El colapso en el Supremo obliga a letrados a redactar sentencias

Letrados del Tribunal Supremo redactando sentencias que firman magistrados. Es el escenario en la Sala de lo Contencioso-Administrativo desde hace unas semanas por el colapso que viven, con nueve vacantes de sus 33 plazas, tras la reciente jubilación de dos de sus magistrados, Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez, a la que se añade la de Octavio Herrero tras renunciar a la prórroga de dos años que había anunciado, con lo que estaría bordeando el límite legal para funcionar.

Herrero votó en contra de la admisión a trámite de los recursos contra los indultos del 1-O que la Sección Quinta ha acordado analizar.

Esta Sala, la Tercera, que trata los asuntos que competen al Gobierno y los tributarios, es la que lleva más casos y es la más afectada por el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde diciembre de 2018.

En un momento en el que soportan una "extraordinaria carga de trabajo" por la entrada de una catarata de reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado por mala legislación en las medidas de la pandemia, en lo que se refiere a restricciones de horarios y aforos, cierre de establecimientos, etc.

La Sala tiene cinco secciones. La segunda se dedica a los temas tributarios. En esta segunda sección, con cinco magistrados -Rafael Toledano, José Antonio Montero, Francisco José Navarro Sanchís, Dimitry T. Berberoff e Isaac Merino- en lugar de los siete con los que debe contar, el colapso ha llevado a que en las últimas semanas estén redactando las sentencias los letrados del Supremo, según ha podido saber Vozpópuli. Así consta en los borradores finales de las sentencias, lo que luego se corrige para su publicación oficial en el Centro de Documentación Judicial (Cendoj).

Que los letrados del Tribunal Supremo redacten sentencias que firman magistrados no es una práctica excepcional y puede darse en otras Salas pero en la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso no se hacía desde hace años y se ha vuelto a ello por el colapso que sufren.

En concreto, antes de la reforma del recurso de casación contencioso-administrativo en 2015, en la que se suprimió el límite de 600.000 euros y se habilitó el criterio de interés casacional objetivo.

Mientras no se renueve el CGPJ, no se pueden suplir las vacantes de los magistrados que se jubilan. Cuando se acercaba el bloqueo, el Supremo consiguió renovar la Sala de lo Penal, la Segunda, pero no llegó a tiempo para la de lo Contencioso-Administrativo.

Lo único que cabe hacerse, según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), es plantear alternativas imaginativas como la figura de un juez ambulante entre distintas secciones. O que vuelva un magistrado jubilado. Sólo en este caso, como en el de Manuel Garzón, ya que la norma no permite que se reincorpore un magistrado que se haya ido al sector privado, por ejemplo, Joaquín Huelin, ahora socio de Cuatrecasas. Sin embargo, según ha podido saber Vozpópuli, Garzón no estaría interesado en volver.

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo venía denunciando esta situación al Gobierno, sin éxito. Para afrontar la entrada de los litigios de responsabilidad patrimonial del Estado derivada de medidas covid, en enero solicitó al Ministerio de Justicia que dotase a la Sala de lo Contencioso de una nueva Secretaría, con un letrado/a de la Administración de Justicia y el personal funcionario adecuado, así como la dotación de al menos tres plazas de letrados coordinadores en el Gabinete Técnico del Tribunal para ser provistas por magistrados del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

En abril, la Sala adoptó por unanimidad el acuerdo de reiterar al Ministerio de Justicia la reclamación de medidas y había ofrecido propuestas, además de reunirse en febrero con la ministra, Pilar Llop, encuentro que no fue fructífero.

Las reformas

En junio, ha llegado una propuesta del Ministerio que es bien vista por la Sala. Se van a introducir enmiendas en la Ley de Eficiencia Procesal para que los juzgados puedan suspender causas que presenten identidad jurídica sustancial con recursos pendientes de casación ante el Supremo hasta que el Alto Tribunal se pronuncie.

Asimismo, se atenderán las peticiones de la Sala de dotarse de una nueva Secretaría, con un letrado y se nombrarán tres nuevos letrados en el Gabinete Técnico.

Sin embargo, el problema sigue y el Supremo acaba de volver a denunciarlo. El lunes pasado, se dirigió al CGPJ para solicitarle que transmita al Congreso de los Diputados y al Senado su "honda preocupación" ante la no renovación del órgano de gobierno de los jueces. Ya que esto conlleva la "imposibilidad legal de realizar nombramientos discrecionales", lo que está creando una "situación que, de continuar, será insostenible".

El 15 de junio, el presidente del CGPJ y del TS, Carlos Lesmes, culpó ante la Comisión Europea a PSOE y PP del bloqueo: "La única anomalía democrática que existe hoy en España en relación con el Poder Judicial es la no renovación de los miembros de su órgano de gobierno"

La reforma que el propio Gobierno propició en marzo de 2021 y que impide al órgano de Gobierno de los jueces realizar nombramientos discrecionales está afectando al funcionamiento del Supremo. Ahora mismo, la nueva propuesta gubernamental devuelve al CGPJ la competencia sólo para nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional cuya elección le corresponde. Pero según el texto del Gobierno, el veto al resto de nombramientos discrecionales mientras esté en funciones se mantiene intacto.

El CGPJ iba a debatir esta reforma el jueves pero lo ha aplazado por el fallecimiento de la vocal Victoria Cinto.