El Gobierno y la Junta exprimen todos sus recursos públicos con fines electoralistas

Desde hace unas semanas, Elías Bendodo comienza las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Gobierno pidiendo disculpas anticipadas porque no podrá ser muy prolijo en su intervención. La prudencia del portavoz andaluz responde al apercibimiento que le hizo la Junta Electoral de Andalucía después de una denuncia del PSOE sobre el uso partidista de altavoces institucionales. El malagueño, número tres del PP nacional, quiere evitar lo que le pasó a la que era su homóloga en el Gobierno central en la pasada legislatura, Isabel Celaá, que llegó a ser multada por la Junta Electoral Central por hacer campaña en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros. Esto no impide que uno y otro Gobierno hayan tomado medidas de corte electoralista en las últimas semanas, con el plan de empleo del Ejecutivo central como ejemplo más reciente y llamativo.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) establece que los poderes públicos deben cuidarse de tomar parte en unos comicios y sus actuaciones no deben influir, "en ningún caso, en la orientación del voto de los electores". No obstante, fuentes jurídicas indican que sería difícil que prospere un recurso. En primer lugar, porque las limitaciones de la Loreg se circunscriben al periodo electoral, que comienza en la noche del jueves al viernes. Y segundo, porque el uso electoralista de los recursos públicos es casi un clásico en periodos preelectorales, donde se suceden las inauguraciones de obra pública o los anuncios que benefician al votante potencial.

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Los 50 millones de euros que ha presentado este martes Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, para impulsar la empleabilidad en la comunidad más grande de España llegan a solo unas horas del inicio oficial de la campaña. Es cierto que se trata de un plan incluido en los presupuestos generales del Estado para 2022 y que ha habido convocatorias previas. Pero su puesta en marcha a días del 19-J ha escamado a la oposición en Madrid. Sobre todo porque llega de la mano de un Perte de los cuidados, con 800 millones de euros europeos, que también tendrá un impacto relevante en Andalucía.

Fuentes jurídicas consultadas no ven motivo para una sanción. "Si la ayuda se basa en datos objetivos, no hay espacio para ella", aseguran juristas consultados, que agregan que la única posibilidad remota para una acción judicial dependería de que otra comunidad se sienta discriminada y se querelle por el agravio comparativo. En privado, la oposición no duda, sin embargo, en criticar la maniobra. "Inmoral", "vergonzoso", asegura el entorno del PP nacional y de Ciudadanos.

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El delegado del Gobierno en la comunidad, Pedro Fernández, ha ensalzado la llegada de los 50 millones del plan de Empleo, una clásica petición del PSOE en una región que tiene seis puntos más de paro que la media española. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha dado la "bienvenida" al montante que desde el SEPE enviarán al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para intentar atajar esa brecha. No sería lógico criticar la medida en el fondo dentro de una comunidad con el 19,43% de desempleados, según la última EPA. Pero sí ha matizado que 50 millones son pocos para un territorio en el que viven ocho millones y medio de personas y ha comparado el proyecto aprobado este martes con los homólogos en Canarias y Extremadura. En Andalucía, los 50 millones se reparten a razón de 60 euros por habitante, frente a los 190 y 160 euros de Canarias y Extremadura.

Aunque sí aludió a un interés "clarísimamente electoral" por el momento escogido para anunciar la propuesta, no ahondó en críticas al Ejecutivo el mismo día en que su Gobierno aprobó tres ofertas de empleo público (OEP) para estabilizar 9.317 puestos de trabajo en la Administración autonómica. Por medio de tres decretos, el Ejecutivo autonómico traslada al ordenamiento regional la directiva europea que aconseja reducir la temporalidad en el empleo público en España para dejarla por debajo del 8%. Esta norma comunitaria se tradujo en la aprobación, a finales del año pasado, de una ley estatal, impulsada por Miquel Iceta, pero que fue aprobada por María Jesús Montero cuando recibió las competencias en materia de Función Pública. Y de recordar esta particularidad se ha encargado Elías Bendodo en su exposición en la rueda posterior al Consejo de Gobierno.

