Gobierno y grandes caseros discrepan sobre la manera de sumar 30.000 alquileres sociales

Los grandes caseros presionan para incorporar parte de sus viviendas al parque público. Casi un año y medio después de que el entonces ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, anunciara la intención del Ejecutivo de sumar 30.000 pisos de fondos y empresas arrendadoras a los programas de alquiler social, la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) ha aireado una propuesta en ese sentido. La idea es que el Estado se convierta en arrendatario de las casas para cederlas luego en alojamiento a inquilinos en situaciones de vulnerabilidad. El ministerio no descarta la idea, pero estudia “varias alternativas” y remite al plan estatal de vivienda, que ya permite acuerdos similares con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Alcanzar un consenso no será sencillo porque, además, se trata de otra cuestión en la que las posturas de los socios de Gobierno se encuentran distanciadas. Podemos, que dice que no le han trasladado ninguna propuesta, prefiere otras opciones.

A principios de mes, durante unas jornadas en las que participaba el director general de Vivienda, Francisco Javier Martín, Asval puso sus cartas sobre la mesa. “Se ha presentado ante el ministerio [de Transportes] una iniciativa y la conocéis”, dijo Eduard Mendiluce, vicepresidente de la asociación de propietarios y uno de los hombres fuertes del fondo Blackstone en España, como consejero delegado de Aliseda y Anticipa. El directivo señaló que “respondiendo a la idea de movilizar 30.000 viviendas”, se había trasladado una propuesta basada en el modelo que Irlanda había ensayado durante la pandemia. La idea es que el Estado “paga un alquiler durante 25 años con derecho de subarriendo”.

Fuentes del sector, al tanto de la iniciativa, señalan que los alquileres se ofrecerían “a precios entre un 15% y un 20% por debajo de mercado”. La idea del subarriendo busca salvar un obstáculo: los grandes caseros quieren que quien les pague el alquiler sea el Estado, pero las competencias en vivienda se encuentran mayoritariamente en manos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que podrían obtener la cesión final de esas viviendas para sus programas de alquiler social mediante pactos con la Administración central. “Da seguridad jurídica y la solvencia financiera de las comunidades no es la misma”, explican esas fuentes, que precisan que el ministerio recibió el plan a finales del año pasado. Este contemplaba regularizar situaciones de ocupación: es decir, que en pisos de los grandes propietarios donde viven familias en situación irregular entren en los programas públicos.

Joan Clos, presidente de Asval, confirma que se trata de un asunto recurrente en las reuniones de su organización con Transportes. “Mantenemos abierta una línea de conversación y con cierta periodicidad sale este tema”, señala el exalcalde de Barcelona, antes de enfriar las expectativas: “Hay que negociar y acordar y de momento no se avanza en esta dirección”. “Cuando se nos habló [de sumar 30.000 viviendas al parque de alquiler social] generó ilusión, pero ahora vemos con cierta preocupación que se demora”, añade.

Negociación sin plazo

Transportes tampoco ve cerca el acuerdo. “No hay plazo ni se prevé que sea inminente”, señala una portavoz del departamento. “Se está hablando de diferentes fórmulas, se han propuesto varias opciones y hay varias alternativas abiertas”, explica. Pero en el ministerio no entienden las prisas porque “ya hay instrumentos que permiten la cesión de viviendas a las Administraciones públicas”. El Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, que se aprobó el pasado enero, contempla un programa por el que el Estado sufraga la cesión de viviendas a comunidades o ayuntamientos para alquiler social o asequible. Pero eso no cumple el requisito de los caseros de que los arriendos se firmen con la Administración central. Más consenso hay en la idea de articular cualquier medida a través de un concurso público, lo que permitiría a las empresas interesadas presentarse y salvaría la concurrencia competitiva.

Pero ese no es el único obstáculo. En el Ministerio de Derechos Sociales, encabezado por Ione Belarra y coproponente en esta legislatura de iniciativas de vivienda tan importantes como el proyecto de la futura ley estatal, señalan que no han visto el plan de los grandes caseros. “No nos han trasladado la propuesta”, indican, limitándose a señalar que su opción “es de obligatoriedad”. Es decir, normas que fuercen a los grandes propietarios a destinar parte de sus inmuebles a alquileres sociales. Fuentes del mismo partido, que tampoco conocen la propuesta de Asval, la rechazan de plano: “Supondría financiar a los grandes propietarios el mantenimiento de estas viviendas con fondos públicos”; alegan.

En el sector, donde recuerdan que algunas formaciones (como PP o ERC) han presentado enmiendas a la futura ley estatal de vivienda para fortalecer la colaboración público-privada, responden que su plan “es más barato” que construir un parque de vivienda social. En realidad, ambas ideas no son incompatibles. El plan de 100.000 viviendas que presentó Ábalos, y que ha seguido abrazando el ministerio en la etapa de Raquel Sánchez, incluye 44.000 viviendas de nueva promoción y 56.000 ya construidas. De estas, 15.000 debían salir de la Sareb, el banco malo, que las ha puesto a disposición aunque los convenios firmados hasta la fecha con diferentes comunidades autónomas y Ayuntamientos apenas cubren unos 3.000 inmuebles. Otras 11.000 debían salir de los bancos, que añadieron 1.000 viviendas a la provisión previa del denominado Fondo Social aunque las que se están gestionando siguen por debajo de las 10.000 unidades. Y por último, la partida más generosa y la que más rápidamente podría crecer, son las 30.000 viviendas procedentes de grandes caseros. Pero estas, de momento, siguen a la espera.