Reyes insistió que si bien aún no hay impuestos totalmente definidos, toda la reforma será “progresiva”. Y además aclaró que, “impuesto o gravamen que no sea progresivo, no va. Son los lineamientos del nuevo gobierno”.

Pero, ¿qué es en realidad una reforma tributaria progresiva? En pocas y simples palabras, es una reforma cuyos impuestos tiene en cuenta los ingresos de cada ciudadano. De esta manera, la población se divide en grupos de acuerdo a su capacidad de tributar y cada uno paga o no su renta de acuerdo a ella.

Si bien la definición se centra en el gravamen al ingreso de las personas naturales, el concepto trasciende a todo el grupo de impuestos. Por ejemplo, en el caso de los planes móviles, la noticia en los últimos días, aseguró que ponerle un impuesto a dicho servicio no iría sobre la senda de la progresividad.

No es por otra razón que la semana pasada Ocampo afirmó que ese es un impuesto que “ya no va”, pues “no tiene sentido” cuando se tiene en cuenta que es un servicio del cual gozan, incluso, el grupo de personas con menos ingresos.

Imponerlo sería afectarlos y, de paso, dificultar el acceso a este servicio. Esto, per se, sería cerrarle la puerta a esas personas al comercio digital, el cual sigue creciendo.

Cuándo se le preguntó a Reyes sobre el impuesto a las bebidas azucaradas, por citar otro ejemplo, su respuesta no sorprendió. Reyes afirmó que con base en lo que se conoce hasta ahora “se debe ver cuál es el impacto social del impuesto” y, para eso, se deberá evaluar cuál es el grupo de colombianos que más lo consume.

“La esencia de todo lo que se va a proponer después del 7 de agosto es eliminar todos los beneficios tributarios que se puedan eliminar”, afirmó Ocampo la semana pasada. Esto, que no solo aplicará para las empresas, también buscará aumentar el gravamen a personas con ingresos mayores a $10 millones.

En entrevista con El Tiempo, Reyes afirmó que hoy en día las personas naturales tienen una renta exenta cercana a 40%. Es decir, alguien que gana $15 millones mensuales tiene derecho a una renta exenta de $6 millones. “Nuestro objetivo es que esta cifra no supere los $4 millones en ningún caso”.

Con una tributación más justa y progresiva tanto en el caso de naturales como jurídicos, también es posible que en algún momento haya una reducción para la tarifa de las empresas, que se encuentra en 35%.
“Para lograr dicho objetivo, se tienen que acabar todos los beneficios para las empresas. No podemos seguir dando exenciones que casi siempre se quedan solo en las empresas más grandes”, dijo Reyes.

Con dicho cambio se espera que cerca de 95% de las empresas comiencen a pagar menos impuestos. Debido a que igualar las tarifas nominales y efectivas, se reduciría la diferencia actual por la tributación heterogénea.