El Gobierno conseguirá la próxima semana, con un año de retraso y un paquete de enmiendas sustanciales pactadas con Bildu, la aprobación de la Ley de Memoria Democrática. La norma pretende establecer la «verdad» y hacer «justicia, reconocimiento y reparación» de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura e incluso, por exigencia abertzale, investigar las vulneraciones de derechos humanos cometidos desde la aprobación de la Constitución en 1978 hasta el 31 de diciembre de 1983, cuando Felipe González ocupaba ya la presidencia del Gobierno. La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, aseguró ayer que se ha abierto «un camino para poner en jaque el relato de la Transición».
Con esta ley que el Gobierno quiere tener lista para su entrada en vigor a la vuelta del verano, se condena el franquismo y se establece su ilegalidad así como la de todas las sentencias y sanciones impuestas por motivos ideológicos, o religiosos; se pretende la dignificación y reparación de las víctimas de la guerra y la dictadura con la creación de una comisión de investigación y una fiscalía, y se busca enhebrar un relato histórico que ponga en valor la lucha en defensa de la libertad y la democracia que será de estudio obligatorio en la ESO y en Bachillerato.
El texto que será sometido a la votación del Pleno del Congreso la próxima semana tras el Debate sobre el estado de la Nación, no contará con el apoyo de ERC porque no deroga la ley de Amnistía de 1977. De momento, este grupo se inclina por la abstención.
La ley sí incorpora una disposición adicional pactada con Bildu a cambio de sus votos, en virtud de la cual las investigaciones sobre vulneraciones de derechos humanos se ampliarán también al periodo de la Transición, desde la aprobación de la Constitución hasta finales de 1983. Para ello se creará una comisión técnica de carácter académico integrada por independientes que analizarán los casos de violación de derechos para que también sus víctimas sean reconocidas pero sus trabajos, según precisa el Gobierno, no darán lugar a procesos judiciales.
Para el Ejecutivo esta disposición tiene una trascendencia menor y responde a la posibilidad que existe en los «procesos transicionales» de que se cometan algunas vulneraciones. Más aún, fuentes socialistas hacen hincapié en que se optó por fijar la fecha límite de este periodo en el 31 de diciembre de 1983 y no en 1982 para evitar el reproche de que sólo se sometía a escrutinio la etapa de gobierno de la UCD.
El inicio de los GAL
- Lasa y Zabala. Fue la primera acción atribuida a los GAL. Los dos etarras fueron secuestrados en Francia el 15 de octubre de 1983 y posteriormente torturados, asesinados y enterrados a escondidas.
- Marey y 'Txapela'. Antes de acabar el año hubo otras dos acciones relevantes. El 4 de diciembre fue secuestrado por error Segundo Marey y el 28 de diciembre fue asesinado Mikel Goikoetxea, 'Txapela'.
También aseguran que no ha lugar a volver a investigar la actividad criminal de los GAL porque ya fue juzgada y porque sus víctimas no responden a la definición de luchadores por la libertad y la consolidación de la democracia.
Por el contrario, para Bildu se trata de un punto especialmente relevante. Su portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua, celebró ayer el pacto con el PSOE y recalcó en una entrevista en Hamaika Telebista: «Hemos abierto un camino para poner en jaque el relato de la Transición ejemplar».
La dirigente de la izquierda abertzale hizo un relato triunfalista de su apoyo de última hora a la norma impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Según su visión, la nueva ley «revisará las violaciones de derechos humanos que se produjeron hasta 1983», año en el que comenzaron a atentar los GAL. Defendió que la «estructura franquista» continuó más allá de 1975, año de la muerte de Franco, y dio por hecho que la ley facilitará construir una «memoria inclusiva» para la Izquierda abertzale.
Entre los éxitos de su negociación con Sánchez destacó haber conseguido «declarar ilegales los tribunales franquistas y anular las penas impuestas» por los mismos, además de «sacar a la luz la realidad silenciada que tantas veces se ha negado».
Pese a que la ley intenta ampliar el foco para convertirse como su nombre indica en una norma de memoria «democrática», no se hace en ella alusión alguna al terrorismo de ETA ni a sus víctimas.
Precisamente esta laguna es uno de los argumentos esgrimidos por los grupos de la oposición -PP, Vox y Ciudadanos- para anunciar su voto en contra. Estos partidos acusan al Gobierno de aceptar como «coautora» de la ley y del relato democrático a una formación -EH Bildu- «heredera de los asesinos de ETA».
La oposición mantiene que la ley se aprueba en un momento especialmente inapropiado, coincidiendo con el 25 aniversario del asesinato a manos de ETA del concejal del PP Miguel Ángel Blanco y también del secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, y se hace así, aseguran, porque el Gobierno necesita hacer guiños a sus socios y correr de paso un velo que oculte su propio deterioro.
Lugares simbólicos
- Palacio de la Cumbre. En el acuerdo con Bildu está la cesión de este edificio de San Sebastián, donde fueron torturados y asesinados Lasa y Zabala y que en la actualidad es usado por el Gobierno.
- Fuerte de San Cristóbal. También se cambia el uso de este edificio de Pamplona, que fue utilizado como presidio durante el franquismo y donde ocurrió una matanza de prisioneros en la guerra.
A Felipe González no le "suena bien" el acuerdo con Bildu
El ex presidente del Gobierno Felipe González ha trasladado este martes que no le "suena bien" el pacto del Gobierno con Bildu por el que la nueva Ley de Memoria reconocerá a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos hasta 1983.
Esto incluiría a quienes sufrieron torturas o fueron objeto de la llamada 'guerra sucia' contra ETA durante los cinco años posteriores a la aprobación de la Constitución y podría afectar a los GAL en el primer año de Gobierno de Felipe González, al que llegó en octubre de 1982.
Preguntado acerca de una valoración de este punto de la nueva ley de Memoria Democrática, el exdirigente ha señalado que no ha visto el texto: "Cuando lo vea les diré, pero sonarme, no me suena bien".
En declaraciones a los medios desde Santander, donde participa en un encuentro de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), también ha valorado la situación económica del país, pero ha descartado hablar de recesión por el momento.
"El problema más grave que tenemos sin duda es la inflación, la que ya venía de atrás de la salida de la Covid y que se aceleró por la guerra de Putin y el grado de incertidumbre enorme que está produciendo", ha añadido. En este sentido, el expresidente ha hecho hincapié en que ese es el mayor desafío que España tiene y que lo demás "se puede sobrellevar más". | EUROPA PRESS
Conforme a los criterios de