Los tres decretos contemplan la estabilización de 2.411 plazas en la Administración general de la Junta, 2.960 puestos en el ámbito educativo (la mayoría profesores de Secundaria) y 3.766 plazas en organismos del entramado de entes instrumentales. Estos organismos conforman la llamada 'administración paralela' que PP, Cs y Vox han intentado reducir en estos últimos años. Esto no significa que casi 10.000 empleados públicos vayan a consolidar su plaza de forma automática, ya que la Junta tiene seis meses para articular el proceso y la fórmula será la del concurso oposición o el concurso de méritos. Pero el anuncio a escasas horas de la campaña ha aconsejado esa prudencia que ha aplicado Bendodo en la explicación de la iniciativa para evitar multas como las de Celaá.

Más sueldo para 200.000 funcionarios

Es cierto que la Junta ha aprobado estos tres decretos, relacionados con la función pública, en el último día que la ley estatal daba como plazo. El resto de administraciones públicas lleva semanas publicando un goteo de decretos y convocatorias similares, pero el Gobierno andaluz ha apurado tanto que se ha quedado al filo del 19-J. Pero hay que recordar que, en fechas recientes, el Ejecutivo de PP y Ciudadanos ha aprobado varias medidas que benefician al funcionariado. Y que en Andalucía hay 270.000 empleados públicos de la Junta que conforman un importante caladero de votos.

El propio Juanma Moreno, en un desayuno informativo, aludió a una de esas iniciativas que ha permitido que unos 130.000 profesores vayan a ver su sueldo crecer. Según el acuerdo al que llegaron los sindicatos con la Consejería de Educación, los maestros de Primaria sumarán 145 euros en cada nómina, mientras que los profesores de Secundaria experimentarán un aumento de 165 euros. El pacto, que es plurianual y se extenderá hasta 2025, comienza a funcionar a partir de septiembre, pero se anunció el 25 de abril, es decir, el mismo día en que el presidente de la Junta anunció que convocaba elecciones para el 19 de junio.

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Unos días antes, el 19 de abril, el presidente de la Junta refrendó otro acuerdo que beneficiará a 72.000 trabajadores sanitarios, a los que se les permite el acceso al complemento de carrera profesional. El coste de la medida, según la Consejería de Salud, alcanza los 170 millones de euros anuales, aunque en 2022 la cantidad se reduce a 102, ya que solo se aplicará desde mayo. Este complemento, que ya recibían determinadas categorías del SAS, se extiende a otras como las enfermeras hospitalarias, las matronas y los técnicos de radiología.

De la cautela de Génova a la denuncia de Arrimadas

Frente a la cautela con que ha acogido Juanma Moreno el anuncio económico del Gobierno, en Génova sí cargan más duramente las tintas contra el Ejecutivo de Sánchez y no dudan en incidir sobre el carácter "electoralista" del anuncio presentado por Yolanda Díaz. "Es su pegada de carteles particular", insisten en el equipo de Feijóo, donde atisban que este tipo de propuestas en vísperas de una campaña solo responde a la "desesperación absoluta" de la izquierda por insuflar oxígeno a su marca en Andalucía.

Sin embargo, en el PP no cristaliza la posibilidad de abrir actuaciones legales contra el Gobierno por el uso "partidista" de las instituciones ante la Junta Electoral Central, al entender, primero, que no pueden posicionarse a ojos de la opinión pública en contra de una medida dirigida a reducir la tasa de desempleo en una región que abrirá las urnas en menos de 20 días, y, segundo, por la delicada situación en que colocarían a Juanma Moreno en un momento en que el Gobierno autonómico, igual que Moncloa, sigue haciendo propuestas en plena campaña.

No es la posición de Ciudadanos, desde cuya formación sí presionan con el límite legal de los últimos anuncios del Gobierno a las puertas del 19-J. "Estudiaremos todas las actuaciones legales, sin descartar ninguna, contra este evidente uso partidista de las instituciones al que nos tiene acostumbrados Sánchez", aseguran en el partido naranja, en cuya formación censuran sin cortapisas el "evidente" intento del Gobierno de "comprar votos con dinero público después de que el PSOE se lo haya llevado a manos llenas con 40 años de corrupción en Andalucía".