El Gobierno incurrió este miércoles en mensajes muy contradictorios después conocer que el Índice de Precios al Consumo (IPC) se disparó un 10,2% en junio, la mayor subida de los últimos 37 años. A la vez que defiende que sus medidas anticrisis están siendo efectivas para contener la inflación, admite por otro lado que no puede parar su escalada.
El presidente, Pedro Sánchez, aseguró en la Cadena Ser que lo que está consiguiendo el Ejecutivo con sus medidas es "evitar que el IPC sea cuatro puntos superior" y, algo más tarde, en el Pleno del Congreso de los Diputados, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, aseguró que las políticas del Gobierno están reduciendo 3,5 puntos de media la inflación de este año, medio punto menos que lo prometido por Sánchez y menos también de lo que ella misma había anunciado la semana pasada.
"Desde el Gobierno hemos venido poniendo medidas que han sido eficaces, están bajando la inflación entre 2 y 3 puntos", destacó el martes pasado en el Senado. Una semana después, el impacto de las medidas en la reducción de la inflación ha pasado de ser de entre 2 y 3 puntos a ser de 3,5 puntos. O de 4, según el presidente. Ninguno de los dos ha explicado cómo han hecho ese cálculo.
Sin embargo, al mismo tiempo que el Ejecutivo vende que está conteniendo la inflación, admite por otro lado que no puede frenarla. "La inflación es un problema internacional que se ha acelerado exponencialmente como consecuencia de la guerra, en efecto, y que lamentablemente no podemos parar", admitía la propia Calviño este miércoles también en el Congreso.
Lo cierto es que los datos adelantados este miércoles por el INE suponen un baño de realidad para el Ejecutivo, que había afirmado que el pico de inflación lo habíamos pasado en marzo (cuando subió un 9,8%) y que no se superaría el 10%. Ahora, pese a las medidas aprobadas, ve cómo los precios siguen subiendo imparables mientras en otro países, como Alemania, las políticas aprobadas sí logran frenar el aumento.
La inflación germana cayó en junio por primera vez desde enero hasta situarse en el 7,6% interanual, frente al 7,9% de mayo, lo que los analistas achacan al impacto que ha tenido el paquete de medidas energéticas aprobado por el Gobierno y que entró en vigor el día 1, que incluye una bajada del billete de transporte público mensual hasta los 9 euros y una reducción del impuesto sobre el combustible.
"Es un buen ejemplo de que actualmente son los gobiernos, no los bancos centrales, los que pueden detener la inflación (...) es un alivio temporal inducido por el gobierno", valoraban los analistas de ING al conocer el dato.
Críticas y peticiones
En España, el Gobierno ha sido diana de muchas críticas tras conocerse el dato adelantado por el INE y que tendrá que confirmar a mediados de julio, dado que se interpreta que las medidas del decreto anticrisis que aprobó en abril -que incluyen la bonificación de 20 céntimos por litro en los combustibles o la subida máxima del 2% en el alquiler- no han sido efectivas.
"CSIF lamenta el último resultado del IPC y la poca eficacia de las medias puestas en marcha hasta el momento para contener la inflación, lo que está provocando el empobrecimiento de miles de familias españolas. Desde nuestro sindicato entendemos que la salida a esta situación no debe ser a costa de los salarios de lo trabajadores, ni del sector privado, ni de nuestras administraciones públicas, que también exigen una actualización", reivindicó el sindicato más representativo del sector público, que pide entre otras cosas un crédito específico para actualizar los sueldos públicos para compensar la subida de los precios que se registre en 2022.
UGT también ha criticado las medidas del Ejecutivo: "Valoramos la orientación de las medidas incorporadas en el último paquete de urgencia, pero consideramos que algunas de ellas serán poco eficaces y se debería haber ido más allá. La situación exige una intervención más directa y rápida en las actividades que están generando las tensiones inflacionistas, y una extensión de las medidas protectoras de las rentas de las clases medias y de las personas más desfavorecidas. Sólo frenando la espiral de aumentos que se está dando en algunas empresas y sectores para elevar sus márgenes de beneficio se logrará reducir el nivel general de precios".
Van más allá y piden incluso que el Gobierno tope por ley el precio de los productos de primera necesidad. "Es necesario que la negociación colectiva extienda el uso de las cláusulas de revisión salarial, que permiten aumentar el salario de los trabajadores y trabajadoras si la inflación es superior a las previsiones existentes cuando se pactó. Además, el sindicato considera fundamental introducir mecanismos de control público ante las subidas de precios en los bienes y servicios básicos, como se ha hecho con la limitación al precio de la bombona de butano".
"Hace unos meses dije que la inflación en España iba a llegar a dos dígitos, ya la tenemos en dos dígitos. Dato muy preocupante que refleja indudablemente que las medidas que tomaron en el mes de abril no sirvieron, me preocupa que la subyacente esté en el 5,5% la inflación se viene disparando", ha valorado Lorenzo Amor, presidente de ATA, la asociación más representativa de los trabajadores autónomos.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, también se ha mostrado crítico con el Ejecutivo: "Los precios llevan subiendo más de un año y el dato de junio constata el fracaso de las políticas erráticas del Gobierno. Debería aplicar por completo el plan económico del PP y pensar más en los ciudadanos y menos en resistir a toda costa".
"Son datos que dejan en mal lugar a la ministra de Economía, que en vez de trabajar sobre sus causas, trabaja con la destitución del presidente del INE", ha dicho por su parte Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso.
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