Ya no hay duda, y sí abundantes pruebas y abrumadores testimonios.
Donald Trump presionó al vicepresidente Mike Pence para que anulara el resultado de las presidenciales pese a que tanto los responsables de la Fiscalía como sus asesores le advirtieron de que la acción era ilegal y el argumento de un supuesto fraude electoral, “una locura”.
Además, el expresidente y los suyos intimidaron, insultaron y amedrentaron a numerosos altos cargos republicanos y empleados electorales de Georgia, Arizona, Michigan y Pensilvania para que alterasen las votaciones y de ese modo impidieran la proclamación de Joe Biden como ganador de la carrera.
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Trump, finalmente, “encendió la llama” del mayor intento de golpe contra la democracia estadounidense al instigar a las hordas que el 6 de enero del 2021 ocuparon el Capitolio con el resultado de nueve muertes. Todo ello ha quedado acreditado en las primeras cuatro audiencias del comité que investiga el 6-E en el Congreso. De ahí que cada vez más fiscales, exfiscales, parlamentarios y juristas defiendan la imputación de Trump por graves delitos penales.
La clave para poder procesar al anterior presidente está en demostrar que sabía lo que hacía. En palabras del exfiscal federal y profesor de Derecho Samuel Buell, “debe demostrarse que sabía que lo que estaba haciendo era incorrecto y no tenía base legal”: algo que tanto el exfiscal general Bill Barr como su propio abogado y presunto cómplice John Eastman le dijeron directamente, según lo declarado en el comité.
Si al final ve elementos para ir a juicio, el fiscal general se verá ante un dilema diabólico entre la ley y la estabilidad
El constitucionalista Erwin Chemerinsky, decano de Derecho en la Universidad de California, Berkeley, era hasta hace poco reticente ante el que sería el primer enjuiciamiento penal de un presidente de EE.UU., porque “inflamaría aún más nuestra ya profundamente polarizada sociedad”. Ahora, sin embargo, Chemerinsky cree que “las audiencias del comité del 6-E han mostrado que el Departamento de Justicia (y Fiscalía General) debe presentar cargos criminales contra Trump”.
En una reciente sentencia para obligar a Eastman a entregar 159 documentos al comité, el juez federal David Carter consideró “más probable que improbable” que el abogado y el propio Trump cometieran los delitos federales de conspiración para defraudar a EE.UU. y obstrucción de un procedimiento del Congreso: dos cargos a los que muchos letrados añaden el de conspiración sediciosa.
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En una de las sesiones de la comisión, la demócrata Zoe Lofgren abrió una nueva línea de incriminación: la pista del dinero relativa a la que llamó “la gran estafa” de Trump con su campaña para crear un fondo destinado a combatir legalmente el supuesto fraude electoral. El fondo “nunca existió”, pero el líder recaudó 250 millones de dólares que desvió tanto a su campaña política no oficial, Save America , como a sus negocios personales, dijo Lofgren.
El fiscal general Merrick Garland tendrá ante sí un dilema diabólico si acaba considerando que, además de pruebas, hay elementos jurídicos para llevar a juicio a Trump: imputarle y evitar un precedente demoledor para el Estado de derecho del país, o desistir de ello para, quizá con invocación legal del interés general como sugieren algunos juristas, sortear el riesgo de un conflicto político y social de consecuencias impredecibles. De momento, Garland se lo está pensando mientras aguarda al fin de la investigación.
Aplazamiento
Una "avalancha de nuevas pruebas" obliga a retrasar las últimas sesiones
El comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021 comunicó este miércoles su decisión de tomarse una pausa en sus audiencias públicas tras su quinta sesión de este jueves. El motivo es la necesidad de dar tiempo para que los nueve integrantes del órgano y sus asistentes dispongan del tiempo necesario para estudiar nuevas imágenes de la invasión y otras pruebas del caso que han ido surgiendo sobre la marcha.
“Estamos hablando con un nuevo documentalista y tenemos que revisar toda su información”, indicó a la prensa el presidente del comité, el demócrata Bennie Thompson. Se refería al documentalista británico Alex Holder, quien el martes tuiteó que había recibido una citación del grupo de investigación del Congreso para que entregara las imágenes que tiene del expresidente Donald Trump antes del asalto a la sede parlamentaria. Holder dijo que el comité le interrogará a puerta cerrada.
Las sesiones del 6-E, que se esperaba que concluyeran la próxima semana, ahora se extenderán hasta julio. El Congreso cesa su actividad ordinaria este viernes para un receso de dos semanas.
“Ha habido una avalancha de nuevas pruebas desde que comenzamos” con las audiencias públicas, dijo el miembro del comité Jamie Raskin, representante demócrata. "Sólo tenemos que recuperar el aliento y revisar la nueva evidencia”.
Añadió Raskin que "el país realmente está comenzando a despertar” en relación con los graves sucesos del 6-E y sus antecedentes. "La gente ve que estamos haciendo una investigación objetiva, bipartidista y seria -señaló en alusión a la composición del órgano, con siete demócratas y dos republicanos-, y que los testigos están dispuestos a presentar hechos”, añadió.- Bloomberg